La UE concede a Israel privilegios comerciales que a veces han beneficiado a los asentamientos
Israel hizo negocios con la Unión Europea por valor de 33.000 millones de euros en 2012. La envergadura del dato no es de extrañar: Israel es desde el año 2000 socio preferente de la UE, un estatus que también ostentan otros estados y que les supone suculentos beneficios, por ejemplo, arancelarios. En el caso de las relaciones entre Europa e Israel, los detalles son complicados: aunque en los últimos años ha habido varios pronunciamientos judiciales y políticos que aclaran que estos beneficios no pueden aplicarse a los productos que proceden de los territorios ocupados, asociaciones y algunos grupos políticos piden más contundencia.
La Unión Europea no reconoce la soberanía israelí sobre los territorios ocupados después de 1967, esto es, los asentamientos situados en Cisjordania y los Altos del Golán. Este hecho explica que a los productos que procedan de esos territorios no puedan -en teoría- aplicarse los beneficios que contempla el acuerdo. En la práctica, muchos de ellos aparecen en Europa, y sólo en los últimos años se han tomado medidas para impedirlo con resultados no del todo claros.
Desde 2005, la UE exige que todas las facturas expedidas o cumplimentadas en Israel incluyan el código postal y el nombre del lugar de producción en un intento de aumentar el control. La propia Agencia Tributaria tiene publicada una nota informativa al respecto que incluye incluso una lista actualizada de asentamientos.
“Estos productos deberían estar separados y diferenciados del resto de mercancía que viene de Israel, pero no está claro que así sea. En muchas ocasiones no se conoce el origen concreto de los productos o hay controversia”, dice Josep María Nuet, portavoz de IU.
Como muestra, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2010, que vetaba los beneficios arancelarios a los productos de una empresa israelí que se había negado a ofrecer información detallada sobre su procedencia. Una empresa alemana (Brita) importaba dispensadores de agua con gas del proveedor israelí Soda-Club, cuya fábrica está en Mishor Adumin, un asentamiento al este de Jerusalén. Las autoridades alemanas sospecharon de la procedencia de los productos y no aplicaron los beneficios arancelarios, una decisión que Brita recurrió a los tribunales.
Finalmente, el Tribunal de la UE dio la razón a las autoridades aduaneras de Alemania: “Los productos originarios de Cisjordania no están incluidos en el ámbito de aplicación territorial del Acuerdo CE-Israel y, por tanto, no tienen derecho al régimen preferencial que éste establece”. La sentencia cuestionaba, además, la actitud de Israel que, preguntado por el origen concreto de los productos, se limitó a decir que las mercancías eran originarias “de una zona bajo su responsabilidad”, sin más detalles.
Las dudas, sin embargo, persisten. Organizaciones como BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel) aseguran que Israel mezcla productos elaborados en asentamientos con otros que no lo están, lo que hace que su detección sea más complicada, y que la información de etiquetado sea, a veces, confusa. El profesor de la Universidad de Barcelona y activista de BDS Aitor Carr plantea además otras dudas: “Una cosa es que no se apliquen estos beneficios y otra cosa que estén entrando en la UE mercancías que proceden de asentamientos, que es algo que está sucediendo. Es incoherente que se critique la colonización y luego se permita la entrada de productos que proceden de allí. El comercio no hace más que consolidar la ocupación”, explica.
La presión de la sociedad civil para que la UE prohíba de forma expresa estos productos es cada vez mayor. De momento, varios estados miembro, entre ellos España pero también Alemania o Reino Unido, han emitido comunicados desaconsejando la inversión en territorios ocupados. Esa es precisamente una de las patas del movimiento BDS: “Da igual que nos lamentemos si luego no cambiamos esta lógica de la que las desinversiones deben ser una parte. Cada vez están teniendo más efecto, por ejemplo, bancos y fondos de inversión holandeses y noruegos han comenzado a retirar de allí sus inversiones”, dice Carr. Menciona también el caso de la mayor empresa de agua holandesa, que rompió relaciones con su contraparte en Israel porque suministraba agua a las colonias israelíes.
Acuerdos sólidos
Los acuerdos entre la UE e Israel son sólidos: ni siquiera operaciones como Plomo Fundido en 2008, que acabó con cerca de 1.400 palestinos muertos, han hecho que se resquebrajen. Al acuerdo de Asociación que entró en vigor en 2000 hay que añadir muchos otros en matería agrícola o de investigación o que permiten a los equipos de Israel jugar en las competiciones deportivas europeas. Sí hay nuevos matices que en opinión de algunos expertos abren la puerta a cambios significativos.
Por ejemplo, las directrices que la UE aprobó el año pasado y, según las cuales, las entidades israelíes que quieren obtener financiación europea o bien competir por alguna beca o premio europeo deben presentar una declaración en la que afirmen que no tienen ninguna conexión directa o indirecta con los asentamientos. La decisión produjo una reacción furibunda de algunos miembros del Gobierno israelí, entre ellos el primer ministro Binyamin Netanyahu, que lo consideró una injerencia en sus asuntos internos.
Lo mismo ha sucedido con el acuerdo Horizonte 2020, un nuevo programa de investigación e innovación en el que Israel colabora. La UE le ha exigido incluir una cláusula en el acuerdo que dice explícitamente que el dinero europeo no puede llegar a territorios ocupados.
