El PSOE vota en contra de la reforma fiscal de Unidas Podemos a la espera del informe encargado por Hacienda

El PSOE ha votado este jueves en el Congreso de los Diputados en contra de una proposición no de ley de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, que instaba al Ejecutivo a poner en marcha una reforma fiscal para subir impuestos a las grandes eléctricas y a las grandes rentas, que ha sido rechazada por el Pleno de la Cámara Baja con 52 votos favor, 278 en contra y cinco abstenciones.

El martes, durante el debate de la iniciativa, los socialistas argumentaron ese voto contrario a la iniciativa del grupo confederal, que sí ha contado con el respaldo de algunos de los habituales aliados del Gobierno –como Compromís, Más País, EH Bildu y la CUP, tras lograr una enmienda transaccional–, en la necesidad de “respetar los tiempos” del comité de expertos al que el Ministerio de Hacienda le encargó un informe para reestructurar el sistema impositivo, una reforma prometida por el departamento que dirige María Jesús Montero.

“Confiamos ir de la mano” de Unidas Podemos en materia de fiscalidad, aseguró el portavoz del PSOE, Héctor Gómez, en rueda de prensa, tratando de restar importancia a la nueva brecha evidenciada entre los aliados del Ejecutivo. Su partido, añadió, no quiere adelantarse “a ese trabajo que está realizando ya el Ministerio de Hacienda”.

La diputada socialista Montse Mínguez aseguró además, durante el debate en el Pleno, que a PSOE y Unidas Podemos les unen “muchas cosas”, entre las que citó el Consejo de Ministros. “Lo que no nos une es el oportunismo político de esta proposición”, enfatizó, recordando también la necesidad de esperar al informe de los expertos de Hacienda. También le dijo a Unidas Podemos que “el enemigo no está sentado en el banco azul”, sino en el PP.

El grupo confederal planteaba, entre otras medidas, sustituir el impuesto sobre el patrimonio por un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas no bonificable por las comunidades autónomas “para evitar la existencia de paraísos fiscales interiores como el caso de Madrid” o un incremento en el tipo impositivo de las empresas eléctricas “cuyo volumen de facturación sea superior a 10.000 millones de euros”.

Otros puntos de la iniciativa contemplaban la reducción del IVA a los productos de higiene femenina, a las peluquerías y a los productos veterinarios al tipo súper reducido, reorganizar los beneficios fiscales, acercar la tarifa de la base imponible del ahorro en el IRPF a la tarifa de la base imponible general o crear nuevos tramos para rentas superiores a los 120.000 euros.

Echenique recuerda la caída del impuesto de sociedades

Toda la propuesta contemplaba como elemento central “la progresividad”, un principio que, según recuerda Unidas Podemos está “recogido en el artículo 31 de la Constitución Española”, ya que “vela porque a mayor capacidad económica mayor sea el porcentaje de renta o riqueza a aportar al resto de la sociedad”. La reforma, apunta el grupo confederal “es fundamental para redistribuir de forma justa la riqueza generada, reduciendo así las desigualdades sociales que además lastran el crecimiento económico”.

Durante el Pleno de este martes, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, defendió su iniciativa en que desde la crisis financiera “los impuestos que más han subido” han sido los de las clases trabajadoras mientras “el impuesto de sociedades ha caído un 40%”, pese a que las empresas “tienen significativamente más beneficios” de los que tenían en 2007.

El Ministerio de Hacienda tiene previsto acometer este año una reforma fiscal de calado en España, un punto acordado con Bruselas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y como punto inicial para esta reforma, el Gobierno, como sostenía este martes el PSOE, está a la espera del informe del comité de expertos que se creó hace un año para abordar la reforma del sistema fiscal español.

Las conclusiones de este grupo de académicos se espera, precisamente, para este mes de febrero, ya que el día 28 vence el plazo que se les dio. La tributación patrimonial, el Impuesto de Sociedades o la fiscalidad medioambiental son algunas de las prioridades que se han marcado desde el departamento de Montero.