Hacienda responde a las acusaciones de “chantaje” de Ayuso que solo le pide cumplir sus compromisos con Montoro
La Comunidad de Madrid es una de las que ha recibido una carta del Ministerio de Hacienda instándole a cuadrar sus cuentas de aquí a fin de año por el peligro que corre de desviarse de sus objetivos de estabilidad presupuestaria. La mayoría de las regiones han sido contactadas por el departamento que dirige María Jesús Montero por este mismo problema. Fuentes de Hacienda explican a eldiario.es que prefieren no ofrecer el listado completo.
Estas fuentes separan las misivas y los incumplimientos autonómicos del retraso que se avecina en la liberación de 7.200 millones de euros para las comunidades autónomas en caso de que siga sin haber gobierno central y nuevos presupuestos generales del estado. Estas cantidades retenidas afectarían a los presupuestos autonómicos del año próximo, afirman.
Y también especifican que en sus cartas no piden nuevos planes de ajuste, como ha sugerido Isabel Díaz Ayuso en Twiter, sino que se cumplan los planes económico–financieros ya aprobados, en el caso de la Comunidad de Madrid por el anterior gobierno de Mariano Rajoy. La presidenta no ha explicado cómo se compagina su promesa de “la mayor bajada de impuestos de la Historia” de la Comunidad con la actual situación presupuestaria de la región.
El ministro de Hacienda Cristóbal Montoro reclamó en 2017 un plan de ajuste para los años 2018–2019 al Ejecutivo que entonces presidía Cristina Cifuentes para corregir su incumplimiento de la regla de gasto. Es respecto a ese plan de ajuste, remitido aquel año, que Hacienda ha detectado ahora un desvío, y por eso ha enviado la misiva. Hacienda tiene la obligación de emitir un requerimiento cuando detecta riesgo de desvío de ese plan, según el artículo 24 de la Ley de Estabilidad de 2012.
En dicha ley se especifica que en el caso de que en los informes de seguimiento se verifique una desviación en la aplicación de las medidas, “el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas requerirá a la Administración responsable para que justifique dicha desviación, aplique las medidas o, en su caso, incluya nuevas medidas que garanticen el cumplimiento del objetivo de estabilidad”. Si en el informe del trimestre siguiente a aquel en el que se ha efectuado el requerimiento persiste el incumplimiento del objetivo de estabilidad, se aplicarán medidas coercitivas como la retención de fondos.
Como recuerda el economista José Carlos Díez en un análisis, “el pasado año el PP estaba en Hacienda y le hizo lo mismo a Carmena, que acabó teniendo una crisis de gobierno, con la dimisión de varios concejales de Podemos, pero el ayuntamiento de Madrid cumplió con la ley. Ahora el PP se niega a cumplir la ley presupuestaria que aprobaron ellos en 2013 con mayoría absoluta”. Se refiere a la crisis que se abrió con la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid y la destitución del concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato.
“Y encima la presidenta de Madrid prometió bajar los impuestos. Ya solo le queda explicar a los madrileños si para bajar los impuestos propone recortar las pensiones, el seguro de paro o los policías que cuidan de nuestra seguridad”, añade Díez.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) reclamó el pasado julio a Hacienda que tutelase tanto a la Comunidad de Madrid como al ayuntamiento por su elevado gasto. También se señalaba a Canarias y Navarra y a los ayuntamientos de Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife. Pero según Hacienda las cartas se han tenido que enviar a casi todas las comunidades autónomas en este año electoral. Según explicaba la AIReF cuando presentó sus pronósticos sobre el déficit, los mayores gastos en los que están incurriendo las comunidades se refieren a conciertos educativos y sanitarios. Sobre el objetivo global de un 2% más de gastos que de ingresos (déficit), para todas las administraciones públicas, la AIReF sí que lo ve factible.
Feijóo o Catalunya, también en guerra con Montero
Cuando Díaz Ayuso acusa a Pedro Sánchez de “asfixia” en su tuit se refiere a la situación de falta de gobierno y de presupuestos que impide a Hacienda remitir a las comunidades 7.200 millones de euros de aquí a fin de año, tanto en concepto de entregas a cuenta como de participación en los ingresos del IVA. Aunque María Jesús Montero ha dicho que está buscando algún tipo de solución, siquiera parcial, Catalunya ya ha anunciado la presentación de un recurso contra el gobierno central por esta situación. Esta falta de fondos afecta a la elaboración de los presupuestos autonómicos del año próximo.
Por su parte, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha enviado una propuesta de real decreto para desbloquear los 700 millones que según asegura se le adeudan a Galicia.
Las comunidades autónomas absorben más de un tercio del gasto final total del Estado y más de la mitad de su personal. Gestionan muchos de los servicios públicos con una incidencia más directa sobre el bienestar de los ciudadanos, incluyendo la sanidad, la educación y los servicios sociales.
El motivo que impide que estas cantidades lleguen a las autonomías es el bloqueo político. Un gobierno en funciones, como el de Pedro Sánchez, solo puede aprobar según la Constitución asuntos de trámite, y entre ellos no se encuentra liberar una partida de 4.700 millones de euros, insiste el Ejecutivo. Por su parte, los 2.500 millones del IVA solo podrían ser transferidos a partir de su inclusión en unos eventuales nuevos Presupuestos Generales del Estado (de momento siguen vigentes, prorrogados, los que diseñó el PP en 2018).
La reforma de la financiación autonómica lleva pendiente de ejecutarse desde 2014. En julio de 2017 entregó su profuso informe el comité de expertos que había organizado el ministro Montoro. En él explicaban que “a lo largo de estas décadas de creciente descentralización del gasto y del ingreso, el sistema de financiación del Estado autonómico ha ido evolucionando sin un diseño explícito de adónde se quería llegar a largo plazo”.
