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Las comunidades del PP reculan tras su plantón a Educación y delegan la evaluación del curso en los docentes

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Daniel Sánchez Caballero / Daniel Cela / Erena Calvo

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Al final, decidirán los profesores. Tras una semana de polémica en la que algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP se desmarcaron del pacto alcanzado entre el Ministerio de Educación y la mayoría de los gobierno regionales para cerrar el curso escolar, las consejerías díscolas han enviado sus instrucciones a los centros sobre cómo tienen que evaluar y promocionar a sus alumnos.

Versión reducida: finalmente van a hacer básicamente lo mismo. Las instrucciones que han mandado a los centros estas comunidades dejan en manos del profesorado la evaluación de los alumnos –como está reflejado en la LOMCE–, establecen que el tercer trimestre solo puede contar “en positivo” para los estudiantes y fijan la repetición como la excepción –también es la práctica por defecto en la ley–.

“Sin tener en cuenta las limitaciones”

La reunión del pasado miércoles concluyó con el acuerdo de que la promoción sería la regla para todo el alumnado salvo casos muy excepcionales, lo mismo que la titulación para los alumnos de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato. En ambos casos, el ministerio incluyó en el texto del acuerdo la fórmula “podrán flexibilizar, de manera excepcional (...), los criterios de promoción (...) sin tener en cuenta las limitaciones que afecten al número de materias pendientes”.

Los consejeros de Educación de Madrid, Andalucía y Murcia explicaron que esa expresión abría la puerta a un “aprobado general” que no comparten, y exigían al Gobierno un “criterio único” con la promoción y titulación de sus alumnos, para evitar que en cada comunidad se hiciera con un número distinto de asignaturas suspendidas, por ejemplo.

Pero el ministerio sostiene que no está en su mano fijar este criterio porque aparece en la LOMCE, que es una ley orgánica y como tal debe ser modificada por el Congreso. LOMCE, por otra parte, que ya establece grosso modo que se puede promocionar de curso con dos asignaturas suspendidas (tres, de manera excepcional) si no son Matemáticas y Lengua a la vez.

Así, las comunidades díscolas con el acuerdo han incluido en sus instrucciones variaciones de la expresión “la promoción y titulación deben respetar la normativa vigente” –es la que recoge Madrid– para reforzar su idea de que no habrá barra libre y se repetirá curso con tres materias suspendidas. Pero también dicen que la norma será promocionar. Al final, tanto estas regiones como en las que se han adherido al Gobierno dejarán en manos del profesorado la decisión sobre cada alumno, como siempre ha ocurrido.

“Los órganos de coordinación docente competentes adecuarán los procedimientos e instrumentos de evaluación, los criterios de calificación y la temporalización tomando en consideración el trabajo en línea (...). Los docentes deberán ponderar las posibles carencias no achacables al propio alumnado para asegurarse de que ello no penalice su calificación. Ningún alumno debe resultar perjudicado por la modificación de los criterios de calificación programados a principio de curso”, se indica en las instrucciones que ha enviado Madrid.

El consejero madrileño, Enrique Ossorio, se había mostrado particularmente crítico con la parte dedicada a la supuesta laxitud que según él introducía el texto de Educación respecto a la promoción y titulación de los alumnos. “Creemos en el esfuerzo de los estudiantes, los docentes y las familias”, justificó. Sin embargo, las instrucciones de su consejería establecen finalmente que “la no promoción de curso se considerará una medida excepcional”, mientras el texto del Ministerio afirma que “los alumnos y alumnas promocionarán de curso y la repetición se considerará una medida de carácter excepcional”.

“Es tan genérico que pretende valer para todo y no concreta nada”, opina un profesor de un instituto del sur de la región respecto a las instrucciones de Madrid. “En la parte de evaluación no separan la ESO del Bachillerato ni citan específicamente 4º de la ESO ni 2º de Bachillerato [los cursos en que se obtiene un título]. Para este viaje no hacían falta alforjas”, se sorprende.

Los profesores explican que los procesos de evaluación no son estancos, en los que cada uno pone su nota y ya. Las evaluaciones implican conversaciones entre los docentes sobre cada alumno e intercambios de opiniones sobre si están preparados para promocionar o no. Dicho de otra manera: hecha la ley, hecha la trampa y fijar un número de asignaturas suspendidas con las que se puede pasar no es tan definitivo como puede parecer (con una evaluación continua no ligada al examen, un 4,5 puede ser un 5), excepto en los casos en los que la repetición es muy obvia para todos.

