Vox retira la comisión sobre las residencias tras los ataques de Ayuso

El Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite un recurso presentado por Unidas Podemos y su grupo confederal del Congreso contra la Ley de Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, aprobada el pasado mes de junio por el ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso y bautizada por la oposición como 'Ley Uber'.

La norma, según los partidos recurrentes, invade competencias municipales a la hora de regular la concesión de licencias a Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) para el transporte urbano en los distintos municipios. Contempla, además, que los taxis puedan circular 24 horas todos los días de la semana.

“La Comunidad de Madrid se ha excedido inconstitucionalmente en la regulación establecida en la norma impugnada”, afirma el recurso de la formación que preside Ione Belarra. Una parte del sector del taxi también se mostró en contra de esta norma, presentando su propio recurso.

Informa Alberto Pozas.

El Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad la medida cautelar planteada por el partido ultraderechista Vox para que la reforma laboral aprobada en febrero perdiera su vigencia. Una norma aprobada por un solo voto de margen y después de que un diputado del PP, Alberto Casero, se equivocara al registrar el suyo.

Tanto Casero como su partido y Vox recurrieron la votación ante el Constitucional, cuestionando las decisiones posteriores de la presidencia de la cámara baja, pero el partido ultraderechista fue un paso más allá y pidió la suspensión cautelar de la norma.

Una petición que ha rechazado de plano y por unanimidad el Tribunal Constitucional, según ha anunciado este martes. Los jueces todavía tienen que estudiar todos los recursos presentados contra la decisión de Meritxell Batet de no repetir la votación o de no registrar el voto de Alberto Casero como positivo en línea con el resto de su partido, clave para la aprobación de la norma.

Informa Alberto Pozas.

El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el Real Decreto de ahorro energético con el que el Gobierno pretendía limitar el consumo de energía eléctrica.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció la interposición del recurso hace ahora dos semanas. El decreto, según Ayuso, “actúa de forma arbitraria, autoritaria y, sobre todo, atenta contra los comercios y demás establecimientos públicos, en un momento muy difícil para ellos”.

Ahora el Constitucional tendrá que dictar sentencia sobre este Real Decreto que, entre otras cosas, limitaba la temperatura del aire acondicionado en determinados comercios o edificios públicos, estableciendo también la obligación de apagar escaparates a partir de las diez de la noche.

Lo cuenta Alberto Pozas.

La Audiencia Nacional (AN) ha señalado para el próximo 24 de mayo el arranque del primer juicio del 'caso Lezo', que se centrará en la compra de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II (CYII) en el año 2001 para determinar si, como sostienen las distintas acusaciones, se pagó un “sobreprecio” a costa de las arcas públicas.

Así consta en una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso Europa Press, donde la Sala de lo Penal de la AN habilita un total de 20 sesiones, entre el 24 de mayo y el 27 de junio, para acoger la vista oral por esta pieza separada número 1 de 'Lezo'.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, envió a juicio a un total de 22 personas, entre los que destacan los ex consejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo, antiguos colaboradores del que fuera alcalde de Madrid y presidente regional Alberto Ruiz-Gallardón.

Para ellos, la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena a 7 años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de prevaricación.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, siguió al dedillo su máxima de no salirse del guion para no dificultar la negociación que se ha abierto con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “No es momento de mostrar diferencias”, repitió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a todas las preguntas sobre el cambio del sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces, que es el principal escollo sobre la mesa hasta ahora.  

“Saben y tienen claro cuáles son nuestras posiciones, cuál es la posición del PP. Se trata de resolver una anomalía democrática, de cumplir la Constitución. Nos hemos dado una última oportunidad. El Gobierno tiene muchísimo interés en sacar adelante ese acuerdo. Cuando se trabaja por el acuerdo es muy importante no poner el foco en la diferencia”, ha reiterado la portavoz.  

Aunque el Gobierno evita públicamente mostrar las discrepancias, sí admiten que no van a aceptar el cambio del sistema de elección del CGPJ. “Esta negociación no está condicionada a nada”, señalan fuentes gubernamentales, que esperan que el acuerdo esté listo en un periodo “muy breve”. A pesar de que no se han puesto plazos, en el Ejecutivo hablan de días.

