El nuevo plan del Gobierno condena a España a la cola de Europa en políticas de vivienda
En plena escalada selectiva de los precios de compra y alquiler, el Gobierno ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Se destinan al mismo 1.443 millones de euros, es decir, 360 millones al año de media, un 0,03% del PIB. Si se suma el gasto de las comunidades autónomas asociado al plan, sería un 0,04%. En todo caso, España continúa siendo uno de los países desarrollados con un menor porcentaje de la riqueza destinado a solucionar los problemas ligados a la habitabilidad. En contraste, Reino Unido destina un 1,41%, Francia un 0,83% y Alemania un 0,59%, según datos de la OCDE.
Además, dicho gasto estaría mal enfocado, según varios expertos consultados por eldiario.es. El plan presentado por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que el PP ha celebrado como “el más social de la historia” se centra en las ayudas al alquiler (de hasta 900 euros) para cualquier ciudadano con ingresos menores a menos de tres veces el IPREM (en total 1.613 euros), con mayores ayudas para menores de 35 y mayores de 65, y a la compra para menores de 35 años en municipios de menos de 5.000 habitantes.
Para Fernando Encinar, jefe de estudios de Idealista, “dar dinero directamente” al arrendatario o al comprador “puede calentar los precios”. Su criterio es que debería usarse la inversión pública en alentar que salgan al mercado casas vacías, ya que lo que existe en determinadas zonas es un exceso de demanda frente a la escasez de oferta. También sugiere facilitar el uso de suelo público dotacional por parte de empresas que lo utilicen para construir vivienda social de alquiler.
Por su parte, el investigador y sociólogo de la UNED Javier Gil afirma que “se sigue subvencionando el modelo de la burbuja”, en lugar de revertir la actual tendencia a una subida de precios que en algunas zonas está disparada. “Se da una subvención que al final va a parar a los propietarios”, lamenta. A su juicio, la política de vivienda debe ir por el lado de modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013 y el régimen propicio para las “socimis”, además de promocionar el parque de vivienda social. “En los años sesenta había más vivienda pública que ahora”, señala.
En el mismo sentido, el profesor de la Universidad de Alcalá de Henares Alain Cuenca, ha lamentado que el Gobierno eche “más leña al fuego” del problema del alquiler al fomentar la demanda, no la oferta.
El portavoz del Sindicato de Inquilinos de Barcelona Jaime Palomera recalca por su parte que “del gobierno se espera que garantice el derecho a la vivienda y obedezca al artículo 47 de la Constitución, legislando para garantizar contratos estables y regulando el mercado, modulando precios (como se hace en otros mercados, como el de los los medicamentos). No solo no hace eso sino que alimenta la burbuja con un programa de ayudas y bonificaciones que llegará a una pequeña parte de la población y perjudicará a la mayoría, al estimular la escalada y al no haber límites a los precios de ningún tipo”. Añade que las ayudas a la compra “muestran el claro objetivo de querer reeditar la burbuja hipotecaria que ya sufrimos hace unos años”. “Y el fomento del alquiler que proclaman es un eufemismo para tapar medidas que sólo benefician a la propiedad. Es fomentar que se haga negocio con el alquiler, todo lo contrario de fomentar el derecho a la vivienda mediante un alquiler justo”, añade.
Una financiación que es una “tomadura de pelo”
La diputada de Unidos Podemos y portavoz de Vivienda Lucía Martín considera que la financiación del plan es una “tomadura de pelo”, y que el contenido del plan también es erróneo. “Es un error fomentar políticas de compra”, opina. A su juicio, el Gobierno “entiende la vivienda como un elemento que debe dinamizar el mercado”. “Si no hay cambios en la LAU y en la fiscalidad de las socimis no solo estás precarizando sino que no das la vuelta que se quiere dar”.
La ex ministra de Vivienda y portavoz en este área del PSOE, Beatriz Corredor, hace otra apreciación: el plan “no tiene financiación” y no puede existir sin presupuestos, de dudosa aprobación.
Además, subraya que las comunidades se quejan de que con lo tarde que se saca el plan (llega con 15 meses de retraso), tienen “muy difícil” sacar sus propios decretos y las convocatorias a tiempo de poder ejecutar el presupuesto que les toque. “Y mientras, miles de familias esperando: las ayudas de alquiler son urgentes y deben pagarse a tiempo, pagarlas a sus beneficiarios meses o incluso un año más tarde no sirven para evitar el problema de exclusión o de desamparo”.
En cuanto al contenido del plan, hace hincapié en que las ayudas a la compra solo servirán a jóvenes con capacidad adquisitiva alta que tengan ahorros previos propios o ayuda familiar para pagar la entrada y para obtener la hipoteca. También pone el foco en el problema de la escasa oferta.
“Por muchas ayudas que den...¿en qué pisos van a vivir si no hay oferta de alquiler asequible? Es generar más frustración. Sin cambios en la legislación de alquiler que mejore la oferta, las ayudas a la demanda no solucionan sino que pueden agravar el problema de la alta demanda y de la escalada de precios”.
