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La quintaesencia del machismo

El Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas coincide este año con la tramitación en España de la Ley de Libertad Sexual y está próxima a comenzar su trámite la Ley Integral contra la Trata. Imagen de archivo. EFE/EPA/SASCHA STEINBACH

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El Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas se celebra hoy y fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres en enero de 1999. El motivo de la elección de este día se debe a que el 23 de septiembre de 1913 se promulgó la primera ley en el mundo contra la prostitución infantil en Argentina con la denominada Ley Palacios, redactada e impulsada por el diputado socialista Alfredo Palacios.

Por primera vez, en el año 2000 el Protocolo de Palermo, Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, recogió una definición sobre la trata de personas que fue consensuada internacionalmente y que entró en vigor el 25 de diciembre de 2003.

Según dicha definición, “por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.  Buena parte de esta definición está recogida en el artículo 177 bis de nuestro Código Penal.

Las cifras del Ministerio del Interior revelan que en nuestro país el 98 por ciento de las víctimas de trata son mujeres y transexuales-mujeres, mientras que el 65 por ciento son menores. El Balance Estadístico 2016-2020 sobre Trata y Explotación de Seres Humanos en España recoge, asimismo, que el pasado año las víctimas liberadas de las redes de trata de seres humanos para su explotación sexual fueron 160, tres de ellas, menores de edad: 145 de ellas mujeres adultas y dos niñas. Los principales países de procedencia de estas víctimas son Colombia, Paraguay, Rumanía y Venezuela.

Según lo anterior, el negocio del sexo está muy vinculado a la trata de personas y constituye una de las máximas expresiones de las violencias machistas. Como dice Carmen Calvo, constituye la “quintaesencia del machismo”, además de ser una forma inaceptable de esclavitud que afecta principalmente a las mujeres por el hecho de considerar que sus cuerpos son bienes de consumo. Su propósito es obtener beneficio a través de la explotación, vejación y privación de libertad de las mujeres víctimas, a través del engaño, de su falta de voluntad, de despojarlas de sus derechos y de aislarlas sociocultural y económicamente.

En el Partido Socialista nos declaramos abolicionistas de la prostitución porque defendemos un modelo social que luche por la desaparición de todas las causas que obligan a las mujeres a prostituirse, a vender su cuerpo, por ser incompatible con el modelo social que proponemos.

Tenemos claro que una sociedad democrática y en la que se trabaja por un futuro mejor no cabe la desigualdad, y la trata es, sin duda, su máximo exponente, al ser una profunda violación de los derechos y la dignidad humana.

Desde el Gobierno de España se está trabajando para cambiar el rumbo de una realidad injusta haciendo más efectiva la persecución de los delitos derivados de la explotación sexual y acabar con la impunidad de los explotadores y de las organizaciones delictivas que se lucran con la utilización sexual de las personas.

Hay mucho trabajo por hacer. Es preciso un cambio de mentalidad y la aplicación de medidas, como la puesta en marcha de un plan integral, en el que participen todas las fuerzas políticas y entidades implicadas en el ámbito contra las violencias machistas, y dotado con el suficiente presupuesto. De la misma manera, es indispensable una mayor concienciación social contraria al consumo de prostitución, así como otras alternativas que ofrezcan la posibilidad de un futuro digno, dando asistencia y recuperación integral a las víctimas de trata. En esta línea, cabría la creación de una renta social; incrementar el número de plazas residenciales en la red de atención para las violencias machistas; reforzar la atención gratuita jurídica, psicosocial y sanitaria; fomentar la inserción sociolaboral y formativa, entre otras acciones. Todos estos aspectos están incluidos en una moción que tenemos presentada en la Asamblea Regional.

La labor preventiva y de sensibilización también debe jugar un papel fundamental. Esto pasa por desincentivar la demanda de sexo de pago, dirigida principalmente hacia los hombres jóvenes; prohibir la publicidad sexista y los mensajes subliminales que la fomenten; impulsar la educación afectivo-sexual en todos los niveles educativos que promueva unas relaciones igualitarias entre mujeres y hombres; participación de los ayuntamientos como parte activa de esta lucha, así como con las entidades expertas, asociaciones, Delegación de Gobierno y Fiscalía, entre otras cuestiones.

En la Región de Murcia existen alrededor de 100 establecimientos dedicados a la prostitución, en los que trabajan aproximadamente 1.500 prostitutas, lo que mueve un montante económico en torno a los 150 millones de euros, según cifras oficiales. 

Luchar contra estos proxenetas, incluir sanciones para disuadir a las personas que acuden a estos establecimientos, cerrar los clubes de alterne en la Región e impedir el establecimiento de prostíbulos en locales y pisos son pasos certeros para abolir la prostitución.

Estamos ante un reto complejo, pero hay que iniciar el camino. Y debemos hacerlo con el compromiso de todos los poderes públicos para acabar con las violencias ejercidas sobre las mujeres, sea en el ámbito que sea.

Quiero terminar esta reflexión con el reconocimiento al inmenso trabajo de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y al de las organizaciones y colectivos que, a pesar de la pandemia, han seguido prestando servicios vitales, localizando a las víctimas y ayudándolas a tener acceso a la justicia, a la salud, a la asistencia y protección social y económica, evitando que, en muchos casos, se produjeran más actos de abuso, maltrato y explotación sexual.

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Publicado el
23 de septiembre de 2021 - 09:57 h

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