Informa Irene Castro.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que tildar como “delitos de odio” tanto la denuncia archivada por Fiscalía por la decisión del Gobierno municipal por no colocar la bandera LGTBI en la fachada de Cibeles durante el Orgullo, como los graves insultos que profirieron los alumnos del Colegio Mayor Elías Ahuja a las residentes en el colegio de enfrente, es caer en una “banalización” de dicho delito.

“No hay nada peor con los delitos de odio que banalizarlos, que calificar todo como delito de odio. Lo vimos la semana pasada con lo ocurrido en el Elías Ahuja, hechos que yo condeno. Y atribuir un delito de odio por no colocar la bandera LGTBI cuando este Gobierno llenó Madrid de banderolas LGTBI, subvencionó el Orgullo, puso espacios públicos novedosos como la Plaza de España”, es, a su juicio otra forma de “banalizar” dicho delito.

Martínez-Almeida entiende que la denuncia interpuesta “a título personal” por la entonces portavoz del Grupo Mixto, Marta Higueras, por no colocar la banderas arcoíris en la fachada de Cibeles la hizo “desde las urgencias desaforadas de una persona –a la que no ha citado– que solo busca una lista electoral en la que meterse en mayo de 2023”. “Hay algunas personas que no saben dónde se tienen que sentar, si en el Grupo Mixto o no, y no tienen claro dónde sentarse en la legislatura que viene”, ha afirmado.

Lo cuenta Carmen Moraga.

Más Madrid ha registrado este martes una proposición no de ley en la Asamblea regional para que ningún miembro del Gobierno de Ayuso cobre más que el presidente del Ejecutivo Central, Pedro Sánchez. “Resulta evidente que la Comunidad de Madrid no es ajena a las circunstancias económicas que está viviendo España, como España no es ajena a las circunstancias económicas que está viviendo Europa en su conjunto”, justifica el escrito.

El grupo que lidera Mónica García basa su solicitud en las críticas que la presidenta madrileña realizó al salario de Pedro Sánchez, al considerarlo excesivamente elevado dadas las circunstancias actuales. “Sin embargo, existen múltiples cargos de la Comunidad de Madrid que cobran cantidades superiores a lo que cobra el presidente del Gobierno de España”, indica el texto, que señala a la propia Ayuso, que percibirá este ejercicio 20.000 euros más que Sánchez.

Escribe David Noriega.

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para ayudar a Ucrania. Se trata de ayudas a entidades y a “alguna comunidad autónoma” “para garantizar el sistema de acogida internacional”. Así lo ha explicado la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha detallado que se trata de 13 millones de euros a comunidades como Catalunya y Valencia y cuatro subvenciones por 335,7 millones de euros dirigidas a las principales entidades que están atendiendo esta acogida: Cruz Roja, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Asociación Católica Española de Inmigrantes y Fundación Acción Integral con Migrantes. 

“Nuestro país vuelve a mostrar su seña de identidad como un país solidario”, ha dicho Isabel Rodríguez, que ha destacado que España “es el quinto país europeo que más refugiados ha acogido”. “Son más de 147.000 personas. España mantiene su pleno apoyo a las personas que huyen de su país; seguimos dando acogida y oportunidades”, ha zanjado.

Comienza la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Este martes se ha llevado el plan de contingencia, con el que se quiere lograr un ahorro de energía para este otoño e invierno. Comparecen la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha ironizado este martes sobre la reunión que han mantenido Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para intentar desbloquear la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la dimisión de su presidente, Carlos Lesmes, asegurando que son como “como los novios del dúo Pimpinela”.

A su juicio, el supuesto acercamiento de posturas entre los dos es solo “un paripé” porque “pactan todos los días” y siempre “se han repartido de manera vergonzante el Poder Judicial”: “Son como novios, como el dúo Pimpinela”, que parece que están peleados pero “al final resulta que eran hermanos”. “La realidad es que Sánchez y Feijóo son hermanos siameses”, ha ironizado el portavoz del Vox.

Sobre el bloqueo que hay en la renovación de cargos de los órganos de la Justicia, Espinosa no cree “que uno tenga más responsabilidad que otro”, sino que ambos la tiene “a partes iguales”. “Vox no va a participar en ese reparto, no vamos a contribuir a ese proceso. No vamos a plantearnos siquiera pactar con el diablo, que es Pedro Sánchez”. Vox, según ha dicho, apuesta por que los jueces puedan elegirse entre ellos. “La justicia debe ser independiente”, ha zanjado.

Informa Carmen Moraga.

