Hablemos de indultos

Haberlos ha habido de todo tipo. Algunas estimaciones hablan de más de 10.000 desde que arrancó la democracia. Han sido concedidos por Gobiernos del PP y del PSOE a condenados de todo tipo y por toda clase de delitos. Por estafa, por prevaricación, por homicidio, por abusos sexuales, por torturas, por tráfico de drogas, por secuestro y hasta por participación en terrorismo. Hablamos de indultos, claro. Y prácticamente todos los ilícitos penales han sido en algún momento perdonados total o parcialmente por distintos Ejecutivos. 

Entre los más sonados, sin duda está el que recibieron el exministro de Interior del PSOE, José Barrionuevo, y el ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, en diciembre de 1998, tras ser condenados a diez años de prisión por el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey, en la primera acción reivindicada por los GAL. El Gobierno de José María Aznar les redujo en dos tercios la condena y les concedió el tercer grado penitenciario para que pudieran salir de la cárcel.

Muy polémico también fue el del caso del Yak-42, el accidente del avión militar español en Turquía que se cobró la vida de 61 militares españoles, y que acabó con una condena de los comandantes sanitarios de la aeronave, José Ramón Ramírez García y Miguel Ángel Sáez García, de un año y medio de cárcel y uno de inhabilitación especial. Ambos fueron acusados de falsear las identificaciones de 30 de los 62 españoles fallecidos y la sentencia los expulsó de las Fuerzas Armadas, una circunstancia que evitó el Ejecutivo del PP con su medida de gracia.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tampoco escapó de la polémica al aprobar en sus últimos días de mandato el indulto a Alfredo Sáenz, entonces consejero delegado del Banco Santander, condenado a tres meses de arresto e inhabilitación temporal por acusación y denuncia falsa. Aunque la pena no implicaba su ingreso en prisión, sí afectaba a su cargo en la entidad por la normativa bancaria que inhabilitaba a quienes tuvieran antecedentes penales. Sáenz conservó su puesto en el banco, aunque en febrero de 2013 el Tribunal Supremo anuló el indulto al entender que el Ejecutivo no podía interceder en la normativa bancaria. Poco después, el Gobierno de Rajoy aprobó un Real Decreto que modificó los requisitos de la normativa bancaria, permitiendo así que no se le inhabilitara.

Sebastián 'Chano' Rodríguez, miembro del GRAPO condenado a 84 de cárcel por participar en varios atentados con explosivos en distintas ciudades españolas y por el asesinato del empresario andaluz Rafael Padura, también fue beneficiario de una decisión de gracia. Estuvo 432 días en huelga de hambre, por lo que quedó postrado en una silla de ruedas, y el Gobierno de Zapatero le indultó en 2007.

Hasta 1.300 indultos fueron concedidos en 2000 con el cambio de siglo, entre ellos el que benefició a los condenados por asociación ilícita, falsedad documental y delitos contra la Hacienda pública en el caso Filesa, de financiación irregular del PSOE. 

Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez está a punto de recibir el informe del Supremo sobre los condenados por el procés, previo a la concesión del indulto. La decisión no será fácil y promete ríos de tinta además de muchas horas de tertulias, más con el informe en contra de la Fiscalía y sin criterio de la Abogacía del Estado, que sí ha hecho saber que los condenados ya han reintegrado el dinero malversado en el referéndum ilegal de 2017. Todo indica que el dictamen del Alto Tribunal, preceptivo pero no vinculante, será desfavorable al no mediar arrepentimiento de los líderes del procés, con la única excepción de Jordi Cuixart, lo que sitúa al Gobierno en un brete si cabe aún más complicado. De hecho, el PP ya ha anunciado que recurrirá ante el Supremo si se conceden y su trompetería mediática ya prepara la ofensiva contra Sánchez. Y eso que se trata de una potestad exclusiva del Gobierno regulada por una ley de 1870, que ni siquiera ha sido solicitada por los condenados que defienden ser merecedores de una amnistía que prohíbe la Constitución.

Prepárense para una nueva entrega de los guionistas de “Traición a la patria” y del “España se rompe” porque el indulto no es materia aceptable para quienes defienden que las sentencias han de cumplirse siempre y no pueden convertirse en papel mojado, ni siquiera con un instrumento perfectamente legal y que además puede servir de factor de distensión con Catalunya para un nuevo tiempo político.

Quien no sea capaz de ver esto y tampoco que con los líderes independentistas en prisión no habrá forma de encauzar el conflicto catalán es que o no vive en la realidad o sólo azuza el debate porque sabe que le da votos en el resto de España.  

Han pasado casi cuatro años desde el 1 de octubre del 2017, la vía judicial por necesaria que fuera no ha resuelto el problema, el independentismo sigue en el Govern de la Generalitat y al Gobierno de España no le queda otra que decidir entre no hacer nada, rechazar los indultos y dejar que se cronifique el problema o hacer algo por desinflamar una situación que dura ya demasiado tiempo. Se puede ser español e incluso de derechas y estar a favor de la distensión con el independentismo catalán. Ni se romperá España ni se cometerá traición. Sólo se trata de que una vez juzgados y sentenciados -no por ser independentistas sino por saltarse la ley- y haber cumplido una parte de la condena, se les indulte en aras de una solución política, que deberá escribirse con mayúsculas por ambas partes sin atender demasiado a las invocaciones de quienes anunciarán por enésima vez el fin de la democracia y el Estado de Derecho.

Al Gobierno de Sánchez le corresponde hacer la necesaria pedagogía para explicar que los indultos -si los concediera- también son Estado de Derecho, que la decisión puede ayudar a la consolidación de un nuevo tiempo en el que Catalunya vuelva a conectarse emocionalmente del proyecto común del que se desenchufó mucho antes del referéndum ilegal de 2017 y que se trata de una estrategia de futuro para restaurar la convivencia.