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Enmiendas sin relación con la ley: una práctica utilizada por el PP que el PSOE llevó al Constitucional

El PP utilizó este resquicio parlamentario durante su periodo en el Gobierno para modificar multitud de normas a través de leyes sin relación alguna

Los socialistas llevaron una de esas enmiendas al Constitucional, que criticó este atajo legislativo

El tribunal falló en 2011 que no puede haber "una absoluta desconexión" entre la ley principal y la enmienda

Sánchez defiende la legalidad de la enmienda que el PP amaga con llevar al Constitucional

Pedro Sánchez, durante la sesión de control de este miércoles. EFE

Enmendar una ley en trámite para modificar otra ha sido una práctica habitual en el Congreso de los Diputados. En ocasiones, grandes reformas legislativas implican cambios en diversas normas y por eso se añaden enmiendas al proyecto principal para hacer cambios en otras. Sin embargo, este procedimiento legal se ha usado muchas veces para cambiar leyes sin relación alguna, solo para acelerar trámites o tratar de reducir el debate parlamentario al respecto. El PSOE acaba de hacerlo para salvar el veto del Senado a los presupuestos, con una técnica que el PP utilizó durante años y que los socialistas llevaron al Constitucional.

El atajo que supone esta práctica es que se usa una ley en trámite para modificar otra, sin necesidad de llevar al Congreso un proyecto nuevo y sin que tengan ninguna relación. Si se hace a través de una enmienda, se reduce el trámite parlamentario. Se aceleran los tiempos. La única exigencia es que la enmienda tiene que ser a una ley con el mismo rango que la que se quiere cambiar.

La polémica sobre esa práctica ha vuelto al debate político después de que el PSOE haya introducido una enmienda en la tramitación de la ley con la que iban a dar formación en violencia machista a la carrera judicial para modificar Ley de Estabilidad. El Gobierno consigue con este movimiento acelerar la aprobación de esta reforma y conseguir un extra de 1.000 millones de euros para los presupuestos incorporando ya las nuevas condiciones pactadas en Bruselas.

La práctica, aunque irregular, es habitual en la política española. El Gobierno de Mariano Rajoy la utilizó en multitud de ocasiones, en muchas de ellas con oposición del PSOE. Ocurrió así, por ejemplo, cuando el PP aprobó el aforamiento del Rey Juan Carlos con dos enmiendas a la ley de racionalización del sector público que modificaban la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Meritxel Batet, ahora ministra de Política Territorial y Función Pública, dijo entonces que se trataba de un trámite "repleto de despropósitos".

En aquella ocasión se utilizó un cambio en las condiciones laborales de los jueces para hacer reformas más profundas. Lo mismo ocurrió recientemente, cuando de forma sorpresiva el PP introdujo 50 enmiendas a la LOPJ que en principio solo iba a cambiar los permisos de los magistrados. Los cambios que planteaban los conservadores afectaban a la limitación de mandatos de los presidentes de audiencias y tribunales o modificaciones en los ascensos en la carrera judicial. Ninguna de las enmiendas tenía relación con la primera iniciativa.

El PSOE ha recordado este miércoles otros ejemplos para armar su argumentario de que el PP lo hizo antes que ellos. Como la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, que durante su tramitación fue enmendada para modificar otras tres leyes. Por ejemplo, el PP modificó a través de esta norma los presupuestos para incluir subvenciones al transporte marítimo y aéreo para los residentes en Canarias. Tocó, además, otros dos textos legislativos sin relación alguna.

Los conservadores también usaron este resquicio parlamentario cuando reformaron la ley sobre reutilización de la información del sector público. En las enmiendas se incluyó, por ejemplo, un cambio en la norma sobre reproducción asistida. En la tramitación de la ley de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social el PP se modificaron hasta cinco leyes distintas.

Algunos de estos atajos legislativos han acabado en el Constitucional. El más relevante, y el que esgrime ahora el PP para criticar la decisión de los socialistas, se refería a la inclusión en 2003 de una enmienda para encarcelar al exlehendakari Juan José Ibarretxe si convocaba un referéndum. La modificación del Código Penal se incluyó en la tramitación de la Ley Orgánica de Arbitraje.

El Constitucional exige que tengan relación con la ley

El PSOE fue muy crítico con esa maniobra y la llevó al Tribunal Constitucional, que tardó ocho años en pronunciarse. La sentencia otorgó el amparo demandado por los senadores de la oposición porque consideró que había "una absoluta desconexión" entre la ley y la enmienda. El tribunal criticó a la Mesa de la cámara alta por haber siquiera admitido la enmienda y concluyó que se había "violentado la posición institucional del Senado".

El PP ha recuperado esta sentencia para criticar la medida del Gobierno y recordar que fue el propio PSOE quien llevó este caso ante el Constitucional. Los socialistas, por su parte, responden que este caso concreto afecta únicamente al Senado.

Es cierto que el texto solo hace referencia a la tramitación parlamentaria en la cámara alta, pero sus argumentos pueden aplicarse a los casos en los que la enmienda no tiene relación con la ley principal. Deben tener "conexión", concluyó el tribunal, con la ley principal: "Esta exigencia se deriva del carácter subsidiario que toda enmienda tiene respecto al texto enmendado, de la lógica de la tramitación legislativa y de una lectura conjunta de las previsiones constitucionales sobre el proceso legislativo".

Los populares han reunido este miércoles varios fallos del Constitucional sobre este asunto, muchos de ellos a instancias de recursos presentados por el PSOE. La doctrina de ese tribunal es que debe existir un hilo de "congruencia" entre la enmienda y la ley, a la que se agarra el PP para advertir que tratará de tumbar la enmienda del Gobierno para aprobar los presupuestos.

Antes, el PP debe impugnar la medida en la Mesa del Congreso, y solo entonces podrá acudir al Constitucional. Sin embargo, este puede tardar años en pronunciarse, como ha ocurrido en los casos que los conservadores han esgrimido.

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