Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
El PSOE convierte su Comité Federal en un acto de aclamación a Pedro Sánchez
Las generaciones sin 'colchón' inmobiliario ni ahorros
Opinión - El extraño regreso de unas manos muy sucias. Por Pere Rusiñol

“El túnel de Esperanza Aguirre para Gran Vía es un despropósito”

Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid.

Andrés Gil

José Manuel Calvo es el responsable del área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. A diferencia de otros momentos políticos e históricos en los que los concejales de Urbanismos dedicaban cada semana a cortar cintas, colocar primeras piedras y anunciar grandes infraestrcuturas, Calvo define tres ejes para su mandato, del que ya se ha consumido año y medio: “Rehabilitar edificios, reducir el vehículo privado para mejorar la movilidad y reconducir grandes operaciones heredadas”.

Uno de los problemas que se detecta en los centros históricos de las capitales en la gentrificación. ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento para atajarlo?

Tenemos una mayor capacidad para abordar ese problema sin que pase como Barcelona, con una moratoria o medidas extremas para frenar un proceso que es prácticamente irreversible.

¿En qué zonas quieren intervenir?

Tenemos estudios que dicen que Centro tiene una situación que, a corto o medio plazo, puede situarse en una situación problemática. Sobre todo Sol y Cortes, que son barrios particulares porque la incidencia de la vivienda allí desde hace mucho es irrelevante.

¿Cómo piensa actuar?

Hay que actuar con rigor, poniendo encima de la mesa el problema y las soluciones posibles, Tenemos que situarnos en el marco de la ley y las normas. Hay dos vías de actuación: tratar de controlar, y no es fácil, los procesos de desarrollo de la vivienda turística, distinguiendo bien entre el que alquila una habitación para ganarse un dinero el fin de semana que se va de casa o para completar el salario porque es bajo, y esas situaciones son comprensibles, pero hay gente que está haciendo negocio con la vivienda turística por fuera del sistema oficial. Eso, por un lado. Para combatir ese asunto necesitamos que la Comunidad se implique, necesitamos leyes que ahora mismo no existen.

Por otro lado, tenemos una capacidad relativa, tenemos competencias, pero no todas ni somos el gran actor para controlar esta situación, pero a través del Ayuntamiento y de la interpretación de las normas urbanísticas y del plan general podemos establecer determinados filtros para evitar que sigan proliferando los instrumentos de planeamiento que están dando pie a estas actuaciones, como son los planes especiales. 

En esa línea, estamos analizando fórmulas para poder interpretar de una manera más restrictiva el plan sobre todo en este tipo de ámbitos para evitar la proliferación de estos planes especiales. Como administración, si un plan especial cumple la normativa, puede gustarte más o menos, pero estás obligado a tramitarlo. Lo otro, todos sabemos como se llama. Estamos trabajando para desarrollar los instrumentos limitados que tenemos.

Barcelona ha llegado a multar a Airbnb.

Están empezando a regular la vivienda y tienen las leyes de la Generalitat, que no tenemos nosotros, la Comunidad de Madrid aún no se ha mojado.

¿Les interesaría?

Es un tema muy delicado. Hay que distinguir muy bien entre quien está haciendo negocio por fuera del sistema y el que está alquilando su habitación y su casa para completar su salario o para poder pagar la hipoteca. Hay que distinguir esas situaciones, pero no es sencillo. Es como el BlaBlaCar: el que hace un viaje a Valencia y quiere pagarse la gasolina llevando a dos personas, nos parece legítimo. El que tiene 4-5 coches y en lugar de abrir una empresa y pagar sus impuestos está actuando como una empresa de transporte por fuera del sistema sin pagar impuestos, evidentemente las administraciones tienen que trabajar por que eso no ocurra.

¿Tienen calculado el volumen de este negocio?

