El Parlamento rechaza auditar el uso de fondos europeos para plazas de infantil y no habrá comisión de investigación

El Parlamento Vasco ha rechazado este jueves una moción presentada por el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, en la que se pedía la realización de una auditoría sobre la utilización de los 15 millones de euros de fondos europeos para la creación de 1.518 nuevas plazas públicas en educación infantil, de las que hasta este momento no se han creado más 252. La propia consejera Begoña Pedrosa afirmó recientemente en la Cámara que en total, a finales de este año, no se crearán más de 663. La moción de Sumar pedía también la creación de una comisión de investigación parlamentaria para “indagar sobre la gestión política en el incumplimiento de los objetivos comprometidos” en estos fondos, que se recibieron en 2022, pero la iniciativa ha decaído después de contar únicamente, además de con su voto, con el de los parlamentarios de EH Bildu.

En lugar de la moción de Sumar, ha salido adelante la enmienda a la totalidad presentada por los partidos del Gobierno vasco, PNV, PSE-EE. Sólo ha tenido sus votos. “Pone en valor la gestión de los fondos” que está llevando a cabo el Departamento de Educación, el Consorcio Haurreskolak y los distintos agentes locales “como un ejemplo de colaboración interinstitucional para reforzar la oferta pública de plazas en la etapa de infantil que el sistema educativo vasco necesita”. Los parlamentarios instan a Educación a “seguir reforzando el servicio gratuito y universal que presta el Consorcio Haurreskolak como servicio público” y a seguir “impulsando y ampliando la oferta educativa pública, gratuita y universal de la etapa 0-2 años ”teniendo en cuenta la demanda real existente y cuidando la adecuación de los servicios que presta el Consorcio Haurreskolak a las necesidades de las familias“.

Desde los partidos del Gobierno han defendido la necesidad que se creen las plazas según la necesidad. “No trata de ponerse a crear plazas con el único objetivo de justificar el gasto o llegar a una cifra que se nos impuso como si la realidad de todas las comunidades autónomas y la necesidad de todas las comunidades autónomas fuera la misma”, ha señalado el representante del PNV, Aritz Abaroa. “La gestión de los fondos requiere de planificación, de colaboración con los ayuntamientos, que, como bien sabe, son ellos quienes deben solicitar y activar los mecanismos para la creación de centros y plazas que necesitan. Requiere de estrategia de cara al futuro, atendiendo también a la realidad demográfica, que es una realidad”, ha señalado. Y ha recordado que como ya ha señalado la propia consejera se ha llegado a un acuerdo con el Ministerio para adaptar el uso de los fondos a las necesidades reales que tienen las familias vascas.

De igual forma, Estíbaliz Canto, desde el PSE-EE, ha insistido en la necesidad de “poner en valor la gestión compartida del Departamento, del Consorcio Haurreskolak y de los agentes locales para seguir reforzando el servicio gratuito y universal que se presta desde el consorcio, que se siga impulsando y ampliando la oferta pública de cero a dos años, teniendo en cuenta la demanda real y la adecuación del servicio a las necesidades de las familias”. No obstante ha reconocido que hay que “seguir ampliando la oferta pública donde se necesita”. “Hay que trabajar con los ayuntamientos. Hay que aprovechar todos los márgenes disponibles, y evidentemente con transparencia, planificación y lealtad institucional”, ha indicado.

Por su parte, Ikoitz Arrese de EH Bildu ha criticado, como ha hecho Sumar, que el Departamento de Educación “no ha sido capaz de explicar qué ha hecho con ese dinero procedente de Europa, qué piensa hacer y cómo lo va a justificar” y ha pedido “para recuperar los consensos que construimos en torno a la Educación de 0 a 3 años que se aclare ”de la manera más transparente posible, todo lo relativo al dinero no invertido“.

El PP, a través de la parlamentaria Muriel Larrea, ha defendido la libertad de los padres de poder elegir entre la educación pública y la concertada y ha considerado que “construir plazas públicas donde ya haya oferta es una malversación de oportunidades”. “Lo que este Gobierno debería estar haciendo es negociar con el Ministerio para que esos 15 millones puedan destinarse a lo que de verdad importa: que la plaza sea asequible para la familia, independientemente de quién sea el dueño del edificio o de quién contrate a los trabajadores”, ha planteado.