Colaboradores del exconseller Puig alegan que devolver los bienes de Sijena era “complejo”

Barcelona, 20 feb (EFE).- Colaboradores del exconseller de Cultura Lluís Puig han declarado que les dijo que no quería desobedecer, sino cumplir la orden para devolver 44 piezas al Monasterio de Sijena, aunque han alegado que era un proceso “complejo” a nivel jurídico y logístico y que las piezas no estaban en posesión de la Generalitat.

En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha quedado este jueves visto para sentencia el juicio a Puig, actual diputado de Junts en el Parlament, para quien la Fiscalía ha mantenido su petición de 2 años de inhabilitación y 5.940 euros de multa por su “claro incumplimiento” de la orden de un juzgado de Huesca para que en 2017 devolviera al oscense Monasterio de Sijena 44 obras de arte depositadas en el Museu de Lleida.

El tribunal ha decidido celebrar el juicio en ausencia de Puig, que se encuentra en Bélgica huido de la justicia española, ya que la pena que afronta lo permite y al considerar que, pese a que la justicia belga ha rechazado su comparecencia telemática, se le notificó en tiempo y forma la fecha del juicio y podría haber acudido personalmente.

Los miembros del departamento de Cultura durante la etapa en que Puig era conseller, desde su jefe de gabinete hasta los responsables de los servicios jurídicos y del equipo museístico, han coincidido en que cuando se le notificó la resolución de la juez de Huesca para devolver la piezas no les ordenó desobedecer, sino al contrario: les preguntó cómo podía cumplir con esa obligación ante la “complejidad jurídica” del asunto y las dificultades logísticas para salvar las piezas.

Además, los testigos han asegurado que, pese a que el requerimiento judicial se dirigía a la Generalitat, la posesión de las piezas no correspondía a la administración catalana, sino al consorcio del Museo Diocesano de Lleida, un organismo que, no obstante, está presidido por el conseller de Cultura.

Por el contrario, el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio ha asegurado que el incumplimiento fue “claro” y que pese desde su entorno se alegue que Puig tenía la intención de cumplir, no lo hizo. “También se dijo que quería declarar en el juicio, y no ha acudido”, ha remarcado.

Según el fiscal, de forma “consciente y voluntaria” Puig dejó transcurrir el plazo que le había dado la juez, hasta el 25 de julio -la primera notificación judicial llegó el 7 de julio de 2017-, y facilitó el incumplimiento de la orden judicial hasta que fue destituido en octubre, al aplicarse el 155.

Es más, según el fiscal, si no hubiese sido por la aplicación del artículo 155 y por la orden que dio el ministro de Cultura cuando ejercía como conseller en funciones “esas piezas seguirían sin entregarse a Sijena”.

En un vídeo distribuido por JuntsxCat, Puig ha asegurado que este proceso judicial “no debería haber empezado nunca” y ha reivindicado la labor de la Generalitat en la conservación de estos bienes antes de la sentencia del jugado de Huesca.

El exconseller ha recibido este jueves el apoyo del presidente de la Generalitat, Salvador Illa (PSC), que ha expresado su deseo de que el juicio le vaya bien, y del expresidente republicano Pere Aragonès que lo ha considerado un “sinsentido”.