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La Fiscalía investigará la posible prevaricación y malversación por el sobrecoste en la AP 1

El Ministerio Público admite a trámite la denuncia de EH Bildu, que estima el incremento del precio en tres millones de euros.

La Fiscalía de Álava ha admitido a tramite la denuncia de EH Bildu  por el sobrecoste en el contrato de mantenimiento de la autopista AP-1, al considerar que puede haberse producido "un presunto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos", según ha informado la propia coalición soberanista.

EH Bildu, a través de un comunicado, ha confiado en que la decisión del Ministerio Público "acelere la resolución de este contrato", suscrito en 2011 por el Gobierno foral --entonces en manos del PNV-- con la empresa Bidelan.

La coalición ha recordado que el contrato, que según sus estimaciones podría implicar un sobrecoste de tres millones de euros, fue calificado de "lesivo" para las arcas forales por los propios informes técnicos y jurídicos de la Diputación.

El pasado mes de noviembre, tras agotarse el mes de plazo que EH Bildu dio al actual Ejecutivo foral del PP para renegociar dicho contrato, la coalición puso a disposición del Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Álava toda la documentación sobre este expediente.

Ahora, según ha informado esta formación, el fiscal ha decidido admitir a trámite esta denuncia por un "presunto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos".

PNV y PP

EH Bildu ha advertido de que "es urgente poner fin a este contrato antes de que finalice la legislatura. "Estamos hablando de un documento que se firmó en 2011, cuando Xabier Agirre ocupaba el sillón de diputado general, y que el propio Gobierno del PP entiende que no es legal", ha señalado.

"A veces hemos sospechado que no resolver esta cuestión era una de las condiciones que el PNV ponía sobre la mesa a la hora de negociar con el PP", ha manifestado el portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Álava, Gorka Ortiz de Guinea.

Suspensión

La coalición ha expresado su temor a que si el contrato "no queda invalidado" en un plazo de tiempo breve, el próximo Gobierno foral podría verse obligado a "abonar esos sobrecostes, que ascienden a tres millones de euros".

Ortiz de Guinea ha recordado que existen informes técnicos y jurídicos que "avalan" la posibilidad de suspender el contrato. Incluso ha destacado que el Tribunal Vasco de Cuentas "ha reconocido que no se defendió el interés público cuando en enero de 2011 se renegoció un contrato al alza y se comenzó a pagar dos veces por lo mismo".

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