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La larga trayectoria del exdiputado Andrés Ayala y sus amigos

El último episodio conocido de su vinculación con una urbanización probablemente lesiva para el Medio Ambiente en el Mar Menor no viene sino a confirmar la tónica de su dilatada trayectoria simultánea política y empresarial.

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Andrés Ayala, en una imagen de archivo. Foto: PP de Murcia

Andrés Ayala, en una imagen de archivo. Foto: PP de Murcia

Hay quien nace con suerte, hereda un negocio familiar floreciente, vale mucho en lo suyo y además disfruta de viejos amiguísimos que lo colocan donde hace falta cuando es menester. Al exdiputado por Murcia y cartagenero de pro Andrés José Ayala se le pueden reconocer todas esas bondades en su ya larga trayectoria. Valiéndose de ellas, ha sabido pasearse durante largo tiempo por el filo de la navaja si caer ni a un lado ni a otro. El último episodio conocido de s u vinculación con una urbanización probablemente lesiva para el Medio Ambiente en el Mar Menor no viene sino a confirmar la tónica de su dilatada trayectoria simultánea política y empresarial. Y su buen conocimiento y manejo de la legalidad vigente, pero su poco reparo en otro tipo de consideraciones.

Heredero y socio-director de un floreciente  bufete urbanístico y administrativo en la mismísima calle Mayor de Cartagena, hace mucho tiempo que supo vender muy bien sus aquilatadas habilidades legales, que las tiene, a quien estuviera dispuesto a hacerse acreedor de sus servicios. Aunque fuera a costa de desatar polémicas mediáticas y vecinales de mucha repercusión popular, en el sentido estricto del término. Así le pasó en su primera intervención discutida como asesor legal de un proyecto urbanístico en su Cartagena natal, entonces regida por el socialista José Antonio Alonso Conesa.

El mismo personaje, este excalcalde, que ahora figura encausado en la Operación Púnica cuyos pormenores son notorios: se han llevado por delante al anterior presidente “popular” murciano, Pedro Antonio Sánchez, y amenazan seriamente la poltrona senatorial de la sucesora “popular” de Alonso en la regencia cartagenera, Pilar Barreiro, poniendo además en riesgo la alianza de PP y Ciudadanos en el Congreso de los Diputados para aprobar los presupuestos de 2018.

Se trataba en aquella primera colaboración cartagenera de Alonso y Ayala de cambiar de sitio un centro de salud para que  el promotor Tomás Olivo ––muy bien asentado en Marbella con el mismo negocio –– pudiera construir un centro comercial para la cadena Pryca en 1992. Todo se hizo legalmente gracias a la procuraduría legal de Ayala ante el Consistorio para que Olivo consiguiera el fin pretendido. Poco importó que bastantes vecinos protestaran reiterada y airadamente causando una polémica ciudadana cuyos ecos aún recuerdan los viejos cartageneros que tenían uso de razón a principios de la década de los noventa del siglo pasado. Se hizo lo que acordaron legalmente Alonso, Ayala y Olivo.

Recalificaciones

Muy poco tiempo después, Alonso y Ayala consiguieron que el consistorio de la trimilenaria ciudad cantonal aprobara la Modificación número 55 del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para permitir la urbanización, que nunca se hizo, de unos terrenos agrícolas casi encima de la línea de costa de la zona sur del Mar Menor y que supondría una presión urbanística insostenible para el saladar costero protegido de Lo Poyo, como bien se encargaron de denunciar los conservacionistas de ANSE.

Ayala, como prestigioso abogado urbanista de la zona, era el asesor legal de los hermanos Armengol, familia catalana tradicional propietaria de aquella finca agrícola que se quería transformar con la modificación 55. Los socialistas murcianos, que no apreciaron mucho la actuación de Alonso como alcalde, impidieron en la Consejería de Política Territorial la aprobación definitiva de la famosa norma aduciendo razones ambientales de protección del Mar Menor.

