Amnistía Internacional reclama a la Xunta que la acogida de menores migrantes quede fuera de la disputa partidista

Amnistía Internacional (AI) envió este miércoles, víspera de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, una carta a la conselleira de Política Social de la Xunta de Galicia, Fabiola García, en la que le reclama que “aparte la acogida digna de la infancia migrante de la disputa política y partidista” en un momento en el que Canarias acoge a más de 5.800 niños y niñas no acompañados “en recursos residenciales saturados y no adecuados”.

La portavoz de AI en Galicia, Sara Prieto, recordó que en el informe A día de hoy no tengo nada, elaborado por la entidad, están documentados los fallos del sistema en las islas, “como saturación en los centros, errores y mala praxis en la identificación y gestión de su documentación o, incluso, malos tratos”.

“En esta situación, debe garantizarse el interés superior del menor y su derecho a ser acogido en unas condiciones dignas”, añadió antes de reclamar que se “fortalezca” el sistema gallego de protección y se “humanice” el modelo de acogimiento, “priorizando los centros más pequeños o las estancias con familias”.

Para “garantizar” que la Xunta cumple con sus obligaciones en materia de derechos humanos, AI le reclama que en la reunión de este jueves asegure “la protección jurídica efectiva de la infancia migrante, incluida la garantía de su derecho a pedir protección internacional y que no se vulener el principio de no devolución”. “Cualquier decisión que se adopte sobre estas personas menores debe basarse en el principio superior del menor”.

Reclaman además que se garantice la identificación adecuada y activación de los mecanismos de protección en un único protocolo uniforme para todo el Estado que permita determinar la edad de los menores, su derecho a la documentación, a la formación y a itinerarios efectivos de integración.

Solicitan también información y mecanismos de denuncia “accesibles y efectivos”, así como inspecciones periódicas en los centros e investigaciones “exhaustivas” de todos los casos de vulneracións de sus derechos.

AI incide en la necesidad de adoptar “todas las medidas necesarias” para combatir el racismo y la discriminación y lanza un mensaje directo a los cargos políticos: “deben abstenerse de transmitir mensajes y hacer declaraciones que criminalizan o señalan a todo el colectivo” porque “incrementan su vulnerabilidad ante violaciones y abusos de derechos humanos”.

Por último, la entidad reivindica que se cumpla el “principio de solidaridad y responsabilidad compartida” entre las diferentes comunidades autónomas, “cumpliendo con una repartición obligatoria entre ellas”.