El sistema de becas es ineficaz: deja fuera de las principales ayudas a familias por debajo del umbral de la pobreza

El sistema de becas en España es ineficaz. La política de ayudas para estudiar en la Universidad, tal y como está diseñada ahora mismo, deja fuera de las ayudas máximas a familias que están por debajo del umbral de la pobreza y también provoca, junto a la variabilidad de precios entre comunidades autónomas, que el esfuerzo que hacen los hogares para pagar las tasas diverja entre autonomías, según el estudio La política de becas y precios públicos en el sistema universitario español, ¿es realmente eficaz?, de las profesoras Mónica Martí y Carmen Ródenas, de la Universidad de Alicante.

Además, explican las autoras, el hecho de que las becas que tienen aportación económica más allá del pago de la matrícula sean prácticamente lineales, con pequeñas varianzas en función de la renta y/o el rendimiento académico, provoca disfunciones. Sucede también que debido a su “escaso” montante, sostienen las investigadoras, fuerzan a los becarios “a dedicar parte de su tiempo a realizar trabajos remunerados con los que completar sus ingresos, por lo que ya no se puede hablar de igualdad de condiciones y oportunidades”.

Por último, el estudio concluye que la gran variabilidad de los precios de las universidades públicas entre comunidades autónomas, no necesariamente ligada a la renta, provoca que el esfuerzo que tienen que hacer los hogares para pagar los estudios superiores pueda suponer el doble para una familia madrileña que para una gallega.

Desde un punto de vista académico, la cuestión de las becas tiene un impacto más allá del obvio. Excede el mero acceso inicial a los estudios. Dos ideas combinadas explican por qué las becas se dan, o se deberían dar, a los menos favorecidos.

Álvaro Choi de Mendizábal, profesor de Economía de la Universitat de Barcelona (UB), expone la primera: “El nivel socioeconómico del alumno condiciona su rendimiento académico. Esta causalidad ha sido establecida con rotundidad, independientemente de la metodología, definición de nivel socioeconómico y de las bases de datos empleadas (evaluaciones generales de diagnóstico, evaluaciones autonómicas y programas internacionales como PISA)”, sostiene en el informe Desigualdades socioeconómicas y rendimiento académico en España, elaborado por el Observatorio de la Fundación La Caixa.

Mauro Mediavilla, profesor del departamento de economía aplicada de la Universitat de València, completa el razonamiento con varias investigaciones derivadas de su tesis doctoral, como las que recoge el estudio ¿Son efectivas las becas en España? Una evaluación de impacto para el nivel secundario post-obligatorio. Las becas mejoran las opciones del alumnado sin recursos en varios niveles, sostiene el texto: mejoran las posibilidades de simplemente no abandonar los estudios y de sacar mejores notas o dan un 40% más de opciones de concluir formaciones postobligatorias.

Un sistema complejo

La política de becas universitarias estatal –el estudio explica que no se ha contado con las autonómicas porque suponen una parte muy pequeña del sistema– contempla diferentes ayudas en función de la renta y se ajusta según los miembros de los hogares. Para ilustrar los ejemplos hablaremos de una familia de tres miembros.

Con carácter general hay tres niveles de ayudas. Si la renta del hogar se sitúa por debajo del umbral 3 (el más alto, fijado en 32.697 euros anuales, según el portal del Ministerio de Educación) es posible obtener la exención de matrícula y una dotación entre 50€ y 125€ ligada a la excelencia académica. Si se sitúa por debajo del umbral 2 (el medio, con una renta máxima de 30.668 euros) el solicitante puede percibir, además, una cuantía variable que resulta de la ponderación de la nota media de su expediente y de su renta familiar (mínimo 60€), y en caso de necesitar residir lejos del domicilio familiar se asigna una cuantía fija de 1.600€. Finalmente, si la renta del hogar no alcanza el umbral 1 (el más bajo, 16.843 euros por familia), la administración añade a la compensación de la matrícula una cuantía fija que en el curso académico 2020/21 es de 1.700€.

El problema que detecta el estudio es que estos umbrales no están muy bien ajustados, sobre todo por la parte inferior. “El umbral 1 se sitúa siempre por debajo del límite establecido para considerar un hogar en riesgo de pobreza, en concreto, más de un 13%”, describe el estudio. Esto quiere decir que existe un rango de ingresos en el que no se cobra la cuantía económica que complementa el pago de la matrícula. Demasiados ingresos para recibir la ayuda máxima, en opinión de la administración, pero oficialmente por debajo de la línea que marca el riesgo de pobreza.

Las profesoras creen que para corregir esta situación “lo mínimo sería elevar el umbral 1 y colocarlo al menos al nivel de la línea de pobreza, de manera que cualquier estudiante que resida en un hogar en riesgo de pobreza tenga al menos derecho a estas ayudas”, explican. Pero con esta solución no alcanza para hacer un sistema más justo o eficaz. “Resulta fundamental también la suficiencia de la cuantía de las ayudas y una buena gestión de las mismas. Un umbral más alto podría ser poco eficaz si no se completa con ayudas más cuantiosas”, añaden.

