Alicia en el país de la especulación inmobiliaria
Anda España buscando la sombra de Alicia, una mujer misteriosa de la que solo se sabe que fue elegante, tenía 65 años y que vivía en un barrio acomodado del centro de Madrid. No porque fuera una mujer dada al lujo, es que en el centro de Madrid vivir en un piso pequeño e infame ya es en sí mismo un lujo. Se suicidó cuando iba a ser desahuciada.
No podía pagar la renta de 500 euros a su casero, una empresa que alquila apartamentos. Siempre hay alguien dispuesto a decir que no todo el mundo puede vivir en el centro y que se vaya la gente al extrarradio, para que los ciudadanos no molestemos con nuestras manías de vida cotidiana a las empresas que están rebañando el negocio inmobiliario y engordando sus cuentas. O por qué no aceptar nuevas indignidades disfrazadas de moda como el 'coliving', compartir pisos con desconocidos, lo que nuestros abuelos definían como miseria de posguerra.
Se busca conocer el pasado de Alicia, después de que se achicara ella y su autoestima cuando apareció una comitiva judicial para abrirle a la fuerza la puerta de su piso. Cuando fueron a quitar la cerradura, Alicia voló al país de nunca jamás. Hacer un listado de sus motivos sería especular, pero la rigurosa verdad es que las casas, que hace unas décadas eran para el descanso, para decorar con ilusión, para desarrollarse con seguridad y felicidad y ejercer otros derechos, se han convertido en un producto de rentabilidad.
Ya no son un bien de resguardo y disfrute, las han convertido en un aspiracional envenenado que te puede llevar a la ruina. Tanto si compras como si alquilas: seis de cada diez personas a las que se desahucia es por impago del alquiler, no de la hipoteca, según los datos de abril a junio del Consejo General del Poder Judicial. Muchos de esos inquilinos desahuciados ya se habían dejado la hipoteca y la casa en la gatera de la crisis.
En Madrid, la perversión total de lo público llevó al Ayuntamiento y a la Comunidad (ambas gobernadas entonces por el PP) a vender a precio de ganga miles de casas de protección oficial a sociedades de inversión que ahora han agarrado el poder y del cuello a sus inquilinos heredados. El comité de derechos económicos de la Organización de Naciones Unidas condenó a España por violar el derecho a la vivienda y también le afeó que vendiera vivienda social a fondos buitre justamente en plena crisis y cuando más se necesitaba atender a los vulnerables. A quién se le podría ocurrir desprenderse de vivienda pública en el peor momento para los ciudadanos.
La ONU, en su ingenuo idealismo, no contempló el factor negocio y quizás sigue pensando que las casas en España son para vivir, cuando todos sabemos que son para que otros que no viven ahí vivan mucho mejor. Resulta que los ciudadanos somos el público cautivo en nuestras casas tomadas por otros, como la de Julio Cortázar por los evanescentes intrusos.
Con la crisis que empezó en 2007, en España aprendimos que hipotecarse era una tentación peligrosa, que el director del banco te puede engañar, que la orgía económica se acaba y que duran más las cuotas que los trabajos fijos. Desposeídos ya de propiedad, imposibilitados para que te den un crédito, los españoles han recalado en el alquiler, del que también se está expulsando a miles de ciudadanos en las grandes ciudades por la especulación inmobiliaria. Ningún gobierno de ningún partido ha sido capaz o ha querido poner la brida al negocio y a la burbuja inmobiliaria, que para muchos como Alicia no es una burbuja, sino una guillotina inmobiliaria.
