Viviendas de uso turístico: esperando a la Justicia, temiendo la tibieza política

Mientras que el Ayuntamiento de Madrid espera para mover ficha a que la Justicia se pronuncie sobre la actual normativa que regula las viviendas de uso turístico (VUT) en la capital, aprobada en julio de 2018 por el Gobierno de Carmena y recurrida ante los tribunales, el fenómeno del alquiler vacacional avanza al margen de la ley mientras que el tiempo corre en contra de los vecinos y del carácter residencial de los barrios.

El vigente Plan Especial de Hospedaje exige un acceso independiente para las VUT y, aunque actualmente ninguna de las viviendas dedicadas al alquiler vacacional actúa con licencia urbanística, el Ayuntamiento no ha podido precintar estos pisos y las órdenes de cese de actividad dictadas por los inspectores municipales correspondientes, más de 800 desde la entrada en vigor del Plan, no han servido para mucho, siendo recurridas más de la mitad de ellas.

El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes (Cs), ya ha expresado la voluntad del Consistorio de cambiar la legislación sobre VUTs aprobada en la anterior legislatura, sin adelantar los planes al respecto del actual Gobierno.

Sí dejó claro hace unos días el concejal presidente del distrito Centro, José Fernández (PP), en entrevista con Somos Malasaña, que el gobierno de Almeida considera las viviendas de uso turístico una actividad económica y que como tal debe estar regulada por el urbanismo.

Como el hecho de que son un negocio parece ser que lo tienen bien claro tanto vecinos como autoridades y hasta quienes se dedican al alquiler vacacional, la clave está en ver cuán restrictiva o permisiva será esa regulación que tiene en mente el tándem en el poder PP-Cs.

Decía el concejal de Centro que la nueva ley que se haga deberá ser muy clara para que cuando se lleven ante los tribunales las distintas órdenes de cese de actividad la interpretación que de la norma pueda hacer un juez sea mínima, algo que, según José Fernández, no sucede ahora, por lo que cree que hablar del número de actuaciones llevadas a cabo desde el pasado septiembre en aplicación del Plan Especial de Hospedaje resulta engañoso para los ciudadanos.

Sobre estas palabras del concejal de Centro cabe decir que, más allá del posible efecto disuasorio que pudo tener el Plan de Carmena, situaciones flagrantes de alquiler de viviendas para uso vacacional en edificios residenciales de la zona de Malasaña -identificadas, denunciadas y, en muchos casos, contadas en este mismo periódico- se siguen produciendo como si tal cosa.

Decía también Fernández que su principal objetivo como responsable del distrito Centro es garantizar el carácter residencial del mismo y que la nueva regulación sobre VUT ha de aprobarse lo antes posible y, en todo caso, dentro de la primera mitad de esta legislatura. De no hacerse así el concejal ve riesgo de que el problema se enquiste y tenga mala solución.

Para muchos vecinos de las zonas más castigadas por el fenómeno de las viviendas de alquiler turístico la nueva legislación, llegue cuando llegue, lo hará tarde: las VUT sacan viviendas del mercado del alquiler de larga duración y provocan que los precios de las rentas mensuales se disparen; hay residentes que han sido expulsados de sus barrios por una ley de la oferta y la demanda insostenible. Al mismo tiempo, se producen problemas de convivencia, especialmente los provocados por el ruido fruto de la incompatibilidad de usos y horarios que se da entre quienes visitan un sitio y quienes residen en él; en cualquier caso, al vecino de siempre se le está invitando a salir huyendo del lugar en el que reside si no quiere vivir en el hotel en el que se está convirtiendo su edificio.

También para el comercio de proximidad la nueva normativa llegará tarde. Afectado como se ha visto por la paulatina desaparición de vecinos residentes, el tejido comercial se está viendo obligado a mutar hacia una oferta cada vez más centrada en el que viene de fuera y menos en el de aquí, dificultando una vida de barrio en el centro de la ciudad.

En la campaña electoral para las municipales de 2015 ningún partido incluyó en su programa el tema de la regulación de las viviendas de uso turístico, un problema para ellos marginal por aquel entonces y que sólo había merecido la atención de medios de comunicación tan locales como Somos Malasaña, capaces de detectar lo que sucede en un barrio al mismo tiempo que se convierte en tema de preocupación entre quienes lo sufren en primera persona. Desde entonces cuatro años de legislatura tuvieron para maniobrar quienes ya estaban operando dentro del negocio de las VUT y quienes quisieron meterse de lleno en él al calor de unas atractivas expectativas de hacer dinero rápido en lo que el Gobierno de Ahora Madrid se dio cuenta de lo que sucedía y trató de poner orden en el sector y el Gobierno de PP y Cs en la Comunidad seguía sin querer enterarse de nada.

En las últimas municipales de 2019 sí que las VUT se hicieron hueco en los distintos programas electorales de los partidos, pero de una forma preocupantemente poco concreta, máxime en los programas de las formaciones que lograron auparse con el poder. Desde junio, los mismos que se vienen lucrando de convertir de facto pisos residenciales en pisos vacacionales están disfrutando de un tiempo de prórroga que entre jueces y legisladores les están concediendo.

Al ciudadano de a pie sólo le queda la opción de resistir y de alzar la voz reclamando máxima celeridad a la hora de tomar unas necesarias decisiones sobre el sector de las VUT. Han de saber aquellos afortunados que crean que, por el momento, no han sido salpicados en exceso por esta plaga que, inexorablemente, estarán los siguientes en la lista de afectados.

Desde esta tribuna lo que nos queda es pedir que, dado que se ha decidido esperar a escuchar lo que tiene que decir la Justicia antes de actuar, cuando llegue el momento no peque el Ayuntamiento de tibieza. Las VUT agravan, sobre todo, el problema de vivienda que padecen quienes residen en los barrios más céntricos de Madrid y afectan negativamente a su calidad de vida. De las autoridades se deben esperar soluciones firmes y valientes que dejen bien claro de qué lado están. En ocasiones no es posible defender al ciudadano y, al mismo tiempo, querer contentar a quien lo molesta.

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Irene Kamakawiwo Ole

Airbnb nació como un sistema para alquilar una habitación en la casa en la que el propietario vive y que comparta convivencia con sus inquilinos unos días. De esta manera, se comparte piso unos días compartiendo espacios comunes y respetando la vida del propietario, siendo además el número habitual de inquilinos de uno o dos. Una pena que airbnb haya permitido alquilar pisos enteros, de ahi entra el mal uso de los pisos, propietarios buitres e inquilinos desconsiderados porque estan solos en el piso. Para mi esa es la raiz del problema, deberia ser airbnb quien deba ser estricto con esto y solo permitir el uso de la habitacion extra con el inquilino dentro, no de todo el piso.