La Universidad pública vasca reivindica su “buena salud” y “autonomía” en el arranque del nuevo curso

La autonomía del sistema universitario como eje del éxito de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Ese ha sido el mensaje con el que el lehendakari, Iñigo Urkullu ha querido dar comienzo al curso 2022-2023 de la UPV/EHU, presidido por la rectora Eva Ferreira y él mismo en un acto que se ha celebrado en el edificio Bizkaia Aretoa de Bilbao. Para lograr dicha autonomía, Urkullu ha exigido al Gobierno central “respeto” al marco competencial pactado y ha asegurado que se están “encauzando” sus relaciones con el Gobierno central. Según ha recalcado en su discurso, para salvaguardar la autonomía del sistema universitario vasco es fundamental tener en cuenta a “los agentes que trabajan con él, especialmente de las empresas, no obstaculizar el desarrollo de los objetivos estratégicos de las universidades y de la sociedad, no delimitar el marco normativo desde una perspectiva alejada de la realidad local y el respeto al marco competencial pactado”.

En su intervención, el lehendakari ha querido subrayar la capacidad de Euskadi para identificar los retos de la sociedad y establecer “políticas eficaces acordadas”, tanto con las universidades vascas, como con los agentes que operan en Euskadi. Urkullu ha reconocido que, a pesar del “escenario de incertidumbre e inseguridad” producido por la pandemia, la crisis económica y la guerra de Rusia y Ucrania, la UPV/EHU ha demostrado tener “una base sólida” y “un modelo y una trayectoria que prima la evaluación y la mejora continua” con la que, una vez más “han logrado situarse entre las 400 mejores universidades del mundo”.

Por su parte, la rectora de la UPV/EHU, Eva Ferreira, ha destacado que “el estado de salud de la UPV/EHU es muy bueno”, sin embargo, ha recalcado que se “puede y debe exigir que mejore para que en ese papel vertebrador del conocimiento ayude a situar a Euskadi entre las regiones europeas más avanzadas en innovación, en cultura y en bienestar social”. En su intervención, Ferreira ha descrito a la universidad que representa como agente fundamental para “la cohesión de la sociedad vasca”. Asimismo, ha recordado el acierto histórico que supuso “la constitución de una única universidad pública y generalista en Euskadi porque opera como puente entre distintos conocimientos, ramas del saber, generaciones, territorios, empresas y entidades; y ayuda a esta acción vertebradora del conocimiento en el País Vasco”. “La universidad debe estar en el centro de la sociedad y la sociedad esté en el centro de la universidad, así se convierte en agente fundamental de beneficio social directo”.

Para finalizar su discurso, Ferreira, con un tono emotivo, ha querido homenajear a un joven de 14 años de Mali que perdió la vida hace unos años frente a las costas de Libia, cuando se hundió la barca en la que viajaba. “Llevaba cosidas en la ropa sus notas escolares con la esperanza, quizá, de que fueran una buena carta de presentación en Europa. Hoy me sentiría muy orgullosa de que en nuestra universidad estuviera ahora este joven de Mali que tanto confiaba en su capacidad de conocimiento para labrarse un futuro mejor. Por desgracia para él no es posible”, ha narrado, a modo de homenaje y aprendizaje para que se haga de la UPV/EHU “un espacio impulsor del conocimiento desde la certeza de que con más conocimiento, con más comunicación y con más colaboración las sociedades serán más prósperas y más justas y libres”.

“Precariedad y poca financiación”, la cara B de la universidad pública vasca

En dos concentraciones paralelas, pero divididas, los sindicatos ELA y LAB, se han manifestado en la entrada de Bizkaia Aretoa, edificio en el que se ha celebrado el acto de apertura del curso de la UPV/EHU para denunciar “la precariedad, la discriminación y la falta de financiación pública”. El sindicato LAB, ha denunciado “la inaceptable tasa de temporalidad existente”, ya sea en el Personal de Administración y Servicios (PAS) de un 69% o en el Personal Docente e Investigador (PDI), de un 58%. Entre sus críticas, han apuntado que “e los 4.465 profesores-investigadores de la UPV/EHU, 955 tienen un contrato a tiempo parcial, un 21,4%”. “Son inaceptables las condiciones laborales que se dan en muchos casos: contratos basados en la precariedad, con salarios muy bajos de 400-800 euros al mes y sin que se les reconozca algunas de las funciones que realizan: preparación de clases, gestión, investigación o cursos de formación”, han denunciado.

También han criticado que los salarios del personal investigador predoctoral y postdoctoral “siguen siendo muy reducidos”, pese a haber aumentado en el último año. “El personal investigador predoctoral firma un contrato de exclusividad a cambio de un sueldo mensual de 1.100 euros. Nos hablan una y otra vez de la excelencia de la universidad, en gran medida basada en la investigación, pero las condiciones de trabajo para quienes se inician en la investigación son muy precarias. Y en lo que respecta al personal investigador postdoctoral nos encontramos con una situación similar, sobre todo en el caso del personal que trabaja en el extranjero”, han indicado desde el sindicato, en el que hacen “responsables” de esta situación tanto al Gobierno vasco como a la dirección de la universidad.

Miembros del sindicato ELA, por su parte, han centrado sus críticas en la falta de financiación que recibe la UPV/EHU por parte de las instituciones. Para ello, han destacado que en Europa, “la media de la financiación destinada por los estados a las universidades públicas es del 0,91% del PIB, en España, del 0,82% del PIB”, mientras que en Euskadi, “lo destinado por el Gobierno vasco se sitúa por debajo de la mitad de la media europea y lejos de la financiación estatal, siendo del 0,40% del PIB”. Una cifra que, según han señalado, “ha sufrido en la última década un reducción del 0,10%”. Además, han indicado que las aportaciones del Gobierno vasco en los presupuestos de la UPV/EHU “han pasado de representar el 76,50% en 2012 al 73,65% en 2022, un descenso del 2,85% en los diez años”. Una situación que, según han criticado, “incide directamente en la calidad educativa que proporciona la universidad y en las condiciones laborales”.