Andalucía amaga poco y golpea menos

Andalucía fue, entre las díscolas, la región que menos amagó y la que menos golpeó. El Ejecutivo andaluz, en manos de PP y Ciudadanos, se sumó al plante de Madrid y Murcia, que exigían al Gobierno un “criterio único” para la promoción y titulación de los alumnos. Pero sus responsables públicos, con el consejero Javier Imbroda a la cabeza, no ahondaron en el pulso político, limitándose a reclamar unas “directrices técnicas”.

El envite andaluz terminó tras una conversación telefónica entre la viceconsejera Carmen del Castillo y el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, quien le trasladó que el acuerdo con las comunidades no alteraba el contenido de la ley básica, y que esta deja claro que la evaluación del alumno depende de la autonomía pedagógica de los centros y en última instancia del profesor.

Así ha quedado finalmente en el borrador de instrucciones que la Consejería de Educación ha remitido este lunes a los colegios e institutos de Andalucía. “La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de esfuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno”, reza el documento. Y añade: “Los criterios de evaluación se ajustarán en cada una de las enseñanzas, de modo que la decisión de promoción o titulación tenga en cuenta las dificultades motivadas por la situación excepcional provocada por la pandemia”.

Las instrucciones son un calco de lo establecido en la LOMCE en materia de evaluación y promoción y en los Reales Decretos que regulan los currículum de Secundaria y Bachillerato. Andalucía recuerda a los centros que tengan en cuenta el proceso completo de aprendizaje individual de cada niño, poniendo más énfasis en la adquisición de competencias en el primer y segundo trimestre, dejando el tercero (no presencial) para mejorar la nota, no para bajarla. “Se valorarán las pruebas y actividades realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva”, dice el texto.

Los principales sindicatos del profesorado han apoyado el borrador de las instrucciones. Andalucía libra un pulso con el Gobierno central en varios campos, donde las competencias y la gestión de la crisis sanitaria entre ambas administraciones se rozan y saltan chispas (compra de material, recuento de contagios, financiación, estrategias de desconfinamiento…). Pero del ámbito educativo la Junta no ha hecho batalla política, ni se ha implicado personalmente el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, como sí ha hecho en otras discrepancias con el Ejecutivo central.

Murcia, en sus trece

Murcia sigue en sus trece. No quiere dar su brazo a torcer en la polémica abierta sobre las calificaciones para este curso tras la conferencia sectorial que reunió a la ministra de Educación con todos los consejeros del ramo de las diferentes comunidades autónomas, aunque la propia consejería admite que sus instrucciones recogen mayoritariamente lo que se propuso en la reunión con el ministerio.

El texto enviado a los centros educativos murcianos recuerda que se aplicará la normativa vigente salvo que el Gobierno central realice alguna modificación o establezca qué hacer en su orden ministerial. “Estamos a la espera de que publiquen esa orden”, según han explicado a eldiario.es Región de Murcia desde la Consejería de Educación. Por lo demás, la instrucción priorizará la refuerzo, consolidación y recuperación de los contenidos que se han impartido de forma presencial y también deja en manos de colegios e institutos, o sus profesionales, las decisiones sobre la evaluación.

En opinión del presidente de la Asociación de Centros de Secundaria de la Región de Murcia, Raimundo de los Reyes, para no actuar con arreglo a lo establecido en la normativa vigente “debe hacerse una modificación de dicha normativa”. Y, aunque considera que el documento acordado en la sectorial no tiene rango de norma básica, sí que se muestra de acuerdo con el “fondo” de la propuesta del Ministerio al respecto de la promoción, “por lo que esperamos que la administración del Estado presente alguna modificación que ampare lo escrito en la sectorial”.

Este no es el primer conflicto abierto entre la Consejería de Educación murciana y el departamento que dirige Isabel Celaá, tras la polémica por el veto parental que quiso imponer en las aulas murcianas y con el que Vox presionó al Gobierno regional (PP y Cs) para apoyar sus presupuestos. La Justicia lo suspendió cautelarmente el pasado 12 de marzo.

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