De entre las novedades objetivas, y con vocación de permanencia, que viene aportando la crisis del Mar Menor en el ambiente social murciano, hay que señalar a la Fundación Ingenio (FI), una creación surgida a principios de 2020 desde y para el empresariado agrícola (nominalmente, el del Campo de Cartagena, pero sus servicios vienen al pelo a todo ese sector) .Con esta fundación, el agropoder que envenena la tierra y las aguas de la Región, y que viene sometiendo a (casi) toda la sociedad, pero que tiembla por sus cimientos ante los ataques que lo desnudan, acusan y ponen en jaque, reacciona y contraataca.
Los intereses económicos en juego en esta crisis radical de la agricultura murciana son inmensos, proporcionales a la magnitud del crimen ambiental continuado y agravado del que es responsable, con sus numerosos e influyentes apoyos expresos o tácitos. Y aunque ha tardado en percibir el peligro –tan seguro se creía y tan impunes quedaban sus fechorías– este agropoder ya ha lanzado su desafío contra una realidad que lo atrapa: así, esta FI pretende ser la punta de lanza de una ofensiva (a la defensiva) con todos los medios necesarios (¿será por dinero?), con la fidelidad descontada de sus satélites y con la seguridad –poderío y manipulación mediantes– de seguir manteniendo intacto su poder, su inviolabilidad y sus ganancias.
El programa de acción que presenta se basa en un conjunto de notas u objetivos propios y tradicionales del cinismo que se ve obligado a desplegar el empresariado cuando se ve en apuros y cogido en falta. Nos valen, para relacionar todo esto, las frecuentes declaraciones de sus primeras figuras, en especial Natalia Corbalán, escogida para esos menesteres como experta en relaciones públicas que parece dotada de la capacidad suficiente para representar adecuadamente (es decir, con las habilidades del caso) los intereses económicos del sector. De las líneas de acción que componen esa estrategia general, describiremos una decena, que expresan muy bien el doble objeto que da sentido a esta FI: la exculpación de sus evidentes abusos ambientales y la insistencia en mantener el modelo depredador.
Hay que empezar, en consecuencia, por el ciego empeño –comprensible: el negocio les va en ello– en defender una agricultura química y destructiva que, sin embargo, quieren presentar como la única productiva, rentable y de futuro; a esto añaden lo de sostenible, claro, para diversión máxima de quienes conocemos las hazañas del sector; y de precisión, queriendo impresionar con un pretendido rigor, nivel y modernidad. No está ausente, faltaría más, la advertencia de que la ruina de esta agricultura (que tantos persiguen, según ellos) afectaría a 47.000 empleos. Ni aclaran qué proporción de trabajadores de esta abultada cifra trabaja en condición de esclavitud, de semi esclavitud o de miseria y explotación, legal o ilegal.
La segunda nota es la prédica/soflama sobre las soluciones científico-técnicas para esta agricultura, que según estos vanguardistas son capaces de resolver todos los problemas planteados, presentes y futuros. A esto añaden el paradigma de la innovación, como si en vocablo tan prestigiado cupiera alguna facultad milagrosa. Presumo que será inútil decirles, y demostrarles, que el problema del Mar Menor no es técnico ni científico, ni que su mantra de la “eficiencia del riego de precisión” tenga que ver con ahorrar agua o eliminar la contaminación. Sí hay que advertir que la “perspectiva científica” de la FI es, por fuerza, la de una ciencia comercializable, es decir, que se compra y se vende según el interés de compradores y vendedores (de la misma).
La tercera aparece como la contrapartida a esa aparente seriedad con que dicen deberse a los argumentos científico-técnicos, y por eso se declaran ajenos a cualquier dogma o “intereses políticos”, como si nos chupáramos el dedo. Observando a sus miembros, así por encima, veremos fácilmente cómo todos ellos son, por origen u opción, de la onda del PP y de Vox, e incluso más a la derecha todavía.
La cuarta consiste en la intención/maniobra de hacer recaer sobre el Estado y sus competencias la catastrófica situación del Mar Menor, así como la obligación de realizar las inversiones que serán necesarias para que, aplicando la tecnología adecuada y más moderna, las cosas se arreglen. No pensarían, seamos realistas, de otra forma si el Gobierno central fuera de su cuerda, ya que saquear al Estado es el norte de nuestro empresariado (sea liberal, sea neofranquista, sea ultra en general).
La declarada inquina contra Madrid hace que, correspondientemente, se apueste por la alianza básica de este empresariado con el Gobierno murciano (quinto punto de su filosofía), a cuyas responsabilidades en la devastación del Mar Menor, que son abrumadoras, no suelen aludir. En origen, esta FI funciona como una nueva agencia de blanqueo de los que manejan la Comunidad Autónoma, dedicados a proclamar su inocencia y hasta su ignorancia, ya que los malos son los de la Confe y el Ministerio.
Para concentrar, a modo de eslogan, su ofensiva contra el Estado, sus pretensiones de neutralidad científico-técnica y su espíritu innovador, la FI asume como estrella de su programa (punto sexto) el “Anillo Protector Ambiental”, que debería suponer un despliegue financiero descomunal (del Estado) con inversión y derroche de tecnologías (aventuradas o engañosas) y sin que se toquen, en lo esencial, los procesos corrosivos de la agricultura marmenorense, que son intrínsecos.
Esta posición, que es eminentemente política, la sustancian –emparejados con los de la Autonomía y como séptima nota– con la negativa radical a que los caudales del trasvase Tajo-Segura sufran merma o sean reconsiderados a la luz de los crecientes problemas que lo acompañan: reducción global de recursos hídricos, escandaloso incremento del regadío ilegal, legítimas exigencias de las comarcas del Tajo, etc.
Otro objetivo, pongamos que octavo, íntimamente vinculado con el neto protagonismo de esa agricultura industrial en el crimen del Mar Menor, es diluirlo, para minimizarlo, aludiendo a “todos los factores que han contribuido al deterioro de la laguna”, con el propósito de confundir y embarullar su papel; y ni que decir tiene que sus nitratos, plaguicidas y venenos varios son –como demostrarán rápida y contundentemente– lo de menos en ese proceso de degradación.
No podía faltar la sutil referencia a los ecologistas, enemigos de cuidado, a los que quieren, para desposeerlos de legitimidad, meter en el saco de los lobbies, se supone que para combatirlos en pie ético de igualdad, confundiendo –y pasándose de listos– a grupos de interés general con clanes de intereses particulares, como ellos mismos. (Pongamos este prometedor asunto en penúltimo lugar de esta lista, aun provisional).
Finalmente, y como detalle propio de pueblerinismo murciano, la FI pretende “situar a la Región de Murcia como uno de los centros principales en la investigación contra la desertización a nivel internacional”, que no es que esté mal, pero más le valdría trabajar para que mejore la pésima imagen mundial de esta tierra que, más que “huerta de Europa” se ha convertido en un agrocantón tóxico e intratable.
Se espera con interés que la FI haga público su Código ético, que se anuncia como moderno y arropado por instituciones y estándares internacionales; pero que no costará mucho desenmascararlo como expresamente contradictorio con los objetivos proclamados; y calificarlo como la cortina de humo que ha de disimular una burda operación de lavado de esta agricultura de rostro tan siniestro.
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