No, no tenemos esa cifra. El distrito Centro ha encargado un estudio para tratar de hacer una estimación, porque es complicado, no tienes instrumentos de medición. El distrito es muy representativo, porque es donde la vivienda turística genera más problemas: lo que sí se está viendo es que la vivienda turística está proliferando en tanto que se han incrementado de una manera muy relevante los precios del alquiler y de venta de vivienda. Tiene que ver con que hay alguien que está comprando para sacar un aprovechamiento, un lucro, más que para vivir en ellas.

Otra queja es el de los comercios tradicionales, de barrio, que a veces desaparecen en favor de franquicias. ¿Preocupa?

Sin duda. Lo que nos preocupa, y pensamos que es lo que debe hacer la administración responsable, es proteger a los vecinos y vecinas de la ciudad y la calidad de vida de los barrios. Para ello, no solamente se trata de aplicar medidas de mejora de la movilidad, de adecuación del espacio público, de ajardinamiento, mejora de los edificios, sino también garantizar una ciudad compleja, que tenga mezcla de usos y una ciudad en la que no aparezcan lugares o sectores que sean casi parques temáticos. Eso es lo peor que le puede ocurrir a una ciudad. En esa línea estamos comprometidos en tratar de paliar estas situaciones, pero con rigor y diciendo que no es sencillo porque en los últimos 20 años se ha producido un proceso de desregulación donde cada vez es más complicado proteger usos, establecimientos históricos, determinadas actuaciones y en esa línea lo que no vamos a hacer es actuar en contra de la ley, pero sí que hay que tratar de encontrar resquicios legales y normativos para evitar o paliar este tipo de situaciones.

¿Y la operación Canalejas no es eso?

Sí, nosotros no la habríamos aprobado, pero el problema es que cuando nosotros llegamos estaba un edificio a medio construir, ocho edificios desmantelados y un agujero en el centro de la ciudad. Ahí tienes dos opciones, una es mirar para otro lado y otra es tratar de aplicar soluciones paliativas que mejoren el proyecto en la línea de reducir el impacto que pueda generar, mejorar la movilidad que era una aberración lo que tenían planteado como esa estación subterránea de autobuses, pero la operación Canalejas te la encuentras y tienes que darle una solución, como si nos hubiéramos encontrado el plan de la operación chamartín aprobado, pues estaríamos en otro escenario muy distinto.

Afortunadamente no llegaron a aprobarlo, pudimos anularlo y ahora estamos en disposición de plantear un nuevo plan: tu llegas a los procesos cuando llegas y tienes que abordarlos con seriedad y con rigor.

¿No les ha pasado precisamente eso, que gestionan más la herencia que una iniciativa propia?

Yo creo que ese planteamiento que, como eslogan está bien, es poco serio y minoritario. Nosotros hemos planteado tres estrategias muy claras para cambiar el modelo urbano.

En primer lugar, una estrategia de regeneración global y centrada fundamentalmente en los barrios de la periferia, de aquellos barrios que han adolecido de inversiones, de mejoras en los edificios, de subvenciones para rehabilitar, etc, Ese plan está en marcha, el Plan MAD-RE, más de 1.000 solicitudes en menos de ocho meses y casi 17.000 familias que se van a beneficiar de estas ayudas, y nuestro objetivo es que siga creciendo.

En segundo lugar, hemos dicho que hay que cambiar el sistema de movilidad y creo que hemos sido claros y se han tomado una serie de medidas seguramente a alguien les pueda parecer modestas. Pero venimos de donde venimos, y tenemos el Pleno que tenemos, con una serie de grupos que, si restringes la utilización del coche poco menos que te llaman bolivariano. Estamos decididos a cambiar el sistema de movilidad, apostar por el transporte público. 

Y la tercera pata, fundamental, es la reconducción de las grandes operaciones urbanísticas.

