Estudiantes de EEUU renuncian a la universidad para proteger a sus padres de ser deportados

En junio de 2017, Erica se matriculó en una universidad pública de Florida. Con sus amplios pasillos, las palmeras que lo rodean y las aulas bien iluminadas, el campus era muy diferente a la fábrica donde trabajan ella y su madre, un sitio en el que los inmigrantes en situación irregular constantemente temen una redada del Servicio de Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés).

La fábrica era un callejón sin salida, un sitio para desesperar; la universidad planteaba un futuro más prometedor. Pero la emoción que Erica sintió cuando entró por primera vez al campus se convirtió en angustia cuando tuvo que completar el formulario de becas.

Para solicitar una beca, Erica tenía que completar información sobre sus padres en el formulario. Si bien Erica –que, igual que todas las personas entrevistadas para este artículo, pidió ser identificada sólo por su nombre de pila– es ciudadana estadounidense, sus padres son inmigrantes mexicanos en situación irregular. Hace mucho tiempo que su madre vive nerviosa por no tener su documentación en regla, pero todo empeoró cuando el ICE detuvo al hermano mayor de Erica en el día del cumpleaños de su madre, hace una década, justo cuando salía de un supermercado con un pastel en la mano.

Erica es una de los numerosos ciudadanos estadounidenses que se encuentran en un callejón sin salida cuando quieren solicitar ayudas económicas del Gobierno: por un lado, los formularios les piden información sobre sus padres, por otro temen que dar esa información alerte a las autoridades sobre la situación irregular de sus padres.

Algunos estudiantes explican que sienten que deben elegir entre “delatar” a sus familias o renunciar a tener educación superior.

Michelle Lapointe, abogada del Centro Legal del Sur para la Pobreza, asegura que la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar “protege la privacidad de la información de los estudiantes”. Ella afirma que sería una violación de la ley que las autoridades educativas brindaran esa información al ICE.

Sin embargo, muchos estudiantes como Erica no saben esto. Incluso algunos que sí conocen la ley no confían en un Gobierno que cada vez es más hostil tanto hacia los migrantes como hacia sus hijos, incluso aquellos nacidos en Estados Unidos.

En el caso de Erica, la ausencia de su hermano magnifica su temor.

Erica estaba en quinto grado cuando el ICE deportó a su hermano a México, su país de nacimiento. Desde entonces no se han visto. “De vez en cuando hablamos por Facetime”, dice Erica, “pero no es lo mismo”.

La madre de Erica sigue sin consuelo, afirma Erica: “Intentamos no hablar de ello”. Aún así, cada año, la madre de Erica revive el trauma en el día de su cumpleaños. Por eso, cuando Erica –que quiere ser ingeniera mecánica– le pidió a su madre la información que necesitaba para el formulario de becas, su madre se negó.

El miedo de su madre era que completar ese formulario provocara su deportación.

“Estaba asustada. Me decía ‘¿Estás segura de que confías en el sitio web del formulario de becas? ¿Y si están intentando localizar a migrantes en situación irregular y quieren perjudicarte a ti o a mí?’”

Erica comprendía la preocupación de su madre. “¿Y si se la llevan y nos quedamos solos?” se preguntaba Erica, que tiene dos hermanas –una mayor, nacida en México y que es parte del programa Daca, y una menor, ciudadana estadounidense que está en el instituto– y un hermano de cinco años nacido en Florida.

A medida que se acercaba el comienzo de clases en otoño, la relación entre Erica y su madre se fue resintiendo. Durante dos meses, Erica le pidió a su madre la información que necesitaba para completar el formulario de becas y durante los dos meses, la madre se negó. Entonces Erica le pidió ayuda a su hermana mayor, la que está en el programa Daca. Si no podía estudiar, no podría cumplir su sueño de ser ingeniera. “No quiero tener un trabajo en el que me paguen poco por hacer algo que no me gusta, ¿entiendes?”

También la entusiasmaba la idea de ser la primera de la familia en ir a la universidad. “Yo entiendo a mi madre”, dice Erica, “pero también tengo muchas ganas de ir a la universidad”.

La hermana de Erica no pudo estudiar en la universidad porque lo intentó a principio de los años 2000, cuando las universidades de Florida clasificaban a los hijos de migrantes en situación irregular como “residentes fuera del estado” a la hora de matricularlos, encareciendolo tanto que resultaba prohibitivo. Pero gracias a su experiencia, conoce el sistema y pudo explicarle los formularios a su madre, aplacando sus temores.

Finalmente, poco tiempo después de que empezasen las clases, la madre de Erica cedió. Aunque no tiene documentos legales, paga impuestos, así que le dio su número de identificación fiscal como prueba de sus ingresos. Erica recuerda que su madre le dijo “dales la información que te piden y si pasa algo” ella se enfrentaría a las consecuencias.

A Erica le otorgaron una beca Pell que cubre toda la matrícula.

(Todas la universidades de Florida contactadas para este artículo se negaron numerosas veces a permitir que entrevistemos a los administrativos de la oficina de becas. Sin embargo, la Oficina de Admisiones de la Universidad Estatal de Florida sí respondió: “Trabajamos caso por caso para ayudar a nuestros estudiantes a pedir becas según las normativas del Gobierno”. Jody Glassman, directora de la oficina de admisiones de la Universidad Internacional de Florida respondió “Hacemos todo lo posible por nuestros estudiantes, dentro del marco de la ley”.)

