El Gobierno dota de más independencia a la CNMV ampliando el mandato del presidente de cuatro a seis años

El Gobierno se ha propuesto dotar de mayor independencia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así, en la nueva ley del mercado de valores, el Ejecutivo ha ampliado el mandato temporal que tendrán los presidentes, vicepresidentes y el consejo del organismo supervisor. Hasta ahora, el responsable de este órgano tiene cuatro años y otros cuatro prorrogables. Ahora, se ampliará a seis años, no prorrogables. Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos señalan que el objetivo es adecuar el modelo al de otros supervisores del mercado en Europa y al que ya se aplica para los gobernadores del Banco de España.

De este modo, el Ministerio considera que se da mayor independencia del Gobierno a los responsables del supervisor, al desacompasar su mandato con los tiempos de una legislatura tradicional. Esta reforma se ha incluido en el proyecto de ley que el Consejo de Ministros ha aprobado este lunes y que ahora deberá llevarse al Congreso para su tramitación parlamentaria. Se incluye otro cambio formal para la CNMV. Hasta ahora, una decisión de sanción por parte del organismo supervisor contemplaba un recurso de alzada por parte del sancionado ante el propio Ministerio. Ahora desaparece, permitiendo que el afectado pueda ir directamente a la vía contencioso-administrativa del sistema judicial.

El cambio regulatorio llega en un momento en el que la CNMV ha marcado su perfil propio frente al Estado en la crisis que vive el consejo de administración de Indra. La semana pasada, la SEPI, junto con otros dos accionistas entre los que se encuentra el principal inversor del grupo Prisa, tomaron el control del consejo de la compañía tecnológica y se cesó a cinco consejeros independientes. La CNMV reconoció que se trata de un movimiento “preocupante” y que siembra dudas sobre la gobernanza de una empresa del Ibex 35.

El proyecto de ley busca, según fuentes del Ministerio, que se amplíen las herramientas de protección de los inversores. Así, entre otros aspectos, se ha incluido a las SPAC en la ley y se ha preparado el terreno para crear un régimen sancionador para los abusos en criptomonedas, toda vez que exista una nueva regulación comunitaria.

En lo que se refiere a los criptoactivos, lo que hace la nueva norma es allanar el camino para que la CNMV pueda aplicar el régimen sancionador en cuanto se apruebe a nivel europeo. La Comisión Europea trabaja en un nuevo reglamento comunitario para establecer controles y sanciones frente al mercado de criptoactivos, especialmente las criptomonedas. Esta norma todavía se encuentra en tramitación, por lo que hace la ley española aprobada en el Consejo de Ministros, y que debe llegar ahora al Congreso para su tramitación parlamentaria, es evitar que el Gobierno tenga que realizar un nuevo trámite administrativo para que se apliquen estas sanciones. Así, una vez se apruebe en Bruselas, la CNMV podrá aplicar el régimen sancionador.

Esta nueva regulación europea, conocida como MICA, está llamada a dotar de un marco regulado a la comercialización de criptomonedas y demás activos de esta naturaleza, como los NFT, dotando de mayor protección para los inversores. La norma todavía no está aprobada pero se han conocido los borradores previos, a la espera de su redacción final. En estos documentos previos, se incluyen ciertas obligaciones como la necesidad de publicar, por parte de los emisores, de un libro blanco en el que se incluyan las características y los riesgos de estos productos. Además, se obliga a estos emisores a ser transparentes con los inversores, evitando comunicaciones o mensajes engañosos. Las sanciones, según estos documentos previos, pueden situarse en el 3% de los ingresos o de hasta, al menos, 5 millones de euros.

Una vez que esta norma se apruebe, se incorporará a la legislación española el régimen sancionador de manera automática, según han detallado fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos.

Otra de las grandes novedades para este nuevo proyecto de ley es el de la inclusión en la ley de las SPAC. Este vehículo ha vivido un auge en los últimos años en la Bolsa de EEUU, y en menor medida en Europa, aunque los reguladores han comenzado a estrechar el cerco por la posible indefensión de los inversores minoristas. Se trata de sociedades que salen a Bolsa con el objetivo de captar dinero para dedicarlo a adquisiciones. La empresa adquirida toma la plaza de esta sociedad en el mercado, aligerando el modelo de salida a cotizar tradicional en el mercado.

Las citadas fuentes del Ministerio señalan que el objetivo del proyecto de ley ha estado centrado en proteger a los inversores minoristas y no tanto en facilitar la viabilidad de estas sociedades. Entre otras cuestiones, se incluye un método más ágil para que los inversores puedan desvincularse de estas sociedades. Cabe señalar que la fama de las SPAC ya se encuentra de capa caída en EEUU y en España no se ha llegado a concretar ninguna de estas operaciones. Sí ha habido empresas españolas que han salido a cotizar mediante una SPAC en EEUU.

Desde el Ministerio se ha explicado que con la nueva ley del mercado de valores se rebajan determinadas gestiones administrativas y las tasas a abonar por parte de las empresas que decidan emitir bonos en el Mercado de Renta Fija. Así, se quiere reducir la dependencia bancaria de la financiación de las sociedades, dotando de herramientas alternativas.

Otros cambios son más formales y técnicos. Es el caso de que las obligaciones de la ley de opas que se aplican para las empresas cotizadas sean de obligado cumplimiento también para aquellas que operan en el llamado mercado secundario, conocido actualmente como BME Growth.