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La Euskadi política aguarda a que Urkullu confirme si habrá elecciones autonómicas el 5 de abril

El lehendakari, Iñigo Urkullu, en la última campaña electoral

Iker Rioja Andueza

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El Gobierno de Iñigo Urkullu ha querido abrir deliberadamente un debate que, desde el martes, inquieta a la Euskadi política y ha cogido a contrapié a la oposición y a los medios de comunicación. Pero, ¿está dispuesto realmente a convocar elecciones autonómicas el 5 de abril? La decisión es una prerrogativa exclusiva del lehendakari, pero bien es cierto que ya ha cumplido este martes el único formalismo que le exige la ley, el de someter el asunto a deliberación del Consejo de Gobierno. Ahora sólo queda esperar unas horas a que Urkullu confirme o desmienta esta fecha, la única realmente factible en abril a tenor de un calendario que acumula Semana Santa, Pascua, San Prudencio (festivo en Álava) y el puente del 1 de mayo). Nada obsta a que se puedan celebrar en mayo -como se daba por hecho en muchos foros- o incluso en septiembre-octubre, el final natural de la legislatura vasca, pero con las cartas ya sobre la mesa la oposición redoblaría sus ataques a un Ejecutivo de PNV y PSE-EE en minoría en el Parlamento.

Urkullu ha atendido a los periodistas este miércoles en Bilbao y no ha dado pistas. “La horquilla está entre el cinco de abril y el 25 de octubre”, ha señalado recordando simplemente que la del 5 de abril es la primera fecha disponible -la normativa exige un plazo de 54 días- y la del 25 de octubre -cuadragésimo primer aniversario del Estatuto de Gernika- el último resquicio legal. El único factor que sorprende a muchos observadores es que el PNV -un partido exquisito con sus tiempos y su proceso participativo de doble vuelta desde mucho antes que las primarias se extendieran en España- ya había fijado con claridad su calendario de elección interna de candidatos para las autonómicas y de ratificación del propio Urkullu como aspirante a la reelección para una tercera legislatura con un horizonte de finalización el 7 de marzo.

En puridad, el fin de semana anterior, 28-29 de febrero, se conocerá ya el resultado del proceso interno de doble vuelta con la celebración de las asambleas territoriales. Además, los estatutos prevén la posibilidad de “abreviar” el procedimiento ordinario en caso de urgencia, como sería el caso. No obstante, para los 'jeltzales' los plazos serían muy ajustados, ya que la ley de 1990 fija que las candidaturas deberían estar presentadas como máximo 20 días después de la convocatoria, el 1-2 de marzo en el escenario más optimista. 

“Eso es lo que nos caracteriza: respetar lo que es el procedimiento interno dentro del PNV. Mi cultura de partido es ésa. Cuando culmine será cuando hagamos el anuncio pertinente”, ha comentado Urkullu a este respecto, pero sin introducir fechas concretas tampoco. Fuentes de su entorno precisan que cuando ha dicho “anuncio” se refería a su candidatura y no a la convocatoria electoral.

La hipótesis del adelanto ha venido marcada por algunos factores externos. Cataluña es uno de ellos, quizás el principal. Urkullu siempre ha querido marcar distancias y hacer coincidir unas posibles autonómicas catalanas con las vascas eclipsaría un debate propio en Euskadi. “Hay factores que no es que nos condicionen a nosotros directamente pero pueden condicionar a otros agentes que de rebote sí nos condicionan a nosotros”, ha comentado, enigmático, a los periodistas. Asimismo, la oposición en el Parlamento ha activado iniciativas en torno a la sentencia del mayor caso de corrupción vasco, el 'caso De Miguel', con elevadas penas de cárcel para exdirigentes del PNV de Álava, y en torno a las centenares de contrataciones 'a dedo' al grupo de empresas Montai, propiedad de un miembro del partido en Gipuzkoa, Aitor Elorza, muchas desde la propia Presidencia.

