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Un notario señala que De Miguel estaba detrás de todas las mercantiles de la trama

El presidente del tribunal del 'caso De Miguel', Jaime Tapia

Iker Rioja Andueza

Kataia Consulting, Errexal, Ortzi Muga, Marratik, Eskalmelo o Riera Urbanizer son algunas de las sociedades mercantiles controladas por el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel. Sin embargo, una consulta al Registro Mercantil no permite determinarlo a primera vista, ya que como administradores figuran otras personas del entorno del político. Un punto en común de este entramado es que la constitución societaria se produjo siempre en una misma notaría de Amurrio. El notario, José María de la Peña Cadenato, ha comparecido este martes en el juicio del 'caso De Miguel' y ha explicado que era consciente de que “amigos” de quien todos conocían como Txitxo estaban constituyendo empresas. “La carta de presentación de todas ellas era a través de Alfredo”, ha confirmado el fedatario público a preguntas del fiscal, Josu Izaguirre.

En el sumario constan varias referencias relacionadas a las gestiones de De Miguel en la notaría, especialmente en el período 2005-2006, cuando se originaron algunas de las operaciones investigadas en esta trama como la recalificación urbanística de Zambrana de la mano de Construcciones Riera (2005), la ampliación del parque tecnológico de Miñano (2006) o la obtención de contratos 'a dedo' desde la Dirección de Juventud del Gobierno vasco, dirigida por Xabier Sánchez Robles. Por ejemplo, en un 'email' previo a la constitución de Eskalmelo, De Miguel plantea a la notaría no aparecer en las escrituras y poner la mercantil a nombre de un matrimonio amigo que actuaría de testaferro. En otra anotación se lee: “El notario no nos cobró nada por ser yo”. 

El notario, que ha admitido una relación “cercana a la amistad” con De Miguel y que en ocasiones le dispensaba de las tarifas, ha indicado que algunas de los trámites realizados por el político, en la forma en que se hicieron, no pasarían hoy los controles establecidos para prevenir prácticas de blanqueo de capitales. Ha manifestado que “probablemente” un correo electrónico en el que se pida no figurar en las escrituras sería un indicador de “riesgo”, como lo sería realizar un ingreso mediante un cheque de más de 2.500 euros para cubrir los gastos de una compraventa de terrenos. La condición de cargo público del interesado elevaría estas prevenciones, según han coincidido De la Peña Cadenato e Izaguirre.

Ante estas manifestaciones, el abogado de De Miguel, Gonzalo Susaeta, ha tomado la palabra para negar cualquier tipo de irregularidad. “Aquí se nos pone un 'email' en prensa con acusaciones y vemos todas las cosas desde la perspectiva de la maldad y de la sospecha”, ha lamentado Susaeta, que ha insistido en que todas las gestiones mercantiles de su patrocinado eran perfectamente normales. De hecho, ha sacado a colación que la sociedad aparentemente ocultada ante el Registro Mercantil (Eskalmelo) fue declarada como propia por De Miguel cuando accedió a su cargo como diputado foral en 2007. Asimismo, ha querido remarcar que un correo en el que Txitxo lo iniciaba con un “Amigo José María” muestra todo lo contrario, que no eran amigos.

Los letrados de los imputados, en líneas generales, siguen insistiendo en que toda la investigación judicial es un gran montaje y que no hay ningún motivo de preocupación ante las peticiones de condenas por parte de la Fiscalía. En el caso de las actuaciones notariales, a pesar de que defienden también que todas ellas fueran exquisitas, las defensas han intentado anular el testimonio de De la Peña Cadenato alegando que su “secreto profesional” le impedía ofrecer detalles sobre sus actuaciones. El testigo, sin embargo, ha querido contestar a las preguntas del juicio y ha indicado que sus documentos, aunque de uso privado, son públicos. 

El Gobierno vasco busca pruebas de Kataia Consulting

En el otro testimonio de la jornada ha sido el de Ana Rodríguez, prima segunda de Miguel. Fue dada de alta como trabajadora de Kataia Consulting, la presunta empresa pantalla utilizada por el político para la obtención de financiación y cobro de comisiones ilegales. A través de una subcontratación de Kataia Consulting, realizó labores de asesoramiento de calidad para el grupo Construcciones Loizate, unas tareas que luego continuó realizando directamente como trabajadora de la compañía de Jon Iñaki Echaburu. Preguntada en el juicio si tenía constancia de que Kataia Consulting tuviera más trabajadores o realizara labores de consultoría en materia de Juventud, Rodríguez ha respondido con un “no tiene ni idea”.

Se da la circunstancia de que esta mercantil -y otras dos controladas por De Miguel, Errexal y Ortzi Muga- fueron contratadas 'a dedo' por la Dirección de Juventud del Gobierno vasco de Xabier Sánchez. Obtuvieron más de 200.000 euros en total pero no consta que se realizaran la mayoría de esos trabajos.

Después de meses sin intervenir en el juicio, los letrados del Gobierno vasco han tomado la palabra en el largo interrogatorio a Rodríguez. La abogada Jaione Juaristi ha formulado preguntas. En ningún momento la testigo ha podido aportar detalles sobre esos contratos que, mientras ella estaba dada de alta, Kataia Consulting recibía de Juventud. Ha referido igualmente que ella despachaba regularmente con De Miguel sobre los trabajos para Construcciones Loizate porque “él sabía de calidad, él me asesoraba”. Sin embargo, ha asegurado no tener constancia de que fuera experto en Juventud para gestionar los trabajos que le eran encomendados por el Gobierno vasco. Ello contrasta con los detalles que ha dado de otros aspectos de Kataia Consulting, como que la hermana de De Miguel, Aintzane, era la contable.

En vista de su testimonio, la abogada de Iñaki San Juan -administrador de Errexal, la empresa que más contratos de Juventud recibió- ha querido dejar claro que De Miguel en ningún momento “le dijo a qué se dedicaba Kataia Consulting” en su totalidad, por lo que sería posible que no se enterara de otros trabajos de la empresa. 

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