Los abortos crecen ligeramente en 2018, pero se reducen un 15% desde la aprobación de la ley de plazos
El número de interrupciones voluntarias del embarazo creció ligeramente en 2018 con respecto al año anterior. En total, se produjeron en España 95.917 abortos, según los últimos datos hechos públicos este miércoles por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Se trata de un ascenso del 1,91%, ya que en 2017 se registraron 94.123. Ese año también aumentaron respecto a 2016, cuando hubo 93.131. La cifras, no obstante, están lejos de los años previos a la entrada en vigor de la ley de plazos y desde el ministerio valoran que se trata de una “tendencia a la estabilización”.
El informe correspondiente a 2018 especifica que en 2010, el año de aprobación de la actual ley, que permite el aborto libre hasta la semana 14 -entró en vigor en el mes de julio-, se registraron 113.031 interrupciones voluntarias del embarazo. Desde entonces, los abortos han disminuido un 15,1%.
Un año después, en 2011, fueron 118.611, es decir, experimentaron un incremento, pero a partir de entonces, el número de abortos comenzó a descender paulatinamente. Antes de 2010, sin embargo, los abortos crecían año tras año, con algunos ascensos muy pronunciados. De hecho, entre 2004 y 2010 los abortos crecieron un 33%.
El Ministerio de Sanidad asegura que las cifras revelan “un estancamiento” de las interrupciones voluntarias del embarazo, que desde 2014 se situaron en poco más de 94.000, rondando ese mismo datos los años siguientes. Los detractores de la actual ley aprobada por el Gobierno socialista de Zapatero han repetido como un mantra que los abortos se incrementarían con la entrada en vigor de la norma: “El Gobierno fomenta los abortos a expuertas”, decía el entonces presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco. Sin embargo, los datos desmienten ese tipo de teorías.
Si nos fijamos en la tasa de abortos por cada 1.000 mujeres, en 2018 se ha situado en 11,12 interrupciones voluntarias del embarazo, por debajo de las 11,71 de hace ocho años. “El descenso es visiblemente destacado si se retrocede hasta el año 2008, cuando se produjeron 115.812 abortos (11,78 por cada 1.000 mujeres)”, señala el Ministerio de Sanidad en una nota de prensa. En 2006, no obstante, la tasa se situó en 10,6 abortos por cada 1.000 mujeres, inferior a la de 2018.
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) explica que, en global, hay un “mantenimiento del número de abortos”, pero “con un pequeño repunte” que achacan a la falta de desarrollo de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva. Esta estuvo paralizada durante años y el pasado año el Gobierno anunció que la ponía en marcha.
Sin embargo, la falta de políticas integrales de anticoncepción y la ausencia de educación sexual en las aulas son dos de los elementos clave que echan de menos las asociaciones. La utilidad de la ley, explica Francisca García, presidenta de ACAI, también depende “del desarrollo de esta segunda parte” porque “ahora solo facilita que las mujeres aborten con libertad y seguridad, pero aún hay otra parte por desarrollar”.
Financiación del anillo
Precisamente en base a ello, el Ministerio de Sanidad también ha informado este miércoles de que desde el pasado 1 de noviembre financia por primera vez el anillo vaginal anticonceptivo. El Sistema Nacional de Salud ha incluido en su cartera de servicios el anillo con los principios activos Etinilestradiol (3,474 mg) y Etonogestrel (11 mg). Sanidad financia un total de 14 prestaciones de anticonceptivos y su inclusión “contribuye al cumplimiento de la ley”, que obliga a que los servicios públicos garanticen el acceso universal a prácticas efectivas de planificación de la reproducción.
Por otro lado, el departamento dirigido por María Luisa Carcedo ha firmado un acuerdo con el Ministerio de Educación y Formación Profesional para “fomentar la promoción y educación para la salud sexual y reproductiva”. Ambos ministerios, explican, coordinarán “el desarrollo de distintas iniciativas transversales y efectivas de educación afectivo-sexual en el entorno escolar”, sin dar más detalles. Hace unos meses, el Gobierno anunció que incluiría este tipo de contenidos de manera transversal en la educación a través de una nueva ley educativa que buscaba derogar la Lomce, sin embargo, esta iniciativa está actualmente bloqueada.
