“Los delitos de odio siguen siendo desconocidos en la Policía, hace falta formación específica e integral”

En medio de la conmoción por la paliza mortal a Samuel Luiz, el Ministerio del Interior dictó el pasado julio una instrucción, adelantada por elDiario.es, que exige a la Policía Nacional y la Guardia Civil que “ineludiblemente” crímenes como el del joven de A Coruña originen desde su inicio una investigación por posible delito de odio y que permite que agentes especializados de la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, monitoricen las pesquisas. 

Con esta decisión, el departamento de Fernando Grande-Marlaska intenta evitar que se repitan polémicas como la surgida a raíz de la muerte Luiz, en la que se cuestionaba si la principal hipótesis era que la homofobia llevó a sus asesinos a golpearlo hasta matarlo. Según la instrucción, la existencia de alguno de los “factores de polarización” recogidos en un protocolo de 2020 –que la víctima pertenezca a una minoría discriminada por razón de raza, religión u orientación sexual o que el agresor profiera determinadas “expresiones o comentarios”, entre otros– conllevará “ineludiblemente” que la investigación policial se oriente a desvelar la existencia de una motivación discriminatoria. 

Además de la reacción ante la alarma social generada por la paliza mortal al joven, detrás de este movimiento del Ministerio del Interior está el impulso de una asociación LGTBI de fuerzas y cuerpos de seguridad estatales, autonómicas y locales, LGTBIPol, creada en 2016 y que cuenta con un centenar de asociados. La “preocupación” por la “imagen” que se estaba proyectando de la Policía Nacional a raíz de las pesquisas por el asesinato del joven y las declaraciones a los medios de los investigadores negando la existencia de indicios de homofobia llevaron al colectivo a dirigir un escrito a la citada Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio, con la que mantienen cierta interlocución dado que es habitual su colaboración en la realización de cursos, conferencias o actividades formativas. 

“Les recordamos que en este caso se había puesto de manifiesto la falta de aplicación del Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los Delitos de Odio, que establece que entre los factores de polarización que pueden determinar la acreditación de una motivación discriminatoria también está la percepción de la víctima”, explica a elDiario.es el vicepresidente de LGTBIPol, el policía nacional Rufino Arco. “Cuando la víctima ya no puede manifestarse se tiene en cuenta la percepción de testigos y acompañantes acerca de la motivación, como un indicador válido de polarización”, añade. En el caso de Luiz, sus amigas aseguraron desde el inicio que sus agresores le habían llamado “maricón” cuando le golpeaban.

“Buena praxis policial”

En su escrito, LGTBIPol alude a la importancia “una buena praxis policial, que ayude a una calificación justa y apropiada en el proceso judicial y ”cuyo resultado sea emitido por jueces cualificados y no adelantado por la policía al cargo del caso, ya que no es esa su labor“. ”Al final, en el Ministerio del Interior acabaron tomando cartas en el asunto y se dieron cuenta de que el Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio era ineficaz en ese sentido, porque se estaban quedando muchos cabos sueltos“, afirma el agente. 

Esa voluntad se plasma en la instrucción dirigida a la Policía Nacional y la Guardia Civil, que establece que la existencia de “uno o varios” de la quincena de “factores de polarización” recogidos en el citado protocolo “conllevará ineludiblemente la orientación de la investigación policial al fin de desvelar la existencia de una motivación racista, xenófoba o de otra naturaleza en el delito cometido”. 

Además, los responsables de la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio podrán efectuar un seguimiento “directo y específico” de aquellos casos que adquieran especial relevancia por la alarma social que representen, por su complejidad o por la gravedad de los posibles delitos cometidos. En estos supuestos, los miembros de la Oficina Nacional podrán desplazarse a cualquier dependencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para asegurar la más estrecha relación con los investigadores, ya sea a iniciativa de la propia entidad o a solicitud de las unidades policiales de investigación.

Para Arco, esta tarea de monitorización de los agentes especializados es muy relevante porque puede suplir carencias de la institución. “Los delitos de odio siguen siendo desconocidos en la Policía, hace falta formación específica e integral. La gente no entiende la complejidad y la importancia de un delito de odio porque no se lo han explicado”, afirma el agente, que lleva doce años en el Cuerpo. El problema es que esa formación, tan necesaria tanto a efectos de investigación como de asistencia a las víctimas, llega a cuentagotas. 

“En los centros de formación, reciclaje y ascenso sí se está tratando el tema de los delitos de odio en profundidad. Pero a ellos han accedido las dos últimas promociones de la Escala Básica y de la Escala Ejecutiva y la gente que ha ascendido recientemente. Es complejo trabajar con todo el organigrama”, reconoce este agente, que admite que lo habitual es que se acaben formando en este tipo de asuntos los agentes que ya están más sensibilizados.

Aunque sea complejo formar a un colectivo de más de 140.000 funcionarios –donde todavía persisten ciertas actitudes lgtbifobicas a pesar de la “profesionalidad” de la mayoría de agentes, dice Arco– este policía insiste en la importancia de no dejar de lado ese reto. La Policía y la Guardia Civil son a menudo la primera puerta a la que llaman las víctimas y los atestados que realizan sus profesionales –y lo completos o no que sean estos– resultan clave en la posterior instrucción judicial. “Por eso es tan importante que exista esa formación y se hagan las preguntas adecuadas”, sentencia Arco.