Pero en mayo de 1995 cambió el ritmo del mambo y el Partido Popular se hizo con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia. Andrés José, que no era afiliado, fue llevado como secretario general de la Consejería por el nuevo consejero, el también cartagenero y conocido miembro del Opus Dei José Ramón Bustillo, que en paz descanse, y que también se llevó a Murcia como director  general de Urbanismo a otro cartagenero que luego acompañaría a Ayala en su traslado a Madrid de la mano de Federico Trillo: el arquitecto Rafael Amat Tudurí, aquel que seis años más tarde, en 2001, se arreglaría para su uso personal un pisito del departamento de Defensa que capitaneaba su paisano ministro por 22 milloncejos de las antiguas pesetas.

Andrés José, más cauteloso, casi lo primero que hizo al ocupar despacho en Murcia fue, como una especie de aviso a navegantes, colocar bien visible sobre su mesa de secretario general una foto de Federico Trillo-Figueroa y Martínez-Conde, su íntimo amigo desde que estudiaron juntos Derecho en Murcia, y ya a la sazón influyente miembro de la dirección nacional del PP y diputado por Alicante.

Y, después, puso a algunos complacientes funcionarios de la Consejería a trabajar para pergeñar legalmente la aprobación a nivel regional de la modificación de Lo Poyo que el PSOE regional se había negado a aceptar y que, en el momento de salir adelante, tenía informes desfavorables de cualificados técnicos arquitectos y juristas del departamento. Aquello tuvo otras derivaciones peligrosas, aunque no para ninguno de los protagonistas de esta historia.   

Hasta su salto a Madrid como nuevo diputado en Cortes tras las elecciones de 2000, ocurrieron varias recalificaciones legales sin mayor pena que gloria, pero con beneficiarios conocidos: la que dio lugar al centro comercial Las Dunas en Cabo de Palos, en terrenos propiedad de la familia Martínez-Conde; y la que hubiera facilitado la construcción de la urbanizacion El Vivero, que nunca se hizo, muy próxima a la anterior, en terrenos de los todopoderosos urbanizadores al por mayor Tomás Maestre y Alfonso García.

Orenes, Adif y presidente de la Oficina del Cargo Popular

Antes de su primera promoción de la mano de su amigo Trillo, tuvo tiempo Ayala de hacer un primer contacto profesional con el emporio del juego Orenes, ya que poseyó durante un tiempo un salón de juegos en Cartagena. Su colaboración con ese grupo lúdico se ha prolongado hasta la actualidad, suscitando más de una duda sobre sus actividades particulares cuando fue nombrado por su PP presidente de un inoperante organismo contra la corrupción.

En sus 16 años de diputado ha seguido cultivando la cercanía de su amigo del alma cartagenero; ha ocupado cargos de cierta relevancia --como los de presidente de la Comisión de Transportes, portavoz del PP en la de Fomento--; y ha sido progresivamente más beligerante con la oposición según se ha ido sintiendo afianzado en la Carrera de San Jerónimo, hasta el punto de protestar, el 14 de abril de 2016, airadamente por la presencia en la Comisión de Fomento de miembros de la Plataforma pro Soterramiento, vecinos de la zona sur de Murcia que se oponen a la llegada del AVE sin soterrar.

Una obra “emblemática” que está siendo construida por ADIF, sociedad a la que en virtud de la práctica común de puertas giratorias Ayala fue “destinado” por el PP como consejero en febrero de 2017 , pocos meses después de aquel incidente con los vecinos en las Cortes, durante el que llegó a describir al diputado de Podemos Javier Sánchez como “el Maduro de la Región” de Murcia.

El exdiputado amiguísimo sigue de esta forma y de momento una carrera política y empresarial muy legal, pero para muchos no impoluta. Mientras, su querido mentor Federico Trillo-Figueroa y Martínez-Conde ocupa su puesto ganado por oposición de letrado de las Cortes tras otros larga trayectoria salpicada de unos cuantos escándalos similares. Eso sí, todo muy legal. Faltaría más.

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