No todos tienen la misma suerte

Algunos estudiantes no tienen tanta suerte: no logran completar los formularios y acaban renunciando a las ayudas.

Por proteger a su padre en situación irregular, Fernando, de 21 años, tampoco tiene carnet de conducir. Además, hace años que no tiene asistencia sanitaria, aunque seguramente podría tener el seguro de salud del gobierno, Medicaid. El verano pasado, una emergencia médica le dejó una deuda de 80.000 euros.

Básicamente, Fernando –un ciudadano estadounidense– vive como si él también estuviera en situación irregular.

La historia de Fernando es un ejemplo de cómo las familias con algún miembro en situación irregular intentan evitar cualquier contacto con la administración del Gobierno. Según Tanya Broder, una abogada del Centro Legal Nacional de Inmigración, “estas familias desconfían de cualquier interacción con funcionarios porque temen que no se respete su privacidad y que entrar en un programa ponga a un familiar suyo en peligro”.

“Este temor afecta no sólo a las personas en situación irregular sino también a los inmigrantes legales o ciudadanos estadounidenses con familias inmigrantes”, añade Broder.

Con el gobierno actual, las familias tienen más miedo que nunca a ser separadas, y en los últimos meses, los cambios en la normativa de carga al Estado han hecho que los inmigrantes teman que cualquier interacción con el Gobierno les dificulte en el futuro pedir la residencia legal.

Los resultados son desastrosos.

Familias que necesitan cupones de alimentos para ayudar con la alimentación de sus hijos estadounidenses están cancelando las ayudas, según Naomi Tsu, abogada del SPLC. “Familias con uno o más miembros en situación irregular que tienen derecho a ayudas como los cupones de alimentos temen que el ICE detenga a los padres y deje a los niños estadounidenses solos”, explica Tsu.

Tsu también menciona a unos padres que sacaron a sus hijos menores de una guardería pública porque temían que se considerara que estaban recibiendo ayudas del Gobierno. Decidieron dejar a los niños en casa con un hijo mayor mientras trabajaban. Cuando el edificio se incendió, los niños no pudieron escapar.

Tsu subraya que el temor que llevó a esos padres a sacar a sus hijos de la guardería y que hace que otros rechacen los cupones de alimentos es “común”.

Fernando quisiera ser psicólogo infantil, un sueño fruto de su difícil infancia en California. Poco después de su nacimiento, el ICE detuvo y luego deportó a su padre por “pertenecer a una pandilla”. Determinado a ver a su hijo, pero imposibilitado de entrar a Estados Unidos de forma legal, el padre de Fernando cruzó la frontera de forma ilegal. Sin embargo, le llevó años poder regresar y no se conocieron hasta que Fernando tenía 4 años.

La madre de Fernando, nacida en El Salvador, trabajaba en restaurantes de comida rápida, por salarios muy bajos. Madre e hijo se mudaban a menudo y tenían muchos problemas económicos.

Fernando, que antes era popular y extrovertido, se volvió tremendamente tímido. Aumentó de peso y tenía problemas para concentrarse. Al notar su sufrimiento, su abuela lo instó a ir a terapia. Con el tiempo, logró superar sus problemas. Ahora, Fernando quiere devolver ese bien a la comunidad, ayudando a niños pequeños que sufran enfermedades mentales.

Con 20 años, decidió matricularse en la universidad para cumplir su sueño, pero entonces tuvo que completar el formulario de becas.

Fernando vive con su abuela, que está en situación irregular y nunca lo adoptó formalmente. Fernando pensaba que para pedir una beca, tendría que presentar la información de las dos personas que figuran en su certificado de nacimiento: su madre y su padre.

“Necesitaba la información fiscal de mis padres”, dice. Fernando explica que aunque su madre es ciudadana estadounidense, ella vive en California y sus papeles fiscales estaban “repartidos por muchos sitios porque se muda muchas veces”.

El padre de Fernando es jardinero y vive en Florida, pero desde que volvió a Estados Unidos hace casi dos décadas no quiere tener ningún trabajo registrado porque teme que pagar impuestos haga que lo vuelvan a deportar.

En teoría, Fernando podría completar la información de su padre en el formulario, poniendo ceros donde pide en número de seguridad de social. Pero dice que su padre no quiere “que las autoridades sepan que está aquí. Toda mi familia vive paranoica por esto. Cuando fui a pedir una beca, mi tía me dijo: ‘No menciones a tu padre’”.

¿Por qué Fernando no se declaró independiente económicamente? En líneas generales, todos los estudiantes menores de 24 años se consideran dependientes de sus padres y solo en casos excepcionales se los considera independientes.

Fernando acabó pagando la matrícula de su bolsillo, pero solo puede hacer clases intermitentemente. En la primavera de 2017 cursó su primera clase, la segunda en verano de 2018. Mientras tanto, trabaja de jardinero. (Como es un gran seguidor de Bernie Sanders, remarca que si la universidad pública fuera gratuita para los estadounidenses, como reclama Sanders, él no tendría que pedir ninguna beca).

Traducido por Lucía Balducci