El Gobierno pretende que sean vinculantes las decisiones del nuevo defensor del consumidor financiero

Poco a poco comienzan a conocerse más detalles sobre las reformas en el sector financiero que ultima el Gobierno. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha anunciado este miércoles en la sesión de control del Gobierno que su intención es que las decisiones de la nueva autoridad de defensa del consumidor financiero sean “vinculantes”.

De este modo, Calviño da respuesta a una de las dudas que se crearon la semana pasada cuando Pedro Sánchez anunció que “en las próximas semanas” se creará esta nueva autoridad. En concreto, las asociaciones de consumidores y otras voces solicitaban que este nuevo organismo, para ser efectivo, pudiera tener capacidad sancionadora, y no meras recomendaciones, en el caso de disputas entre clientes y bancos, como ocurre hasta la fecha en el seno del Banco de España.

Esta autoridad está llamada a unir bajo un único paraguas la defensa del consumidor financiero en sus tres ramas, banca, mercados de valores y aseguradoras. En este sentido, Calviño ha asegurado que se está trabajando con el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para que estas decisiones sean vinculantes para las entidades financieras.

Calviño ha realizado este anuncio en el Congreso durante una interpelación realizada por el grupo de Unidos Podemos sobre el cumplimiento de las directrices de la Organización de las Naciones Unidas en materia de vivienda y protección de los consumidores. 

Además de la creación de esta autoridad, todavía sin fecha pero con la intención de que esté aprobada antes de final de año, Calviño se ha referido a la nueva ley de crédito hipotecario que se está tramitando en el Congreso y en la que, según ha señalado se reforzarán los mecanismos de defensa del consumidor. Entre otros puntos, ha recordado que se amplía el número de impagos para un vencimiento anticipado, el límite a las comisiones para las amortizaciones anticipadas, el reparto de los gastos de las hipotecas o la conversión del código de buenas prácticas en un código de aplicación permanente.

Esta interpelación ha sido defendida por Rafael Mayoral, diputado de Unidos Podemos, quien ha criticado al Gobierno por seguir sin cumplir los dictámenes de la ONU, así como las sentencias de la justicia comunitaria. En concreto, ha lamentado que no se cambie la ley para evitar que en caso de impagos se realice el lanzamiento antes de que el inquilino pueda defenderse en la justicia.