Más renta es igual a más universitarios, pero menos renta no es igual a más becas

Una cuestión que ha llamado la atención de las profesoras y que les lleva a concluir que el sistema no funciona como debería es una doble circunstancia: por un lado, que exista una relación entre la renta y el porcentaje de universitarios; por otro, que no existe esa misma relación entre nivel de renta, en este caso por abajo, y el porcentaje de alumnos becados (no hay más becados entre las familias más humildes).

Respecto al primero, si se divide a la población joven en deciles según la renta de su hogar (diez grupos del mismo tamaño ordenados en función de los ingresos), se observa que cuanta más renta, más personas van a la universidad. El decil más rico de España roza el 80% de universitarios, cifra que va cayendo paulatinamente hasta el 30% que tienen los más pobres. “Si las medidas de política universitaria para favorecer la equidad fueran realmente efectivas, el número de estudiantes que cursan y completan la formación universitaria debería ser independiente del nivel económico de sus hogares. Sin embargo, este no es el caso de España”, sostiene el estudio.

El segundo aspecto se concreta en que, aunque los cinco deciles más ricos sí reciben menos ayudas (entre el 25% y el 8%, según el grupo), a partir de ahí se estancan los porcentajes y de hecho el decil más pobre recibe menos becas (un 35% de las familias tiene una) que los cuatro siguientes (que rozan el 40%), es decir, perciben menos ayudas públicas que cuatro niveles superiores de renta.

“El porcentaje de beneficiarios no aumenta apreciablemente a medida que se reduce la renta, y eso que el volumen de fondos destinados a las becas cuya concesión depende de los ingresos del hogar representa casi la totalidad del conjunto de todos los tipos de becas y ayudas existentes en el sistema español”, se sorprenden las autoras, que concluyen: “Las medidas establecidas no están cumpliendo plenamente con el objetivo que se persigue. Y no necesariamente por falta de recursos. España se encuentra con un gasto por estudiante en relación al PIB algo por debajo de la media de la OCDE (1,42%) pero idéntico (1,25%) al de la UE-23 (OCDE, 2020). Hay que dirigir entonces la mirada al diseño de las medidas aplicadas”, deducen.

Por último, el estudio destaca “la insuficiencia de las dotaciones económicas de estas ayudas”. Con asignaciones medias anuales de 2.550,40 euros (para el umbral 1) y de 1.050,40 euros (para el umbral 2), que fueron las que se concedieron en el curso 2017/2018, no se pueden cubrir “todos los costes que conlleva la decisión de continuar estudiando un grado”, sostienen Martí y Ródenas. Dichos importes representan el 29,7% (umbral 1) y el 12,2% (umbral 2) del salario mínimo interprofesional mensual establecido para el año 2018. “No es extraño que con dotaciones tan escasas se fuerce a los becarios a dedicar parte de su tiempo a realizar trabajos remunerados con los que completar sus ingresos, por lo que ya no se puede hablar de igualdad de condiciones y oportunidades”, sostienen las profesoras.

Diversidad de precios, diversidad de esfuerzo

Martí y Ródenas también han estudiado, para evaluar su equidad, el sistema universitario, la implantación de los centros por España y los precios que han fijado las comunidades autónomas. Respecto al acceso, las autoras explican que España optó por llevar las universidades a los alumnos en vez del camino contrario, y gracias a ello el país cuenta con una red lo suficientemente amplia de campus de universidades públicas que garantiza, a un porcentaje notable de la población joven, la accesibilidad y la proximidad a los servicios de educación superior.

Menos optimista es el panorama en cuanto a la igualdad de precios públicos. Recuerda el estudio que pese a que actualmente está en marcha una reducción de precios públicos en muchas comunidades en aras de una cierta armonización, “las diferencias siguen siendo sustanciales”. Un ejemplo: el coste de la matrícula de un curso académico completo (60 créditos) oscila desde los 706,80 euros de Galicia a los 1.390,20 euros de la Comunidad de Madrid, lo que significa que estudiar en Madrid cuesta un 97% más que en Galicia. Y estas diferencias no se explican a partir de la renta, sostienen las autoras, que han cruzado el precio de las tasas públicas con la renta de las diferentes comunidades.

“El aumento del precio medio del crédito se asocia a un, también, mayor esfuerzo económico relativo en los hogares. En este sentido, Cataluña lidera el mayor nivel de presión, que supone un 5,8% sobre su renta mediana, seguida de Madrid con un 5,7%. Mientras que, en el extremo opuesto, son las familias gallegas en las que menos pesa la matrícula universitaria en la mediana de su renta, con un porcentaje del 3,4%”, describen. En esta cuestión concreta, sin embargo, se añade el matiz de que “respecto a Cataluña hay que indicar que desde el curso académico 2012/13 mitiga este esfuerzo a través de las denominadas becas de equidad, que se traducen finalmente en aplicar precios diferenciados por nivel de renta del hogar”.

Las autoras creen que con unos recursos que cubran bien las necesidades de los hogares con rentas más bajas el Estado debería darle una vuelta al sistema, que actualmente financia buena parte de la matrícula de todo el que pisa una universidad, independientemente de la renta (el precio de la tasa pública cubre aproximadamente un 25% del coste real de los estudios). “Es inoportuno subvencionar linealmente a todos los hogares independientemente de su nivel de renta. Sería conveniente modular el coste de la matrícula según la renta del hogar; por lo menos, para los niveles de rentas más altos”, reflexionan.