Unidas Podemos quiere llevar al Constitucional los nombramientos del CGPJ en funciones

La pelea por los nombramientos del caducado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato constitucional se cumplió en diciembre de 2018, podría llegar al Tribunal Constitucional. El grupo de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común sondea al resto de fuerzas parlamentarias para que el Pleno del Congreso plantee “un conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado” contra el CGPJ si su presidente, Carlos Lesmes, mantiene su intención de renovar una parte de la cúpula judicial este mismo miércoles. La ley marca que la discrepancia, de mantenerse, deberá ser dirimida por el alto tribunal.

El escrito que ha preparado Unidas Podemos, y al que ha tenido acceso elDiario.es, sostiene que desde que caducara el mandato del actual CGPJ en diciembre de 2018, este se encuentra “en funciones”, lo que le impediría hacer nombramientos de cargos judiciales. Los previstos para este miércoles son especialmente delicados, según el grupo confederal, ya que se trataría de designar a seis magistrados del Tribunal Supremo, cuyo mandato es irrevocable hasta su jubilación. Tres de ellos para la Sala Segunda, que examina en última instancia la mayoría de las causas penales que se juzgan en España y por la que pasan los casos de corrupción.

Los nombramientos se sumarían a los muchos que el CGPJ que preside Lesmes ha hecho pese a estar en funciones. El bloqueo parlamentario a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que se debe básicamente a que el PP se ha negado a negociarla, no sería motivo suficiente, entienden en Unidas Podemos, para que Lesmes mantenga su plan. De hecho, el escrito recuerda que, al menos en dos ocasiones, el órgano haya reconocido públicamente la precaria situación en la que se encuentra para hacer ciertos nombramientos. Primero, en julio de 2020 cuando “decidió, por razones de prudencia, retirar del orden del día la deliberación y el fallo de dichos nombramientos discrecionales ante la confirmación, en aquel momento, de la existencia de negociaciones entre los grupos parlamentarios para la renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato venció el 4 de diciembre de 2018”. Y antes, en enero de este mismo año, cuando “anunció que a partir del 16 de enero de 2020 el Consejo no llevaría a cabo más nombramientos de altos cargos judiciales hasta que fuesen elegidos sus nuevos componentes”.

El conato de negociación de este mismo verano no fructificó. Lo mismo que el de noviembre de 2018, cuando se filtró un mensaje del por entonces portavoz del PP del senado, Ignacio Cosidó, en el que se jactaba de colocar a un presidente del Supremo que controlaría “desde atrás” la sala que tenía que juzgar, entre otros casos, el del procés.

La idea de Unidas Podemos es reeditar en el Pleno la amplia mayoría que este mismo domingo respaldaba un comunicado conjunto de varios grupos en el que se conminaba al resto de fuerzas parlamentarias a poner en marcha la renovación del CGPJ. Lograr el apoyo de, al menos, esos 187 diputados es el objetivo de una negociación que lidera el presidente del grupo, Jaume Asens, y que fuentes del grupo confederal señalan que está todavía en marcha. Básicamente, se trataría de reeditar la mayoría de la investidura, con la base de los diputados del PSOE y de UP, y con el añadido de Junts per Catalunya. EH Bildu, de momento, está fuera de este movimiento.

La legislación establece un procedimiento para resolver los conflictos entre determinados órganos del Estado. Cuando uno de estos órganos considere que otro de ellos adopta decisiones asumiendo atribuciones que a él le confieren la Constitución o las leyes orgánicas, puede poner en marcha el sistema. El Pleno del órgano puede plantear el conflicto al otro y, en caso de que no se resuelva el conflicto, es el Tribunal Constitucional el encargado de hacerlo. Así lo establecen los artículos 73 a 75 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Hasta ahora no han sido muchas las ocasiones en las que se ha activado este mecanismo. La última fue durante el Gobierno de Mariano Rajoy y enfrentó al propio Ejecutivo con el Congreso, que se quejó de sus vetos discrecionales a las iniciativas parlamentarias de la oposición. El alto tribunal tardó casi dos años en dar la razón al Congreso.