Todavía no conocen el texto, ni cómo se desarrollará jurídicamente, pero el Gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que recurrirá el impuesto a las grandes fortunas ante el Constitucional. Lo avanzó este lunes la presidenta Isabel Díaz Ayuso y lo ha desarrollado este martes tras el Consejo de Gobierno su número dos, Enrique Ossorio, que ha reconocido que no conocen ni el proyecto ni cómo se va a articular normativamente.

Ayuso había defendido unas horas antes que el impuesto “arremete contra la autonomía fiscal”. “Nos vemos obligados a defendernos en tribunales, que por cierto, para esto están los contenciosos administrativos y el Constitucional, para cuando se excede en competencias el Gobierno”, había justificado. Ossorio ha coincidido en esa lectura y ha alegado que “es evidente que la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas establece que las comunidades autónomas tienen la capacidad de regular bonificaciones, tarifa, etc. del impuesto de patrimonio. Por tanto, si llega el Gobierno de la nación con una ley ordinaria y pretende arrebatar esa competencia a las comunidades autónomas, es evidente el choque de constitucionalidad”.

Sin embargo, Ossorio ha reconocido que “desde el punto de vista jurídico el Gobierno de la nación todavía no tiene un proyecto encima de la mesa de creación de este impuesto”. “No hay una articulación jurídica de cómo lo van a plasmar, pero sí sabemos que va a existir el impuesto”, ha insistido. Por tanto, el anuncio no supone, por el momento, ninguna medida extra. “Tan pronto como conozcamos” la ley, “lo analizaremos” y “el servicio jurídico lo estudiará”, ha dicho. Será entonces cuando el Consejo de Gobierno autorice la interposición del recurso.

La Comunidad de Madrid ha cifrado en 13.000 contribuyentes con grandes patrimonios afectados por este impuesto, que el Gobierno llama de “solidaridad”, los que pueden abandonar la región para evitar hacer frente a sus obligaciones tributarias. Unos cálculos que, según ha reconocido Ossorio, se basan en “un power point que facilitó el ministerio de Hacienda”. “Han explicado a partir de qué patrimonio se aplicaría, cuáles serían los tramos en función del patrimonio con los tipos impositivos y en base a eso… No hay una articulación jurídica de cómo eso lo van a plasmar, pero sí en qué va a consistir el impuesto”, ha justificado.

Informa David Noriega.

La Fiscalía de Madrid ha acordado el archivo de la denuncia presentada por Recupera Madrid contra la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital por negarse a ondear la bandera LGTBI en el Consistorio.

La denuncia se interpuso por la presunta comisión de delitos de odio, prevaricación administrativa o dejación de funciones después de que el equipo de Gobierno del alcalde José Luis Martínez-Almeida no accediera a que ondeara la bandera arcoíris en el Palacio de Cibeles durante la semana del Orgullo.

El decreto de archivo se fundamenta en que tal decisión “no merece ningún reproche penal”, sobre todo, a la vista de la “intensa actividad institucional desplegada por el propio consistorio” durante esos mismos días. Recuerda que ese despliegue “incluyó farolas próximas al edificio consistorial de pancartas de apoyo, que junto con los restantes elementos enumerados en el informe de la BPI contribuyeron a dar visibilidad a las fiestas del Orgullo”.

La denuncia, en la que la Fiscalía no aprecia ninguna actuación discriminatoria por parte de la Junta de Gobierno, alude a una sesión del pleno del Ayuntamiento donde se aprobó una proposición del grupo Más Madrid en la que se interesaba que se adoptaran una serie de medidas con motivo de la celebración del Orgullo 2022, incluida que ondeara la bandera arcoíris en la fachada del consistorio“.

Informa Europa Press.

El Gobierno aprueba en el Consejo de Ministros de este martes el plan de contingencia para abordar un ahorro de energía este otoño e invierno en el actual contexto de crisis energética por la tensión con Rusia tras su invasión a Ucrania.

En un principio, está previsto que el plan marque una serie de recomendaciones para facilitar el ahorro y la eficiencia energética, aunque en ningún caso se contemplarán cortes en el suministro.

Las nuevas medidas se sumarán a las que ya se aprobaron este verano para fomentar el ahorro y la eficiencia energética, como la limitación de la temperatura a 27 grados en verano y 19 en invierno en comercios, cines, hoteles y edificios públicos; o el apagado de escaparates a las diez de la noche o el cierre automático de puertas.

Información de Europa Press.