Carmen López: “El bienestar de los mayores no puede estar supeditado al beneficio de una empresa privada”

Carmen López consiguió que su madre fuese derivada de una residencia de ancianos al hospital porque se saltó el estado de alarma en abril de 2020 y se acercó al centro de mayores. “Insistí, supliqué y lloré”, explica durante la entrevista con elDiario.es. Su progenitora finalmente terminó falleciendo un mes después tras llegar al complejo sanitario “con una neumonía bilateral y con un nivel bajo de saturación de oxígeno en sangre”.

López forma parte de la plataforma Marea de Residencias, conformada por familiares y trabajadores. Este colectivo promovió en mayo varias demandas contra responsables de centros de mayores, que actualmente se están investigando en los juzgados. De cara a las elecciones, pide a los partidos que el modelo de atención a la tercera edad “cambie radicalmente” y se apueste por un sistema de residencias públicas.

¿Dónde se recuerda hace un año?

En abril de 2020 mi madre estaba en el hospital [Severo Ochoa derivada de la residencia Parque de los frailes]. Ingresó porque insistí, supliqué y lloré. La doctora, que era suplente de fin de semana, pidió autorización porque yo se lo dije y se la concedieron porque ella se equivocó y le dijo a la geriatra que mi madre caminaba [iba en silla de ruedas]. Entre el día 2 y el 5 de abril fue una situación tremenda porque no pudimos hablar con mi madre, ella tenía un teléfono móvil al que nosotros la llamábamos a diario varias veces. Ni jueves ni viernes ni sábado ni domingo pudimos hablar con ella. El domingo ingresó muy grave con una neumonía bilateral y con un nivel bajo de saturación de oxígeno en sangre, ese día la doctora me llamó diciéndome que [mi madre] no me cogía el teléfono porque estaba muy mal.

Para mí fue muy duro porque sé que esos tres días [previos] fueron vitales. Entiendo que esos días estaba muy malita, nosotras no pudimos hacer nada, no sabíamos ni siquiera que estaba malita porque su doctora habló el viernes con mi hermana y no le dijo la situación en la que se encontraba. Y, lógicamente, lo tuvo que pasar muy mal. El 5 de abril yo me presenté en la residencia. Decidí que me saltaba el estado de alarma y que mi madre iba a ingresar. No sabía cómo iba a hacerlo, pero yo me planté allí y, efectivamente, le dieron la autorización. Seguí a la ambulancia con el coche. La vi de lejos en la camilla y pude tocarla a través de la sábana, sin acercarme mucho. 

¿En qué momento se dieron cuenta en la plataforma de que los residentes no estaban siendo derivados a los hospitales?

Me di cuenta porque estaba en varios grupos de WhatsApp de plataformas de familiares de residencias de Aralia. Por los comentarios que se hacían era bastante obvio. Entonces, yo tenía contacto con periodistas, y me comentaron que había un protocolo. Era muy obvio que no estaban derivando en ninguna residencia y que ni siquiera informaban. Fue horrible, una situación que realmente no te puedes ni creer. 

Les avisaban de un día para otro. No daban ni siquiera la opción a que el familiar pudiera decir: 'Oye, ingresadlo en el hospital'. Les decían que tenían unas décimas de fiebre y al día siguiente, que había fallecido. Entiendo que muchas veces por descontrol, porque no conocían la situación; y otras, también por no informar, para que no les pidieran la derivación al hospital.

¿Cuál fue la respuesta de las residencias? ¿Era homogénea? ¿o no todos los centros actuaron de la misma forma? 

La situación en las residencias ha sido muy similar: información cero, no coger el teléfono, no saber nada de tu familiar ni de lo que pasaba dentro de la residencia. Opacidad absoluta. Aunque, sí que es cierto que ha habido algunos casos aislados — los menos —en los que sí que se les ha dicho a los familiares que no podían derivar a los residentes al hospital. 

Han emprendido acciones legales contra residencias y contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿en qué punto se encuentran?

La primera acción fue el 11 de mayo [presentaron la primera querella], aunque la decisión es anterior, yo ya era querellante con mi madre simplemente en el hospital. Las primeras se presentaron en Madrid capital y luego se hizo lo mismo en Alcorcón y Leganés. Tardaron muchísimo en salir las primeras diligencias. En Leganés están en investigaciones, no han citado a nadie, solamente están recabando documentación de las residencias y del hospital. Y luego se presentaron [otras demandas] en Getafe, Coslada, Alcobendas, Pozuelo, Majadahonda y Fuenlabrada.

¿Cómo valoran la actuación judicial hasta ahora?

Somos optimistas porque somos positivos, no porque realmente las cosas sean como nos gustaría que fueran. También estamos viendo que la actuación de la Fiscalía es nula, cuando debería de ejercer la defensa de los querellantes, está defendiendo todo lo contrario. Entonces, que por lo menos se esté investigando lo sucedido, que haya diligencias abiertas, nos parece positivo ante esa actitud tan pasiva [del Ministerio Público].

