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Los supervisores presionan a la banca para conocer en profundidad su exposición a los riesgos climáticos

Vista de la boina de contaminación generada por el uso masivo de estufas y calefacciones tras el paso del temporal Filomena, desde el Parque de San Isidro de Madrid. EFE/Mariscal/archivo

Diego Larrouy

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Ratio de morosidad, ratio de eficiencia, ratio de capital, ratio de depósitos frente a créditos, ratio de solvencia... Los bancos están obligados a calcular multitud de ecuaciones como las citadas que sirven para dar muestra de distinta información sobre la calidad de su balance. A ellos, podría unirse el próximo año uno nuevo: ratio de activos verdes. Así lo ha propuesto la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en sus siglas en inglés), que ha lanzado una consulta pública para desarrollar esta propuesta, encaminada a conocer cuántos de los activos que tiene un banco están alineados con los objetivos de la Cumbre de París.

La propuesta se ha hecho pública este lunes por parte del supervisor bancario europeo, que dirige el español José Manuel Campa. El GAR, como se ha dado a llamar a este índice, busca tener una información detallada sobre este tipo de activos y con una estructura que lo haga comparable con otras entidades. De este modo, las entidades deberían divulgar su ratio GAR para mostrar en qué medida las actividades de financiación en su cartera bancaria (incluidos préstamos y anticipos, títulos de deuda e instrumentos de capital en la cartera bancaria) están asociadas con actividades económicas alineadas con la clasificación de la UE. y, por lo tanto, con el Acuerdo de París.

La iniciativa anunciada este lunes sigue otros procesos por parte de los supervisores bancarios europeos, que han puesto en el centro de sus objetivos de supervisión para los próximos años el conocimiento de los riesgos climáticos de las entidades financieras. Los bancos europeos, especialmente aquellos de mayor tamaño, se encuentran actualmente preparándose para que el próximo año, en 2022, la propia EBA valore su resistencia a los riesgos climáticos. La famosas pruebas de resistencia o test de estrés, como se conocen, serán en el próximo ejercicio exclusivamente para conocer cómo los balances de las entidades financieras aguantarían ante varios escenarios distintos de evolución de la crisis climática.

“En línea con la importancia creciente del cambio climático para la economía y la creciente evidencia de su impacto financiero en los bancos, el BCE llevará a cabo sus próximos test de estrés supervisores en 2022 sobre la base de riesgos climáticos”, señaló el BCE en otoño al anunciar que se realizarían estas pruebas a los bancos europeos relevantes. Las entidades tendrán que tener en cuenta factores de riesgo como fenómenos meteorológicos extremos, patrones climáticos crónicos, la contaminación, la pérdida de la biodiversidad o las políticas y regulaciones medioambientales.

El sector financiero europeo está centrado actualmente en salir de la crisis económica ocasionada por el coronavirus y durante los próximos meses, hasta el verano, están siendo analizados por la EBA y el BCE en los test de estrés que se publicarán en julio y que se retrasaron el año pasado. Estas pruebas periódicas buscan conocer cómo evolucionará el balance de un banco frente a distintos escenarios de la evolución económica tras la pandemia y si podrían resistir en la hipótesis más adversa en caso de que se prolongara más de lo esperado. Estos exámenes sirven para que, posteriormente, se puedan realizar recomendaciones concretas a cada entidad. De entre las entidades españolas, se presentan a este examen Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter, mientras que CaixaBank y Bankia se libran por estar inmersos en la fusión. El resto serán estudiados por el BCE pero sus resultados no se harán públicos.

Sin embargo, la banca no se olvida del ejercicio del año próximo y, tal y como apuntan fuentes de mercado, están a la espera de que la EBA publique cómo serán los ejercicios de resistencia frente a riesgos climáticos a los que se someterán en los test de estrés de 2022. La crisis medioambiental está situada entre los principales riesgos, si no el más destacado, al que se enfrenta al sistema financiero en los próximos años y, desde distintos ámbitos, se ha presionado para que los bancos trabajen por adecuar su cartera de créditos y de gestión de activos hacia aquellos sectores que reducen la huella de carbono.

Más riesgos que con otras posibles crisis

En un reciente informe, el Financial Stability Board, un organismo que une a los bancos centrales de las principales economías del mundo, advertía que los riesgos climáticos son los más importantes a los que se enfrenta el sistema financiero mundial. El informe del organismo señalaba que “la amplitud y magnitud” de los riesgos relacionados con el clima podría hacer que sus efectos fueran “más perniciosos que en el caso de otros riesgos económicos”.