En la operación Canalejas, nos encontramos con un agujero en medio de la ciudad y hay que darle una solución. ¿Qué vas a hacer? Otra solución habría sido utilizar la dinamita, pero yo creo que igual eso a los madrileños no les habría interesado demasiado y a los que en su momento pagaron 400 millones de euros por el edificio, pues igual también nos habrían pedido algún tipo de indemnización. Y no sé, alguna vez me lo han dicho, como anécdota, ¿por qué no lo expropiasteis? Pues a ver si alguien entiende que el Ayuntamiento de Madrid se gaste 400 millones de euros en comprar una manzana en Sol, 400 millones es toda la inversión que hemos hecho en las áreas de urbanismo y medio ambiente, el 8% del presupuesto municipal. Nadie entendería que el Ayuntamiento de Madrid dilapidara el dinero en hacer ese tipo de operaciones, que nos situaría en un marco de marginalidad, de casi hacer el ridículo ante la gente si un gobierno planteara eso. Nosotros no lo vamos a hacer.

En relación con el plan Chamartín, Puerta Norte, como lo llaman ahora. El BBVA ha renovado los derechos aunque anunciaron que desistirían si no había acuerdo al 31 de diciembre. ¿Creen que habrá acuerdo para un nuevo plan o que están esperando a otro gobierno municipal para recuperar el plan original?

No creo que estén esperando.

Pero ¿necesitan al BBVA y San José, componentes del antiguo consorcio Distrito Castellana Norte, para llevar a cabo el proyecto?

El Ayuntamiento de Madrid, no. Pero hay otros actores que también juegan. El Ministerio de Fomento ha decidido de manera unilateral renovar el convenio con el banco. Nosotros jugamos en ese escenario. Hay cuatro actores fundamentales en esta operación: el Ayuntamiento como competente en la definición del modelo de ciudad; Adif, como propietario de los terrenos –hay que recordar que el 82% de esos suelos son suelos públicos, por eso es tan importante que la iniciativa pública no se pierda–; está DCN, como adjudicatario de esos derechos sobre todo los suelos del propietario mayoritario –Adif–; y luego está otro actor fundamental, que es la junta de compensación de Fuencarral-Malmea, que son propietarios del polígono industrial que desde hace 24 años están a la espera de la operación Chamartín, que nunca llegaba.

En ese marco, y si tenemos en cuenta que el Ministerio y el banco han renovado durante dos años, parece que si renuevas por dos años teniendo en cuenta que el mandato termina en dos años y medio, lo razonable es que se haya hecho con el objetivo de llegar a un acuerdo con este gobierno, porque no creo que nadie esté pensando en un escenario alternativo en los dos próximos años. A partir de ahí, nosotros, por lo que estamos trabajando en esas mesas técnicas que se han convocado, da la sensación de que el proyecto va por buen camino, sin lanzar las campanas al vuelo, aún tenemos posiciones diferenciadas en determinadas cuestiones que son fundamentales, pero pensamos que el proyecto va por buen camino, y estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo por tres razones: porque al ministerio le interesa; al inversor privado le interesa más que esperar sine die o meterse en un proceso judicial que no sabe cuándo va a terminar ni en qué va a terminar; y porque a nosotros también nos interesa solucionar una brecha en la ciudad de Madrid que está rodeada de edificación, que genera un problema de movilidad y de conectividad entre los barrios que están alrededor y hay que resolver ese problema: no podemos esperar más. Como los tres estamos interesados en resolverlo y hay buen entendimiento yo espero que lo consigamos.

¿En qué fechas?

Nosotros hemos dicho que en el plazo de seis meses como máximo para tener un acuerdo. Y, después, un año o un año y medio para tramitar una modificación puntual del Plan General. Si hay acuerdo entre Ministerio, el Ayuntamiento de Madrid, el propio banco, la junta de compensación y la Comunidad de Madrid ha dicho que si hay un acuerdo se sumará, y si estamos de acuerdo las tres administraciones que van a tener que informar, eso agilizará la tramitación del Plan General. Podemos hablar de una modificación puntual que puede llevarnos a un año y medio o a nueve meses. La modificación del Mahou-Calderón la hicieron en nueve meses, que fue histórico. Estamos en disposición de poder hacer algo así.

La Gran Vía. ¿Qué opina de la propuesta de Aguirre de hacer un túnel?