En la Asamblea de Madrid se abrió una comisión de investigación sobre la gestión de los centros de mayores durante la pandemia. Con la convocatoria electoral ha dejado de funcionar, ¿estaban satisfechos con su funcionamiento?

Ha sido muy esclarecedor y bastante interesante. He ido guardando las actas de cada sesión porque ha habido muchas que se pueden utilizar para presentar en las querellas como pruebas testificales. Las comparecencias de Encarnación Burgueño, Carlos Mur, [Francisco Javier Martínez] Peromingo, de una directora de residencia de Amavir; han sido declaraciones bastante comprometidas con este tema. 

Ahora que se ha paralizado la investigación por este caos político que estamos teniendo, sabemos que en un futuro no va a ir más allá, se queda aquí. Si en la Asamblea de Madrid se decide por mayoría volver a iniciar una comisión de investigación va a tener que partir de cero, pero lo que sí es cierto es que esto nosotros lo tenemos en nuestro haber. Espero que a muchos ciudadanos les haya abierto los ojos de lo que realmente ha pasado y quiénes han sido los responsables de todo.

¿Es sencillo conocer lo que ha sucedido y sucede en las residencias? ¿Cómo valoran la transparencia de la Comunidad de Madrid?

Tienes la visita en un salón y no se puede entrar más allá. Antes se podía ver los menús que tenían, si contaban con las enfermeras que establecía el pliego de condiciones. Ahora ya es inviable. Los familiares no pueden acceder al interior. Lo que antes eran carencias, ahora nos imaginamos que será mucho más terrible. [A partir del lunes la Comunidad permite que las visitas a residentes vacunados que estén inmovilizados se realicen dentro de sus propias habitaciones, por primera vez desde que irrumpió la pandemia].

En la primera ola, el foco de la pandemia en la Comunidad de Madrid fueron las residencias ¿Cómo se ha vivido el resto de olas dentro de los centros de mayores? 

En cuanto a información de fallecidos, ha habido menos datos en las siguientes olas. En la primera, como estaba [el exconsejero de Políticas Sociales] Alberto Reyero y lo hizo público, se supieron los fallecidos que hubo, pero después no se ha conocido esa cifra. Todos los datos públicos solo recogen el número de fallecidos en los centros, no en los hospitales. No son [cifras] reales. 

En cuanto a los contagios, es tremendo que después de haber vivido todo un año una pandemia, haya seguido habiendo infecciones cuando ya había una inmunidad alta en las residencias. ¿Qué ocurrió? Que la Consejería de Políticas Sociales, con el señor Reyero, obligó a los residentes que habían salido —aquellos que sus familiares se habían llevado a sus domicilios a lo largo de marzo y junio— a volver o a perder la plaza. Muchos optaron por volver. Además, quisieron cubrir todas las plazas que quedaron vacantes tristemente por todos esos fallecimientos y al ingresar gente de fuera, que no tenía esa inmunidad porque no habían estado contagiados, vuelta a empezar. 

Vuelta a empezar también porque no se ha aprendido que hay que sectorizar, que hay que hacer burbujas de convivencia, que los trabajadores no pueden moverse por todas las plantas, que tiene que haber EPI y unas medidas exhaustivas de protección. En una reunión en la Consejería que se celebró en noviembre una trabajadora que vino con nosotros contó que a ella le daban una mascarilla quirúrgica para toda la jornada, el director del AMAS [Agencia Madrileña de Atención Social] le dijo que era correcto. Una mascarilla quirúrgica para cada jornada. Entendemos por qué se producen contagios. 

¿Cómo es el día a día ahora en las residencias con los mayores ya vacunados?

Hay residencias que siguen manteniendo ese candado. No quieren soltar ese privilegio que tienen. Los residentes que están vacunados pueden salir, pero las familias se siguen encontrando con un tope al entrar en los centros, no pueden pasar de un punto determinado, y solo pueden acudir tres horas a la semana. Seguimos en una situación de anormalidad absoluta.

La incapacidad de contener una pandemia en los centros de mayores ha revelado carencias en el sistema de atención a la tercera edad, ¿hacia dónde tiene que evolucionar este modelo? 

Hemos redactado una serie de puntos que nos gustaría llevar a nivel estatal para que haya un modelo básico que sirva a todo el Estado. Más allá del análisis que nosotros podamos hacer como familiares, trabajadores o como persona de la sociedad en general, esto debería tomarse muy en serio y hacer un análisis profundo, ya de una vez por todas. 

El modelo tiene que estar centrado en la persona, los cuidados tienen que ser alrededor de la persona y no a la inversa. Llevamos décadas, desde que se creó la ley de la dependencia, viendo cómo funciona el negocio del dinero público y las empresas privadas. Este sistema, que ya era imperfecto de por sí, se ha ido deteriorando cada vez más.

¿Qué les piden a los partidos en esta campaña?

Queremos que el modelo cambie radicalmente. Que haya una ley de residencias a nivel estatal, que establezcan los cauces para que ese modelo sea viable y, por supuesto, residencias públicas. La garantía del bienestar de las personas tiene que estar supeditada a la garantía de las instituciones. No puede estar supeditada a empresas privadas que buscan solamente obtener beneficios.