La justicia anula por segunda vez un nombramiento a dedo de Catalá
La Audiencia Nacional ha confirmado este jueves la anulación del nombramiento a dedo del Ministerio de Justicia encabezado por Rafael Catalá para el puesto de secretaria de gobierno del Tribunal Superior de Justicia en Canarias. El tribunal ha desestimado el recurso contra la sentencia que presentó la Abogacía del Estado y ratifica la anulación, aunque todavía cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Justicia intenta salvar el nombramiento a dedo que anuló la Audiencia Nacional
En una sentencia dictada el pasado 26 de diciembre, la titular del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo Número 5 de la Audiencia Nacional, Emilia Peraile, anulaba la elección de María Hernández Burgos para el cargo al entender que el proceso para elegir el puesto de libre designación se había saltado las normas de la propia convocatoria para nombra a Burgos por encima de otros candidatos.
La convocatoria para el puesto exigía tener 10 años de experiencia en la categoría segunda ya consolidada. “No cabe duda que la resolución cuestionada ha vulnerado la normativa de aplicación y la propia convocatoria”, señalaba la primera sentencia. Para consolidar una categoría se exige el desempeño de puestos de trabajo en ella durante al menos durante cinco años continuados o siete con interrupción. Hernández Burgos no lo cumplía.
El Ministerio presentó entonces un recurso contra la Sala de Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional al entender que la antigüedad solo operaba “como garantía de la percepción del sueldo” y nada más. Añadió en su defensa que se trata de una plaza de libre designación, por tanto “de discrecionalidad técnica”.
“El nombramiento incumplía requisitos básicos”
El Sindicato de Letrados y Letradas de la Administración de Justicia (SISEJ) ha emitido un comunicado en el que afirman que el nombramiento “incumplía requisitos legales básicos” y piden al Ministerio que ahora encabeza Dolores Delgado hacer “una reflexión de gobierno y acatar la sentencia con todas sus consecuencias”.
“No tiene sentido que la Abogacía del Estado siga planteando esta batalla legal, ni que el puesto de la Secretaría de Gobierno del TSJ de Canarias siga en cuestión, sino que debe ser renovado y cubierto con otra persona que como mínimo cumpla con los requisitos legales vigentes, cesando de inmediato a la persona designada irregularmente”, afirma el comunicado. Desde SISEJ solicitan a Justicia, además, una labor de “regeneración democrática, revisar las prácticas y nombramientos del anterior ejecutivo, auditar la situación del Ministerio y gobernar para todos recuperando la confianza en las instituciones”.
