Proteger a los torturadores
El pasado sábado volvió a perpetrarse en la localidad soriana de Medinaceli el salvaje festejo del Toro Jubilo: conducir a la fuerza al animal hasta la plaza del pueblo, inmovilizarlo a lo bestia en un artilugio propio de la Inquisición y prenderle fuego en los cuernos para solaz de los presentes. Con nocturnidad y alevosía, la España más profunda volvió a ser vergüenza nacional. Pero al maltrato institucionalizado del toro se añadió un elemento más: el pueblo de Medinaceli se pertrechó frente a la protesta de los activistas, con el apoyo de un despliegue policial sin precedentes que protegió a los torturadores. Felipe Utrilla, alcalde de Medinaceli, del PP, ha defendido esa tortura como “tradición milenaria” y Javier Sanz, de la Asociación del Toro Jubilo, la ha banalizado, declarando que el toro abrasado “solo puede sufrir un poco de estrés”. Conviene ir poniendo caras y nombres, como ya hicimos en Tordesillas. Este año, el de la víctima de los de Medinaceli era Mancheguito.
El alcalde de las tradiciones milenarias había publicado un bando por el que anunciaba que el acceso a la plaza de la tortura quedaba restringido desde las 19.00 horas (la tortura se aplica cerca de la medianoche), disponiendo: “Que desde ese momento y hasta las 00.30 horas del día siguiente solo podrán acceder y permanecer en la Plaza Mayor quienes se hallen en posesión de la correspondiente invitación, además de los vecinos de las localidades que integran este Ayuntamiento y los miembros de asociaciones invitadas colectivamente”. Muchas personas activistas, que habían acudido a Medinaceli a manifestar su repulsa pacífica, no pudieron entrar. Tampoco los fotógrafos y periodistas que no hubieran sido previamente acreditados.
La primera cuestión que se suscita es si puede considerarse legal la restricción de acceso a una plaza, puesto que es una vía pública, máxime si se trata de la principal de un pueblo en el que se celebra un festejo declarado de Interés Turístico Regional por la Junta de Castilla y León, lo que supone su inclusión en las campañas de promoción turística que se lleven a cabo por la Consejería de Cultura y Turismo. Privar a las personas del derecho a la libre circulación por los espacios públicos es ilegal, si bien el alcalde de la tortura milenaria se cuidó de incluir en su bando que la restricción se adoptaba por “motivos de seguridad”, y pese a que la única seguridad que corría peligro era la de Mancheguito, así como, previsiblemente, la de los pacifistas. ¿Fue legal el acceso de la Plaza Mayor de Medinaceli? ¿Puede el Toro Jubilo mantener la declaración de Interés Turístico Regional, de la que se beneficia, si se impide la asistencia al festejo? Los distintos servicios jurídicos que puedan poner luz sobre esta posible irregularidad deberían aportar sus conclusiones.
El que sí pudo asistir, y cobrar por ello, fue el veterinario que la ley exige en todo espectáculo taurino para velar por que la tortura del animal se realice dentro de los límites reglamentarios. Una esperpéntica paradoja que suscita la siguiente cuestión: ¿puede seguir considerándose legal que un miembro de un colectivo profesional se salte el código deontológico por el que debe regirse su desempeño? El código deontológico es un conjunto de normas, valores y deberes que asumen los profesionales para ejercer de manera ética su profesión. Si tal mecanismo de autorregulación ha de ser contemplado por médicos, abogados, psicólogos o periodistas, ¿por qué pueden saltárselo a la torera los veterinarios? El demoledor informe de los veterinarios éticos de AVATMA sobre el terrible (y obvio) sufrimiento de los toros embolados debería ser suficiente para inhabilitar a los veterinarios taurinos (qué oxímoron).
En este mundo al revés en el que vivimos, y aunque el principal disturbio lo sufrió el toro Mancheguito, el pueblo de Medinaceli fue tomado por más de 100 agentes antidisturbios y numerosos miembros de la Guardia Civil. No solo legitimaron con su presencia la cruel e injusta tortura a un inocente, sino que cumplieron con su mercenario cometido: multar a quince personas que habían ido hasta allí a defenderle de sus maltratadores y denunciar el infierno al que iba a ser sometido. Me consta que hay miembros de las distintas fuerzas de seguridad contrarios a las prácticas de violencia taurina, por lo que su actuación suscita otra cuestión: ¿deben los agentes de las fuerzas del orden acatar órdenes si las consideran injustas?, ¿pueden objetar de sus obligaciones profesionales si su conciencia les alerta sobre la falta de ética de lo que van a proteger, por legal que esto sea?
Que un animal sea torturado en público es un asunto que no atañe solo a los activistas que lo defienden (y son reprimidos por ello) sino a la sociedad en su conjunto, una sociedad que debe plantearse todas estas cuestiones para decidir si sigue fomentando una cultura de la violencia, cuyas víctimas no solo son los animales. Es hora, pues, de que los políticos de cualquier formación que se considere decente (y no solo PACMA, que logró registrar los actos cometidos en Medinaceli) cumplan con su deber de construir nuestra sociedad sobre las bases éticas que deben regirla, y de que los funcionarios públicos y profesionales implicados en cualquier actividad contraria a una cultura de paz ejerzan su clara oposición frente ella. Ante una flagrante injusticia como la del Toro Jubilo de Medinaceli, también está en sus manos la posibilidad, incluso la obligación, de poner el mundo al derecho. Lo contrario, por acción u omisión, es proteger a los torturadores.
