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Los proyectos ruinosos de Avalmadrid: de un parque fotovoltaico en Texas a una película en El Escorial con Julia Ormond

Los actores Jason Isaacs y Julia Ormond, protagonistas de la película 'La Conjura de El Escorial'

Raquel Ejerique

La empresa semipública Avalmadrid (más del 40% la financia la Comunidad y 40% Bankia) avaló numerosos proyectos ruinosos en la época que ha investigado el Banco de España (de 2008 a 2016, bajo los gobiernos de Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes). Según constata también la auditoría de 2019 del propio ente, de los 167 avalados que se pusieron bajo investigación, 100 arrojaron irregularidades y más de un tercio de los 82 millones de euros concedidos resultaron morosos o dudosos.

Entre las malas decisiones que se tomaron en el ente controlado por la Comunidad de Madrid, que tiene la presidencia, el informe interno destaca algunas operaciones que beneficiaron a sociedades fuera del tejido empresarial madrileño, al servicio del que supuestamente se puso Avalmadrid —que el año pasado firmó avales por 352 millones, de modo que los avalados investigados son unos pocos pero los de mayor importe—.

Un ejemplo de operación que salió mal para las arcas públicas en ese periodo fueron los 2,8 millones que se facilitaron a la empresa energética Ercam para que construyera un parque fotovoltaico en Texas (EEUU). La situación de partida era buena, pero la empresa española no estaba sola, sino en coalición con OCI Solar Power, una empresa surcoreana que tenía el 51% de la sociedad que iba a construir esa planta, es decir, la mayoría. El macroproyecto fue en parte financiado por Avalmadrid, que iba a recibir como garantía “derechos de crédito que se generasen de la venta de energía solar volcada al sistema eléctrico americano”. Pero nunca vio ni un euro.

La primera operación de financiación que se aprueba es de un millón y medio, y sale adelante en 2014 contra las instrucciones del Banco de España, que había alertado en 2012 de que no se podían seguir aprobando operaciones millonarias que no contaran con un reaval asegurado al 100% (esta lo tenía al 50%). Pese a que contravenía los requerimientos de la máxima autoridad bancaria, los consejeros de Avalmadrid siguieron dando salida a operaciones de alto riesgo tras hacer creer al Banco que había implementado mejoras. El segundo aval se concede para refinanciar el primero, ya que la sociedad de construcción pasaba entonces por dificultades financieras.

El mismo año en el que se concede el primer aval y se ayuda a una iniciativa en EEUU aunque con un socio español, la empresa surcoreana hace una ampliación de capital, diluye a Ercam en el accionariado y se asocia con otra empresa tecnológica surcoreana, de modo que la española queda fuera del proyecto, no recibe nunca esos derechos de venta de energía solar y los créditos no se pagan. Las garantías que se dieron no sirven ahora para nada y Avalmadrid se queda al descubierto.

La propia auditoría critica que el ente semipúblico se metiera en un “macroproyecto” en un sector que requiere “extremo expertise en un marco internacional muy regulado que entendemos se escapaba del conocimiento suficiente de Avalmadrid”.

Una película en El Escorial

Una operación de aval que quedaba muy cerca de casa pero igualmente ruinosa fue La Conjura del Escorial, como adelantó El Confidencial. Era una película de intrigas palaciegas que se desencadenan tras un asesinato en la corte de Felipe II y que se rodaba en la localidad madrileña, Toledo, Úbeda o Jaén. El proyecto, del actor y director Antonio del Real, costaba 11,25 millones y lo producía Máscara Films, empresa de la que él tenía el 40%. Su principal gancho eran los actores internacionales Julia Ormond, que hacía de princesa de Éboli, y Jason Isaacs. Compartían reparto con Juanjo Puigcorbé, Concha Cuetos, Rosana Pastor o el italiano Fabio Testi. Una de las guionistas fue la escritora Marta Rivera de la Cruz, hoy dirigente de Ciudadanos y Consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.

En la presentación del rodaje, Del Real contó que había trabajado tres años en el proyecto y se quejó de que había “muchas zancadillas y trabas por parte de las instituciones”, por ejemplo, a la hora de rodar en lugares históricos. En la parte económica, sin embargo, sí había recibido ayuda pública. Su proyecto estaba en parte garantizado por Avalmadrid y financiado por Caja Madrid y CRM, una sociedad semipública de la que eran accionistas la misma Caja Madrid y la Comunidad de Madrid. Todas estas empresas estaban interrelacionadas y compartían consejeros, de modo que los inversores eran los mismos que los avalistas, en evidente conflicto de interés que destaca también la auditoría. Especialmente en el caso de Pedro Olabarría, que era miembro del consejo de Avalmadrid y a la vez director general de CRM. Al principio iban a participar también Canal+ y la Comunidad de Castilla y León, pero estos inversores se echaron finalmente atrás.

En concreto, a Avalmadrid le había pedido 1,3 millones de euros de garantía y el plan era ingresar 15 millones de euros (recaudó menos de dos), pero el informe interno destaca que la película no disponía de recursos propios más allá de la financiación y posibles subvenciones, y todo se fiaba al interés de los espectadores, que fue mucho menos del esperado. De hecho, cuando se le concedió el aval ni siquiera tenía firmado un contrato de distribución (solo una carta de interés de Sony que nunca se materializó). Se estrenó en septiembre de 2008, después de necesitar un segundo aval de 300.000 euros para el que el director de la película aportó una casa como garantía y que fue embargada, de modo que Avalmadrid pudo recuperar este segundo aval aunque no el primero, de un millón, según relata la auditoría.

Un club social fracasado

Otro proyecto millonario que acabó mal fue el del Club Social Santo Domingo, que recibió 4,2 millones (uno de los importes más altos de los investigados) para construir un recinto de instalaciones deportivas y restaurantes en el municipio de Algete. Necesitaban unos 3.500 socios que pagaran entre 12.000 y 18.000 euros al año, pero la auditoría destaca que ni siquiera presentaron un plan de negocios completo y, aun así, reciben el dinero, que no ha sido recuperado. La empresa está en concurso de acreedores.

Nutren la lista de avales investigados, y que quedaron sin cobrar, los solicitados por Arturo Fernández y Gerardo Díaz Ferrán, empresarios, presidentes de patronal y amigos de Esperanza Aguirre, a cuyo partido financiaron a través de Fundescam. Los empresarios recibieron seis millones de euros en avales semipúblicos con sus empresas en situación de quiebra y ayudados, en el caso del dueño de Marsans, por una carta enviada por el consejero de Economía de Aguirre. También la auditoría interna de Avalmadrid destaca conflictos de interés en otras operaciones a través de las que se que financiaron proyectos de hijos, suegros o hermanos de consejeros, además de empresas en los que éstos últimos tenían intereses.

La investigación del Banco de España ha dado lugar a una propuesta de multa para Avalmadrid y la Consejería de Economía de Madrid. La Fiscalía ha constatado indicios de “créditos fraudulentos”, aunque ha archivado la causa por prescripción de los delitos. En la Asamblea, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos han pedido una comisión de investigación sobre la entidad y presentarán preguntas sobre el crédito que recibió el padre de Isabel Díaz Ayuso, y por el que la presidenta medió cuando ya estaba en política.

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