¿Qué análisis hace Urkullu sobre la situación política? “Nosotros pusimos sobre la mesa lo que es el balance de 2019 y la memoria de todo lo que hemos hecho en la legislatura, que la tenemos también realizada [...] [Analizamos] Cuál es la situación en el Parlamento Vasco en general, la relación política entre los partidos políticos. Hicimos un análisis de la situación social y económica. Un análisis de la situación en el conjunto del Estado: la relación con el Gobierno español y en qué puede derivar en beneficio de Euskadi”, indica el lehendakari. Y añade: “Son muchos factores los que hemos analizado y comentado con absoluta normalidad. No sé dónde está la extrañeza cuando desde hace más de un año hay muchos agentes que vienen comentando la posibilidad de un adelanto de las elecciones en Euskadi. Estamos en año electoral. Vamos a hablar con absoluta normalidad”.

Si se consuma el adelanto electoral, el Gobierno de PNV y PSE-EE -que opina que “le da un poco igual” la fecha porque están “preparados”- llegaría a la meta sin cumplir objetivos que había fijado como prioritarios en su agenda legislativa, como las leyes de Igualdad, Memoria Histórica o Cambio Climático. Desde luego, el proceso de reforma del Estatuto se da por amortizado por segunda legislatura consecutiva. El Ejecutivo de Urkullu sí ha conseguido de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, un compromiso de retomar el calendario de transferencias pendientes del Estatuto de 1979 que quedó empantanado el pasado año con la doble convocatoria electoral. Además, ha arrancado el compromiso de que al menos se estudiaría la posibilidad de traspasar la gestión del régimen económico de la Seguridad Social a la luz de la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El portavoz y consejero del ramo, Josu Erkoreka, ya ha dejado claro que el inicio de este proceso y la recepción de las primeras tres transferencias -que será en marzo- se podría hacer perfectamente en período electoral. A ello añaden fuentes del Gobierno vasco que disponer de una legislatura nueva y un margen de cuatro años podría facilitar abordar con calma las dos grandes patatas calientes: Prisiones y la propia Seguridad Social, una materia nunca antes cedida a una comunidad autónoma.

EH Bildu cree que Urkullu elude temas “incómodos”

En mayor o menor medida, el resto de partidos tenían definida ya su oferta electoral con la excepción del PP, que está a la espera de que Génova dé luz verde al deseo de la organización vasca, que su líder Alfonso Alonso sea ratificado como candidato. La 'número dos' del PP vasco, Amaya Fernández, se ha mostrado convencida de que “en breve” se formalizará su candidatura.

Como el PP, el resto de partidos han comentado también la hipótesis de que las urnas se coloquen el 5 de abril. Y EH Bildu y Elkarrekin Podemos han sido muy críticos con este giro de los acontecimientos. “Urkullu tampoco está pensando en intereses de país sino más bien en sus propios intereses y en los de su partido”, ha dicho Maddalen Iriarte, la que será candidata de la coalición abertzale. Y ha agregado que el PNV “sabe que en los próximos meses no va a tener un camino de rosas en el Parlamento” por asuntos “incómodos” que quiere evitar como el 'caso De Miguel', Montai o el “desastre” de las oposiciones del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), informa Europa Press.

“No ha cumplido ni con la mitad de su programa de Gobierno. No entenderíamos las prisas que pudiera tener el lehendakari para querer adelantar tanto unas elecciones”, ha dicho Lander Martínez, líder de Elkarrekin Podemos, una coalición que aún no ha completado los procesos internos de sus tres componentes, Podemos, IU y Equo. En el caso de los morados, dos candidatas competirán en unas primarias que, de confirmarse el adelanto, necesariamente se acelerarían. Son las exdiputadas Rosa Martínez y Miren Gorrotxategi. Se da la circunstancia de que hace menos de dos meses que Podemos y Equo (sin IU) pactaron con el Ejecutivo los presupuestos de 2020 con numerosos compromisos que aún no se han activado en su gran mayoría.

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