¿Qué es el síndrome del abuelo esclavizado y cómo afecta en la sociedad actual?
El papel de los abuelos en España lleva años evolucionando y diferentes factores demográficos —sube la esperanza de vida y el número de personas mayores aumenta— así como socioeconómicos —la precariedad laboral o el reto de la conciliación— les ha convertido en un pilar fundamental dentro del núcleo familiar. Se estima que cerca del 35% de los mayores de 65 años se dedican al cuidado de sus nietos varios días a la semana, una actividad que no solo implica un importante acto de amor sino que también refleja una necesidad latente y creciente dentro del tejido familiar español.
No hay duda de que este es un problema complejo. La creciente dependencia de los abuelos es una clara evidencia de las dificultades existentes para conciliar satisfactoriamente la vida laboral y familiar pero también de que las políticas públicas existentes son claramente insuficientes. A esto, se une el hecho de que en la actualidad se incrementa, no solo la edad de jubilación, sino también las propuestas de extender la vida laboral, por lo que muchas de estas personas mayores se encuentran ante una encrucijada entre sus obligaciones laborales prolongadas y las demandas de cuidado familiar que recaen sobre ellos.
El síndrome del abuelo esclavizado
Ante esta situación, aparece el llamado síndrome del abuelo esclavizado, que describe una realidad en la que los mayores se ven sometidos a una carga excesiva producida por el cuidado de sus nietos como resultado, en muchas ocasiones, de las necesidades económicas de la familia que no puede permitirse otras opciones o de la falta de servicios de cuidado infantil accesibles y asequibles para las familias. De esta manera, lo que inicialmente nace como un gesto de amor y apoyo intergeneracional, que también les ayuda a mantenerse física y emocionalmente activos, se puede terminar convirtiendo en una obligación abrumadora, que acaba por limitar la libertad y el bienestar de los mayores.
Por ello, algunos abogan por el reconocimiento financiero de esta labor, abriéndose así importantes debates sobre cómo las políticas públicas pueden abordar el cuidado no remunerado y apoyar modelos de soporte intergeneracional. A la vez, los casos en los que los abuelos obtienen la custodia de sus nietos debido a la incapacidad de los padres de asumir sus responsabilidades, ya sea por factores económicos, de salud, o legales, ha alterado el panorama jurídico y social.
Un ejemplo es la sentencia pionera de la Audiencia de Pontevedra en octubre de 2023 que obliga a los padres a pagar una pensión alimenticia de 500 euros a sus hijos bajo custodia de los abuelos y establece un calendario de visitas regular. Estos padres, tras su separación en 2016 y la posterior desatención de los menores, vieron cómo los abuelos asumieron el cuidado completo. Tras presentar una demanda en el verano de 2022, la justicia otorgó la custodia a los abuelos, manteniendo a los padres con patria potestad pero con visitas reguladas y la obligación de contribuir económicamente al sustento de los niños, marcando un hito en el enfoque jurídico hacia la protección de los menores y el papel de los abuelos.
En este contexto, Hernán García, responsable de desarrollo de negocio en Melendos, una plataforma legal especializada en facilitar el contacto entre clientes y abogados, observa una tendencia creciente en la demanda legal por compensación económica: “Aunque no son tan frecuentes como las demandas para régimen de visitas, en los últimos tiempos hemos experimentado que se están solicitando demandas para requerir una pensión de alimentos”.
Necesidad de políticas de conciliación
La situación demográfica en España está marcada por una natalidad en declive —menos de 900 bebés naciendo cada día y una tasa de fecundidad de 1,3 hijos por mujer— y una población cada vez más envejecida. Esto subraya la necesidad, no sólo de políticas efectivas de conciliación familiar y laboral, que alivien la presión sobre los abuelos y al mismo tiempo promuevan un aumento de la natalidad. También es crucial abordar los obstáculos económicos que desalientan a las familias jóvenes, como la inseguridad laboral y los problemas de acceso a la vivienda.
