Vox cuela el discurso contra los extranjeros en el Parlamento Vasco y pide policías controlando empadronamientos

Ni la investigación por las filtraciones en las oposiciones del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), ni las últimas novedades del 'caso De Miguel' ni los contratos a las empresas del grupo Montai, por citar tres ejemplos, han aparecido en alguna de las 208 iniciativas presentadas por Vox desde que llegó al Parlamento Vasco en 2020 con una única parlamentaria, Amaia Martínez Grisaleña. Sin embargo, este miércoles la ultraderecha ha exhibido su máxima preocupación por la gestión de los recursos públicos tras haber desarticulado la Policía Nacional una red que defraudada a Lanbide con pasaportes falsos para cobrar más de un millón de euros en ayudas sociales. Y lo ha hecho cargando contra la inmigración, asegurando que las prestaciones vascas generan “efecto-llamada” cuando han caído de manera importante en los últimos meses los solicitantes de la renta de garantía de ingresos (RGI) y pidiendo incluso policías en las casas para controlar los empadronamientos, a pesar de la polémica que arrastró su colega Macarena Olona, candidata en Andalucía.

Concede Martínez Grisaleña que el fraude “no es una práctica exclusiva” de los extranjeros pero que los casos “más graves” han tenido “como protagonistas a inmigrantes”. La supuesta falta de controles en Lanbide -que entiende que el fraude es ínfimo y que trabaja en una reforma de la RGI para mejorar el modelo y cambiar las cuantías- supone una “desconfianza” en la “población local” y un “efecto-llamada” para que, aparentemente, personas de fuera intentar llegar a Euskadi a cobrar prestaciones. A su juicio, además, llegan “aleccionados” para entrar a un sistema que ha calificado de “coladero” mientras deja a fuera a personas locales, como el caso de una señora de 80 recientemente denunciado por el Ararteko. No ha ofrecido ningún dato numérico al respecto de sus aseveraciones más allá de enfatizar que procedían de África y de Asia los responsables de las últimas redes desmanteladas.

También ha considerado “impresentable” que el detenido como responsable de la red que defraudó a Lanbide “esté en la calle” y “disfrutando” del millón de euros que cobró. Ha cuestionado que se vaya a devolver el dinero orillando que, por un lado, la Administración tiene mecanismos para estos supuestos y que la propia jurisdicción penal tiene también fórmulas de reparación del quebranto al erario. Además, el principal acusado está en libertad pero con cargos y tras una resolución motivada de la magistrada de Bilbao Ana Torres.

Martínez Grisaleña ha aprovechado la comparecencia para “exigir” un “mayor control”. Se ha detenido, particularmente, en la necesidad de vigilar que los empadronamientos en Euskadi sean “reales”. Preguntada si eso implicaba también criticar la decisión de Olona de registrarse en Andalucía, donde no residía, ha dado la vuelta a la cuestión y ha recordado que a ella, una “compañera española”, se le envío a la Policía al domicilio para revisar su situación. “¿Se hace eso con la inmigración? Si lo hacemos, lo hacemos para todos”, ha replicado pidiendo “ertzainas” para hacer estos seguimientos.

Vox ha asegurado también que las instituciones son “inteligentes” solamente para controlar el fraude de autónomos y particulares y ha criticado por “dictatorial” el nuevo modelo de emisión de 'tickets'. Ha llegado a decir que el Gobierno “es un lince” para cercar a los pequeños contribuyentes autóctonos y cobrarles impuestos errando claramente ya que, en Euskadi, son las Diputaciones las que gestionan las competencias de Hacienda.