La ESO de los 1.000 euros, el paradigma del éxito educativo de Monago que se apagó en el camino
Nació en el año 2012 como un modelo exitoso del PP de Extremadura. Buscaba insertar en el sistema educativo a jóvenes de entre 18 y 25 años. El Plan 18-25, conocido como la ESO de los 1.000 euros, pone fin a su periplo tras tres años de recorrido.
La ESO de los 1.000 euros fue una de las apuestas de Monago y premiaba a los estudiantes a través de un programa que ansiaba incorporar al sistema educativo a todo el grueso de jóvenes que abandonó las aulas para trabajar en la construcción años atrás, con la burbuja inmobiliaria. Lo hacía con el reclamo de un cheque de 1.000 euros: a cambio de sentarse en los pupitres y aprobar.
Hablan las cifras
El plan fue motivo de enfrentamiento entre el PP con el PSOE, los sindicatos y la comunidad educativa. Más allá de las críticas hacia un sistema que bonifica al alumnado por el simple hecho de estudiar, las estadísticas hablan de unos resultados irregulares.
Según los datos a los que ha tenido acceso este diario, de los 3.000 jóvenes inscritos el pasado año, el 40 por ciento abandonó el curso. De los que continuaron, solo el 30 por ciento acabó. Esto significa que la medida estrella de Monago para el sistema educativo fue finalizada con éxito por unos 500 alumnos.
Recortes de inversión
Hay más elementos llamativos, por ejemplo los propios recortes que el Gobierno de Monago le ha aplicado desde su inicio. Tras tres años en macha vio reducido su presupuesto desde los 900.000 euros iniciales hasta los 400.000 para del curso 2014-2015. Es decir, el Ejecutivo del Partido Popular destinó la mitad de lo que presupuestaba inicialmente a la ESO de los 1.000 euros.
El Plan 18/25 no ha sido un elemento decisivo para frenar el problema de desempleo juvenil en Extremadura, que sigue estando cercano al 60 por ciento. De hecho Extremadura es la quinta comunidad de Europa con las cifras de paro más altas entre sus jóvenes.
Los datos de desempleo desvelan igualmente mes tras mes que el número parados de larga duración, de todas las edades sin el título de Secundaria se ha multiplicado.
La opinión de los sindicatos
Los sindicatos han aplaudido el final de una etapa que consideran “desastrosa”. Miguel Coque, de CCOO, califica la ESO de los 1.000 euros como una medida “neoliberal”, cuyo único objetivo era el de acabar con las listas del paro y edulcorar las estadísticas. “Pensamos que no primaba el esfuerzo personal, que es discriminatoria, y que eludía abordar el problema de manera integral”.
Coque critica la falta de transparencia e información sobre el número de participantes del plan y los resultados desde el Gobierno de José Antonio Monago. Calcula que no más un tercio de los 5.000 alumnos que han pasado por el sistema lo terminaron.
Para el representante sindical resulta contradictorio bonificar a un joven por el simple hecho de estudiar, mientras las becas complementarias de la Junta para universitarios se endurecieron y dejaron fuera a muchos estudiantes.
Además pone encima de la mesa que aquél ‘caramelo’ de 1.000 euros entra directamente en contradicción con la filosofía del PP de la cultura del esfuerzo.
Por otro lado el secretario general de FETE-UGT Extremadura, Óscar Hernández, coincide en que ha sido un fracaso. Advierte que era un programa en el que el alumno que no estaba motivado por aprender, sino por ganar 1.000 euros, algo que a su juicio sale caro al sistema educativo.
“Se supone que estás intentando enseñar al joven conocimientos, que le sirvan en su futuro, sin necesidad de que haya una transacción económica, que además es injusta respecto a otros alumnos que por ejemplo se sacan la Secundaria en la educación de adultos”.
Otra de las cuestiones que critican es el hecho de que se planteara un programa de dos años frente a un plan de estudios de Secundaria que se alarga hasta cuatro normalmente. Inciden en que el contexto de calidad se perdía en el camino.
Criticable también han sido las condiciones laborales de un profesorado contratado a media jornada, y el descontrol al que se enfrentaron en las primeras etapas por parte de los centros y de la propia administración autonómica, comentan los sindicatos.