Esa idea ya fue de Manzano, es curioso que Aguirre está reviviendo aquel proyecto. Nosotros entendemos que es un auténtico despropósito. El túnel de Esperanza Aguirre es un despropósito. Lo descartamos de partida. Lo era entonces y no digamos ahora. Entonces había menos conciencia del problema que genera el tráfico, ahora  casi el 80% de la sociedad tiene conciencia de los problemas de contaminación que produce la circulación de coches, sobre todo en el centro de la ciudad. Hacer un túnel sería ir en contra de todos nuestros planteamientos políticos, ideológicos y de nuestros principios más básicos: anteponer la salud de los ciudadanos a cualquier otro tipo de intereses.

Su propuesta es la de la plataforma única con uno o dos carriles por sentido en función de las horas, ¿a partir de cuándo?

Ahora mismo está el proyecto en redacción, hemos convocado una consulta con algunos aspectos que nos permitan mejorar el proyecto. El proyecto es relativamente sencillo, sólo hay que diseñar ese pavimento, cómo va a ser ese carril continuo y las intersecciones, y los elementos de señalización, lumínicos o bolardos, parece que lo más intuitivo es un elemento luminoso. Y poco más. El proyecto no es muy complejo, pero queremos enriquecerlo con la opinión de los ciudadanos y a final de año estaremos en disposición de iniciar esas obras.

¿Es una obra larga?

No, no. Es una obra relativamente sencilla.

¿Cuánto puede durar?

Los técnicos municipales afinarán, pero es una obra de entre cuatro y seis meses.

La Gran Vía se ha convertido en un eje que cruza la ciudad.

Aquí hay una decisión política clara: reducir tráfico del centro de la ciudad. La Gran Vía ahorra desplazamientos por la M-30. Eso es lo que hay que eliminar. Por supuesto, los residentes seguirán pasando por la Gran Vía, la carga y descarga, el transporte público...

La alcaldesa habló de una lanzadera de Plaza de España a Cibeles.

Lo que ha dicho es que se están buscando opciones de mejora del transporte público, y una opción era una lanzadera, o que pasen dos líneas en lugar de todas las que pasan ahora. Pero al final lo definirán los técnicos de movilidad y de la EMT.

Habla de reducir tráfico en el centro, pero, ¿cuáles son las alternativas?

Nosotros apostamos por la disuasión en origen. Los aparcamientos disuasorios que están proyectados y algunos serán muy útiles, en todo caso absorberían 15.000 coches y hay un millón de desplazamientos diarios.

¿Y cómo van a dejar el coche?

Con las medidas de Gran Vía en Navidades se ha detectado un efecto: la evaporación del tráfico. Se analizaron las principales calles alternativas a Gran Vía –los bulevares– y se pensaba que el flujo de Gran Vía se desviaría por esas calles. Pero no ocurrió: la gente entendió que había otra forma de entender la movilidad y que había otros medios para ir al centro. Esto ha pasado en Copenhague, Estocolmo, Berlín... Ahora lo tienen asumido, como ahora parecería ridículo que el Ayuntamiento reabriera Preciados al tráfico. Las situaciones generan mucho ruido y mucha polémica cuando se plantean pero luego se vuelven irreversibles en la percepción de la gente.

¿Dónde más se va a producir la reducción del coche?

Estamos con un proyecto piloto en Chamberí, las calles 30, con la rebaja de la velocidad a 30 kilómetros por hora. El modelo de la super isla de Barcelona y disuade circular por ahí en algunas manzanas. Además, tenemos el objetivo de ampliar las Áreas de Prioridad Residencial (APR) al ensanche de la ciudad. Ahora hay cuatro –Ópera, Embajadores, Centro y Letras– y falta Universidad y Justicia. En lugar de seguir haciendo APR, dijimos que apostaríamos por el modelo en todo el distrito centro, que todo el distrito Centro fuera una APR única, un área de bajas emisiones.

Etiquetas
stats