La organización, en la que participa el Banco de España, incidía en que el impacto de cualquier catástrofe ligada con el clima se puede traducir en un riesgo para el sistema financiero, con un posible contagio más allá de la zona donde se produzca este hecho, por la gran interconexión geográfica que tiene ahora el sector. Estos riesgos se veían “amplificados”, según el FSB, por la falta de información en profundidad que se tiene de las exposiciones de las entidades bancarias —y de otros actores de la industria financiera— a los sectores más afectados. “Mientras que la proporción de empresas que aclaran su información relativa al clima han crecido en los últimos años, es todavía bastante baja en términos absolutos”, aseguraba el FSB en su informe y hacía un llamamiento a las autoridades para generar normas que obligasen a esta transparencia. En una encuesta a bancos de todo el mundo, únicamente el 12% dan detalles sobre sus análisis de los distintos escenarios climáticos, apuntaba el informe.

En esta idea también se posicionó el BCE en un informe presentado unos días antes que el del FSB. El organismo que dirige Christine Lagarde apuntó a la falta de desglose de los riesgos climáticos y medioambientales por parte de los bancos europeos. “Aunque ha habido cierta mejora con respecto al año pasado, los bancos necesitan hacer esfuerzos significativos para apoyar mejor sus desgloses con información relevante cuantitativa y cualitativa”, destacó.

Es este el guante que recoge la EBA, quien señala que se ha basado en el grupo de trabajo creado por el FSB para abordar este tema y desarrollar su propuesta para conocer la ratio de activos verdes de los bancos europeos. “El GAR es importante para fijar estrategias de modo que un banco con un bajo GAR pueda identificar cómo quiere cambiar sus actividades de financiación a tiempo para alcanzar los objetivos del acuerdo de París, así como las medidas para seguir esta estrategia”, apuntaba la EBA en los documentos publicados este lunes.

Hasta la fecha, todas las principales entidades financieras han ido haciendo avances y anuncios en este sentido presionados no solo por las organizaciones de defensa del medioambiente sino también por sus propios accionistas. Es conocida la postura que tiene Blackrock, accionista en todos los principales bancos españoles y con amplia presencia en el Ibex35, que con distintos comunicados ha hecho llamamientos para la asunción de cambios en la actividad financiera para reducir la financiación a aquellos sectores más contaminantes y vinculados con las emisiones de carbono. Sin embargo, todos estos avances no cuentan con una herramienta para que tanto clientes, como accionistas o autoridades, pudieran medir y comparar los progresos.

Es en este punto en el que incide la EBA con su propuesta del uso del GAR. “Esta información es relevante para comprender cómo las instituciones están trabajando para mitigar sus riesgos ligados al cambio climático financiando actividades que contribuyen a los objetivos climáticos”, apunta la EBA en la consulta pública que ha abierto. Así, el organismo supervisor pretende que esta, y otras herramientas que plantea, sirvan para dar “significativa y comparable” información en cuanto a los riesgos climáticos a los que se enfrentan las entidades, aportando “transparencia” sobre las acciones que se toman en esta vía.

Tres años de plazo

En su desarrollo durante los próximos años, el GAR debe dar cuenta no solo de la actividad de financiación a empresas de las entidades bancarias sino también de los préstamos a los hogares. Por ejemplo, en la cartera hipotecaria se debería tener en cuenta la eficiencia energética de las casas cuya compra se financia o si se otorgan créditos para la mejora de viviendas. De igual manera, abre la puerta a que se informe sobre la eficiencia de los vehículos de los que se ha financiado su compra.

La estrategia de la EBA va más allá del GAR, aunque sea el instrumento más novedoso, ya que la consulta pública que se ha abierto esta semana pretende crear un abanico de informaciones tanto cuantitativas como cualitativas sobre la situación que tienen los balances de los bancos, ofreciendo un marco comparable para todas las entidades supervisadas. “Los indicadores propuestos, en particular el índice de activos verdes, ayudarán a las partes interesadas a comprender la senda de las entidades hacia la sostenibilidad y actividades de financiación compatibles con el acuerdo de París”, señala el organismo que preside Campa.

Además de la consulta pública abierta por la EBA, el organismo ha enviado la propuesta a la Comisión Europea, quien previamente había consultado al supervisor bancario sobre métodos para dar transparencia medioambiental a la actividad del sistema financiero. En esta propuesta, plantea que se dé un tiempo hasta finales del 2022 para el cálculo del GAR para grandes empresas y hasta junio de 2024 para el resto.

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