Un cambio de ley podría obligar a indemnizar a los propietarios de Valdecañas antes del derribo

El futuro de Marina Isla de Valdecañas sigue sin resolverse después de que el Tribunal Supremo confirmara la ilegalidad del complejo turístico en un fallo que ratificaba una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Se ordena así la reposición de los terrenos a la situación anterior a las obras.

A la orden de derribo se suma una incidencia emitida por la Junta, argumentando la imposibilidad de ejecutar la sentencia. Alega el Ejecutivo que costaría 34 millones, y que es mejor para la zona mantenerla urbanizada. Los ecologistas no lo entienden así, insisten en que son terrenos protegidos por la Red Natura 2000, y que las sentencias judiciales están para cumplirse.

Existen nuevos capítulos sin resolver en esta novela que bien podría titularse algo así como 'una historia interminable'. A finales de 2015 se aprobó la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial. En la práctica esto significa que la ejecución de las sentencias en las que se declara ilegal una construcción, y se ordena la demolición, hay que indemnizar al propietario.

La nueva legislación recoge el derecho de los propietarios a la indemnización como condición previa a la demolición para aquellos terceros que actuaran “de buena fe”. Es decir, que abre las puertas a que los propietarios de Valdecañas puedan ser indemnizados, siempre que demuestren que estaban ajenos a todo el proceso judicial.

Mientras los ecologistas piden el cumplimiento de la sentencia, los propietarios (en torno a 160) exigen la devolución de las cantidades que abonaron por unas viviendas que no poseen. A lo que se une que la empresa, en concurso de acreedores, tiene varios millones de euros de deuda a instituciones y particulares.

Un propietario de “buena fe”

Más allá de las interpretaciones que puedan hacerse sobre el significado de “buena fe” lo cierto es que el cambio legislativo complica aún más el derribo.

No obstante, y según la escritura que firmaron los propietarios ante notario, a la que ha tenido acceso eldiario.es, los compradores eran conocedores de que con carácter previo a la compraventa de las viviendas, el 11 de marzo de 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura había notificado la sentencias donde estima los recursos contencioso-administrativos interpuestos por Ecologistas en Acción y ADENEX, contra el decreto que aprueba definitivamente el PIR.

También la sentencia que declaraba nulo de pleno derecho el PIR y se ordena la reposición de los terrenos a la situación anterior. Detallaba la escritura que dichas sentencias han sido recurridas por la Junta, los ayuntamientos y Marina Isla de Valdecañas.

Detalla la escritura que en caso de ordenarse el derribo, y la restitución de los terrenos, Marina Isla de Valdecañas está obligada a recomprar a los compradores que lo soliciten. Sin embargo hay que tener en cuenta que la empresa se ha declarado en concurso de acreedores.

Existe en este capítulo otro protagonista al que se le pueden pedir responsabilidades. En este caso la Junta de Extremadura, en cuanto a su responsabilidad con la promotora por haber declarado la Valdecañas como un Proyecto de Interés Regional (PIR).

Este es el motivo por el que Ecologistas en Acción reclama al Ejecutivo extremeño que revoque de inmediato el PIR. Apunta más cuestiones, como el hecho de que los planes de construcción para la declaración del Proyecto de Interés Regional no se han cumplido, y por lo tanto a su juicio debería de retirarse igualmente.

¿La nueva ley imposibilita el derribo?

Ecologistas en Acción en tiende que no. Hace hincapié en que la Junta no puede alegar la imposibilidad de derribar por las indemnizaciones, porque “queda probado que los compradores no actuaron de buena fe”, teniendo en cuenta que la mayoría de las compras se hicieron tras el primer auto judicial.

En todo caso comenta que quienes hicieron una precompra, entregando 200.000 euros (lo hicieron antes de la primera orden de derribo) han reclamado el dinero ante los juzgados civiles, y la justicia les está dando la razón.