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El PNV sostiene que el contrato a Stoa en Miñano "no está en el juicio" del 'caso De Miguel'

El dueño de Stoa, Sergio Fernández Oleaga, está acusado de haber pagado una comisión a De Miguel y los responsables del parque tecnológico están señalados por manipular el concurso

Alfonso Arriola, con su letrado.

Alfonso Arriola, con su letrado. NURIA GONZÁLEZ

La contratación de la empresa Stoa para la segunda fase de la ampliación del parque tecnológico de Álava, una de las doce derivadas del juicio del 'caso De Miguel' que se celebra este año en la Audiencia Provincial de Álava, continúa suscitando debate político después de que se conociera este verano que el proceso se había reactivado este 2018, una década después de que se iniciara y con la participación de Sergio Fernández Oleaga, uno de los 26 imputados en la causa y que está acusado de abonar comisiones ilegales a Alfredo de Miguel a cambio de esa adjudicación. Este lunes, en el Parlamento Vasco, el Gobierno y el PNV han coincidido en remarcar la "legalidad" de una contratación sobre cuyo concurso, iniciado en 2008 y completado en 2009, pesan sospechas de manipulación para favorecer a Stoa. Asimismo, el representante nacionalista Luis Javier Tellería ha enfatizado que "el contrato de Stoa no está en el juicio" y que "el juez en ningún caso ha pedido que se analice".

El 'caso De Miguel' tuvo su origen en 2009 cuando la empresaria y abogada Ainhoa Alberdi denunció que el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, le había exigido una comisión de 100.000 euros. Su empresa, Urbanorma Consulting, había recibido en 2006 un contrato en Miñano, el de la primera fase de la ampliación del polígono, y aparentemente su exsocio, el constructor Jon Iñaki Echaburu, había pactado el pago de una mordida como el año anterior, en 2005, había ocurrido en Zambrana, según se ha conocido.

Completada esa primera fase, consistente en la compra de las parcelas afectas, se activó a finales de 2008 un concurso para la segunda, la sectorización. Según Alberdi, como Stoa había sido su subcontrata, en ese contrato ella acudiría de la mano de la firma de Fernández Oleaga, pero fue excluida por negarse a pagar comisiones a De Miguel. En paralelo, Stoa presentó un precio de 343.000 euros cuando el desglose real de su presupuesto era de unos 499.000, no precisamente la mejor oferta. Según la Ertzaintza, ante la posibilidad de un recurso por parte de la empresa Lugarfive, que no resultó adjudicataria, los técnicos de Miñano manipularon el expediente para dejar expedito el terreno a Stoa. Fernández Oleaga llegó a declarar que tenía como "padrino" en Miñano a De Miguel.

Se da la circunstancia de que Miñano, ante la demanda de grandes firmas por instalarse en Álava, ha reactivado un proyecto que quedó en el cajón hace varios años. En los documentos presentados al Ayuntamiento de Vitoria consta la firma de Fernández Oleaga mientras está siendo juzgado por corrupción. La oposición, en el Ayuntamiento, en las Juntas Generales de Álava y ahora en el Parlamento, ha criticado duramente esta circunstancia.

Este lunes, en el Parlamento, el viceconsejero de Industria, Javier Zarraonandia, ha reconocido que la reactivación del proceso coincidiendo con el juicio ha resultado "inoportuna", pero ha defendido la necesidad de contar con nuevos terrenos para empresas. Asimismo, ha querido insistir en que no ha habido nuevos contratos con Stoa para esta segunda fase y que, no habiendo sentencia en el 'caso De Miguel', no se puede rescindir el contrato cuando "el adjudicatario ha cumplido el trabajo".

En concreto, ha detallado que las facturas a Stoa se abonaron en 2009 y 2010. Fuentes de Miñano insisten, además, que la cuantía cobrada por Fernández Oleaga se ajusta a los 343.000 euros estipulados en el contrato y en ningún caso a los casi 500.000 que constaban en el presupuesto.

Zarraonandia ha enfatizado, igualmente, la legalidad del concurso y que la de Stoa fue la oferta económica más ventajosa. Más claramente, el representante del PNV, Tellería, ha asegurado que "el contrato de Stoa no está en el juicio" y que "el juez en ningún caso ha pedido que se analice". Sin embargo, la Fiscalía reclama expresamente penas de cárcel por esta adjudicación y acusa a los entonces responsables de Miñano por manipular el contrato y a Fernández Oleaga por abonar una comisión a De Miguel (a través de la empresa Eskalmelo) para engrasar esa contratación.

Hace unas semanas, en el juicio, Fernández Oleaga atribuyó a "nefastas coincidencias" que se vincule en fechas su pago a Eskalmelo con la adjudicación de este contrato. Indicó además que "no se ha facturado nada" en fechas recientes pero sí manifestó que en los últimos dos años ha tenido contacto con Miñano para reactivar este proyecto. "Hace dos o tres años de repente me llaman del parque… Voy y era para establecer un calendario para tramitar este expediente y plasmar unas alternativas, porque una empresa demandaba 200.000 metros cuadrados [...]. Lo último es que a finales de 2017 me vuelve a llamar, que van a volver a presentar el plan y que se quiere empezar cuanto antes", manifestó el empresario a preguntas de su abogado, Francisco Javier Villarrubia.

Desde la oposición, el Gobierno y el PNV han recibido duras críticas. El portavoz del PP, Javier Ruiz de Arbulo, ha asegurado que "algo huele a podrido" en el parque tecnológico y ha tratado sin éxito de que Zarraonandia explicara cómo pudo realizar Stoa por menos dinero todos los informes y trabajos prometidos y que iban a tener un coste de casi 500.000 euros. Desde la bancada de Elkarrekin Podemos, José Ramón Becerra ha leído la acusación de la Fiscalía contra Fernández Oleaga y Miren Larrion (EH Bildu) ha indicado que este asunto es uno de los puntos "clave" del caso. La representante abertzale, asimismo, ha enfatizado que es cuestionable la necesidad de ampliar las instalaciones del parque tecnológico.

Zarraonandia sí ha rectificado a tiempo con otro asunto por el que le había preguntado la oposición, ya que en un primer momento había asegurado que aquel fue el último contrato que recibió Stoa. Según consta en informes de la Ertzaintza -y así lo ha indicado el viceconsejero también- meses después se llevó otro trabajo de dirección de obra del edificio E8 de Miñano. La Policía localizó correos en los que se valoró cómo conceder este trabajo de 63.000 euros a Stoa. Como no se podía hacer de manera directa ('a dedo') se planteó un concurso negociado restringido con tres empresas y fue el propio Fernández Oleaga el que indicó al parque tecnológico a quienes invitar. La suya fue la mejor oferta y coincidía exactamente con los 63.000 euros previstos.

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