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El Gobierno de Urkullu desvió una ayuda de 40 millones para cubrir problemas de caja de Fagor

La cooperativa acudió a la desesperada al Ejecutivo para afrontar dos gastos que calificaba de ineludibles: una deuda de 6 millones en Polonia y otros 10 millones de intereses de las subordinadas.

En apenas tres semanas, el fondo Ekarpen, destinado a inversiones estratégicas, aprobó concederle 30 millones, cifra a la que se sumó otra ayuda pública de 10 millones a través del fondo Socade.

La operación de Ekarpen se hizo con los recelos de Kutxabank, que tiene la mayoría en el fondo.

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Trabajadores de Fagor Electrodomésticos a su salida de la factoría de Arrasate. /G. A.

Trabajadores de Fagor Electrodomésticos a su salida de la factoría de Arrasate. /G. A.

El enojo del Gobierno vasco ante la decisión del Grupo Mondragón de sacrificar a su joya industrial, Fagor Electrodomésticos, tiene su explicación. El Gobierno de Íñigo Urkullu desvió una ayuda de 40 millones de euros concedida en enero a la cooperativa, que debía utilizarse para acometer su plan de viabilidad, para cubrir los problemas de caja de la empresa. El dinero se canalizó fundamentalmente a través del fondo Ekarpen, destinado a inversiones estratégicas.

La operación se materializó las pasadas navidades, a lo que se refería estos días el lehendakari Iñigo Urkullu al apuntar que los miembros de su gobierno trabajaron en los días festivos. Según la información recopilada por El Diario Norte, testimonios de personas que conocen las negociaciones, a finales de diciembre, cuando acaba de entrar el nuevo Gobierno del PNV, la dirección de la cooperativa pidió casi a la desesperada ayuda económica para hacer frente a dos gastos ineludibles: una deuda de Fagor Electrodomésticos de seis millones de euros por la fábrica de Polonia y otros diez millones de euros correspondientes a los intereses de las denominadas subordinadas, los productos financieros comercializados por Fagor que, junto a los de Eroski, tienen en vilo a 40.000 familias en Euskadi.

En esas navidades, el Gobierno vasco decidió activar la ayuda a través del fondo Ekarpen, controlada mayoritariamente por Kutxabank y con el resto de participación pública: el Ejecutivo, un 28%; y el 12% restante, las tres diputaciones. Aunque el Gobierno tiene una influencia importante, no puede imponer la aprobación de una operación, que debe tener el visto bueno de Kutxabank. Era la primera que se realizaba a través de este fondo del nuevo Gobierno y, según las fuentes consultadas, se tramitó de forma muy rápida, ya que normalmente son operaciones que requieren un tiempo para estudiarlo. Además, el Departamento de Desarrollo y Competitividad, dirigido por Arantza Tapia, no tenía operativos a gran parte de sus cargos, entre ellos el viceconsejero de Industria, quien empezó a ejercer en su puesto tras las vacaciones.

La concesión de los 30 millones se acordó a principios de enero pero con el recelo de los responsables de Kutxabank, por el riesgo que veían. Sin embargo, la presión del PNV hizo que se aprobase la operación a través de un préstamo participativo destinado teóricamente a un plan de viabilidad que nunca se ejecutó. El plan preveía una inyección total de 247 millones de euros, conllevaba cerrar 8 de las 12 plantas, trasladar toda la producción a Polonia y aliarse con la multinacional china Haier. El Gobierno aportó además otros diez millones de euros a través del fondo Socade, que es totalmente público y está controlado por el Ejecutivo, que se destina a ayudas directas a empresas a través de capital o un préstamo participativo. Pero tampoco se utiliza como aval, circulante o préstamos ordinarios.

El Gobierno no valora la ayuda pública concedida

A estas ayudas públicas, Fagor Electrodomésticos pretendía añadir fondos procedentes de la venta del 50% de su sociedad en Polonia (en este país no es una cooperativa, lo que permite la entrada de un socio externo) a la multinacional china Haier, que le reportaría 25 millones, y la venta de activos, que le habrían supuesto otros 55 millones. Con esos 80 millones, algunas fuentes creen que no se habría llegado a la situación actual del preconcurso de acreedores. Pero ese dinero no llegó finalmente y, encima, la cooperativa se encontró con otra bajada en las ventas en 2013, que desbarató totalmente el plan de viabilidad.

La ayuda pública de 50 millones a los que se ha referido la consejera Tapia (hay otra decena de millones en avales) ha desaparecido así sin adoptar ninguna medida para reestructurar la cooperativa. El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad no ha respondido a los requerimientos de este diario para valorar la ayuda pública concedida.

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