Fue un momento de esos en los que la radio se oye de fondo. De repente, sonó como un chillido rabioso y fuera de tiempo que atrajo mi atención sobre el informativo. Primero, una voz y luego las otras dos: lo que en la radio se llama ‘cortes’. Pertenecían a tres parlamentarios: del PSE-EE, PP y UPyD, respectivamente. El lugar del estruendo: la comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana del Parlamento vasco.
No fue la noticia más destacada del día. En realidad, muchos medios la han ignorado. Además, el ímpetu verbal de sus señorías no debería sorprender. Pero, a mí me alertó sin remedio.
Fue el día 6 de octubre. Se debatía en la Cámara vasca un texto de EH Bildu en relación con las supuestas torturas infligidas por la Guardia Civil a Tomás Madina, detenido en junio pasado por intentar matar con un rifle de mira telescópica a Patxi López en 2010 cuando era lehendakari del Gobierno vasco. La coalición abertzale pedía, entre otras cosas la dimisión del ministro del Interior, como máximo responsable. Pero, fundamentalmente, exigía la erradicación de la tortura que, vino a decir, contamina al conjunto de la sociedad y es un castigo a la situación de paz tras el fin de la violencia de ETA.
El representante del PNV –obviaré los nombres de todas sus señorías- se refirió a la tortura como un delito deleznable, que exige una repulsa especial. Ambos grupos lograron con sus votos sacar adelante un texto en el que instan a los poderes públicos españoles a investigar con rigor las denuncias por torturas tal y como exige el Tribunal de Estrasburgo. Así que, en realidad, solía pedían su cumplimiento. ¿Que EH Bildu aprovechó la Cámara para dar eco a la existencia de torturas? Seguro. Pero, eso no invalida la propuesta.
El grupo socialista, el popular y el único representante de UPyD rechazaron el texto final por venir de quien venía: la izquierda abertzale. Y, por falta de convencimiento.
Es fácil entender desde la emoción que al representante socialista le costara condenar que se torture a quien está acusado de intentar matar al lehendakari López –de cuyo Gobierno el portavoz, además, formó parte-. Pero, su defensa del Estado de derecho, su rechazo a la tortura –que también manifestó- debería estar por encima de todo.
El grito que traspasó la radio de: cuando ustedes condenen la amenaza de muerte contra Patxi López y su Gobierno, nosotros condenaremos la tortura (vino a decir) podría interpretarse como una creencia irracional: asentadas en la mente como habituales pero no necesariamente adecuadas.
Es decir, el intento de atentado contra el lehendakari López (y otros) debe ser reprobado, perseguido y castigado penalmente. Sin embargo, la tortura es una de las prácticas más abyectas que existen con el agravante de que quienes la usan se esconden bajo su parcela de poder público. Por lo tanto, ambos hechos deberían ir disociados. Condenar las torturas: siempre. Condenar la violencia terrorista, también.
No respaldar un texto en el que el PNV y EH Bildu firman que se cumplan las recomendaciones del Tribunal de Estrasburgo en la prevención, vigilancia y denuncia de la tortura, así como que se sigan las recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y respete los principios de la Convención contra la Tortura constituye un error ante gran parte de la sociedad vasca. Y, ello, a pesar de que, a muchos, como al grupo socialista, les parezca hipócrita y dolorosa la postura abertzale. El terrorismo de ETA ha distorsionado durante décadas la defensa de lo que es parte fundamental de los derechos humanos. Pero no debería ser una excusa.
No ya un error sino una afrenta resulta la posición del PP y UPyD. Comprendo que la dignidad en política suele ser una entelequia supeditada a las estrategias partidistas y electorales. Pero, oír al parlamentario del PP y de UPyD negar los casos de tortura podría rozar el encubrimiento y siempre el cinismo más aberrante. “Para mí, la expresión más cercana a la tortura es verles a ustedes”, dicha por el representante del PP a los parlamentarios de la izquierda abertzale denota falta de talento político. Defender a las FSE en este contexto no parece acertado.
Porque negar la tortura significa mirar hacia otro lado, faltar a la verdad. La permisividad fue tan grande que en los años 80 se torturaba al cien por cien de los detenidos. Y, aunque ya no es una práctica sistemática se sigue ejerciendo, como recogen numerosos estudios avalados por los organismos internacionales más sobresalientes que confirman que en España se practica la tortura para obtener confesiones forzadas. La conclusión general es que las denuncias de torturas y malos tratos no constituyen una mera confabulación sino relatos creíbles y consistentes.
El prestigioso forense vasco Francisco Etxeberria, que ha participado en numerosos sumarios e identificó los restos de Lasa y Zabala (torturados, asesinados y enterrados en cal viva por guardias civiles de Intxaurrondo bajo las órdenes de Galindo, ascendido a general tras los hechos) dirige el estudio promovido por el Gobierno vasco que pretende determinar la incidencia real de la tortura entre los años 1960 y 2010.
Etxeberria ha contemplado decenas de torturados sobre las mesas de autopsia, y también cuerpos sin vida de policías y guardias civiles asesinados por ETA. Y, siempre recuerda que el dolor de las madres era el mismo. En una entrevista concedida a Gara hace algunos años sostenía que cuando desapareciera la violencia organizada sería más fácil hablar de las torturas. No para echarse los trastos sino porque es necesario reconocer ciertos hechos, venía a decir.
A las víctimas de ETA, adelantaba entonces, hay que darles reconocimiento social, que es lo que les falta, ya que han tenido verdad, justicia y reparación.
Pero, hay otras víctimas que pertenecen a la misma etapa, proseguía, que sí han tenido reconocimiento social pero les ha faltado el institucional, les ha faltado, verdad, justicia y reparación.
Etxeberria no duda en decir que la tortura sigue existiendo porque la Audiencia Nacional no ejerce la tutela que le corresponde y que por eso se puede entender que se siga practicando. Claro que están los malhechores que llevan a cabo el maltrato, pero tiene que haber por encima de ellos alguien que les diga que eso no vuelva a pasar.
Así que sería bueno que sus señorías no se indignaran tanto cuando dos grupos políticos, que, además, agrupan a la mayoría social, piden en el Parlamento que se erradique definitivamente la tortura en España. Porque existir, existe y negarlo es regresar a aquellos tiempos en los que todo parecía perdido.
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