Una cuarta escapada de migrantes en cuarentena eleva a 87 el número de fugados en Cartagena

Imagen de archivo de una patera

Una nueva fuga de 17 migrantes en cuarentena dentro del pabellón de Cabezo Baeza -Cartagena- se convierte en la cuarta fuga producida este verano en la Región de Murcia, donde la cifra total de migrantes sin localizar alcanza ya los 87, razón por la cual el Ejecutivo autonómico reclama responsabilidad al Gobierno central ante la falta de medios y recursos de custodia ante la magnitud del colectivo migrante.

El primero de estos episodios tuvo lugar a finales de julio, cuando 100 de los 256 argelinos alojados en tiendas de campaña habilitadas por Cruz Roja en la dársena de Escombreras sortearon la vigilancia de la Policía Nacional de los muelles de la diputación cartagenera donde estaban custodiados.

Los migrantes, de origen argelino, se encontraban a la espera de la determinación de un nuevo alojamiento donde poder guardar cuarentena, sometidos a altas temperaturas con falta de medios y espacio. Horas después, la mayor parte de ellos fueron localizados. El resto de los que permanecían varados en Escombreras fueron trasladados a diferentes espacios de la Región: 100 fueron llevados al Pabellón de Cabezo Beaza, 30 a la residencia de la Universidad Politécnica de Cartagena y el resto fueron al hotel Cenajo, en Moratalla.

El sábado 1 de agosto, en torno a la 1 de la madrugada, 59 de los trasladados al Pabellón de Cabezo Beaza lograron eludir la seguridad de la instalación deportiva del pabellón. Fuentes cercanas al caso explicaron que dichos inmigrantes serían los mismos que ya lo hicieron cuando estaban custodiados en el puerto de Cartagena. Todos ellos dieron negativo en la prueba PCR, pero debían estar aislados por haber tenido contacto con positivos en COVID en su llegada a las costas en patera.

Por otra parte, el pasado lunes 3 de agosto fueron 8 los inmigrantes escapados provenientes del mismo pabellón. Durante la huída, los vigilantes de seguridad privada del Cabezo Beaza escucharon ruidos y comprobaron que uno de ellos se estaba fugando por los conductos del aire, y cuando fueron a hacer el recuento de asistentes se dieron cuenta de que faltaban 8.

"Ola migratoria casi sin antecedentes"

La continua llegada de migrantes durante las últimas semanas a las costas de la Región, fue calificada por el delegado del Gobierno de la Región, José Vélez, como “una ola migratoria casi sin antecedentes”, dando lugar a un episodio de enfrentamiento entre el Ejecutivo de la Comunidad con la Delegación del Gobierno, que llegó incluso a los tribunales.

El fondo del asunto consistió en quién tenía la responsabilidad de dar refugio a los inmigrantes que llegaban a la Región y habían estado en contacto con positivos por COVID durante el trayecto en patera. Los responsables de Delegación consideraban que su responsabilidad se extendía solo hasta las primeras 72 horas de su llegada. Tras este periodo, la competencia debía pasar a la dirección general de Salud Pública de la Comunidad Autónoma.

Por su parte, desde la Consejería de Salud se presentó una resolución ejecutiva para asignar dicha responsabilidad a la Delegación autonómica. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia llegó a avalar a la Consejería tras desoír el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado en la que se pedía suspender dicha resolución ejecutiva interpuesta por el director General de Salud.

José Vélez aseguró que “la resolución del TSJ, en ningún caso implica pronunciamiento alguno sobre si considera que la Delegación del Gobierno tenga que dar solución habitacional a los migrantes en cuarentena”, y pidió al gobierno regional que “se dejen de jueguecitos políticos y se pongan a trabajar de verdad”.

Por su parte, desde el Partido Popular y el Ayuntamiento de Cartagena, se llegó a pedir la rescisión del cargo de Vélez ante su “incapacidad” de hacer frente al problema de la migración. Finalmente, el Ejecutivo autonómico aceptó lo defendido por la Delegación, dando alojamiento a los inmigrantes en cuarentena.

La Policía Nacional detuvo a un traductor de Cruz Roja, acusado de un delito contra la autoridad por empujar a un miembro de la Guardia Civil del pabellón Cabezo Beaza, una vez los migrantes se habían escapado, según publica el periódico La Verdad. El joven quedó en libertad este jueves tras prestar declaración en la Comisaría. Ahora, debe ser citado por el juzgado para comparecer allí. Según fuentes de la Policía, cuenta La Verdad, el traductor dificultó la actuación desplegada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para localizar a los inmigrantes. En concreto, se habría negado a facilitar datos relativos a la identidad personal de los huidos y, en medio de una discusión con las autoridades, habría acabado por empujar al responsable del operativo de la Benemérita en presencia de varias personas.

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