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Avanzan las políticas privatizadoras en educación, avanza la injusticia

La escuela de titularidad pública ha de ser la garante de que los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social y económica puedan acceder a la educación de mayor calidad

Nos parece necesario reclamar políticas que hagan real la opción clara y decidida por una escuela pública que haga efectivo el derecho a la educación, mejor atención a la diversidad y mayores índices de inclusión

La financiación de la educación concertada subió un 25% en diez años mientras se estancó la de la pública

Sube un 5,4 por ciento el alumnado con necesidad específica que recibe apoyo educativo

EFE

El "Sistema estatal de indicadores de la educación 2019" publicado ayer por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, aporta datos que reflejan la apuesta política a favor de la educación concertada durante los últimos años: "Desde el año 2006 al 2016, los índices de variación del gasto público dedicado a conciertos, y tomando como año base 2006 (100%), muestran una tendencia creciente hasta el año 2009, situándose en 124,9% (24,9 puntos porcentuales de aumento respecto a 2006), una disminución a partir de 2010, descendiendo a 119,8% en 2013 y presentando un aumento a partir del 2014, siendo 128,4% en 2016". (p. 64)

Queda claro que entre 2006 y 2016, el gasto público dedicado a conciertos aumentó un 28,4%, al tiempo que el gasto por estudiante en centros públicos se reducía un 7,5%. Así, desde el inicio de la crisis económica hasta el momento actual el gasto público dedicado a conciertos no ha parado de crecer, mientras que la educación pública ha estado sometida a un duro recorte presupuestario. Además, el informe no computa o distribuye de forma inadecuada algunos gastos –por ejemplo, algunas partidas de gestión e investigación educativas, becas, infraestructuras y desgravaciones fiscales– que supondrían un aumento aún mayor del dinero público que revierte en educación privada.

Los datos son muy relevantes porque nos muestran que en todos los años de crisis económica hasta el momento actual el gasto público dedicado a conciertos no ha dejado de crecer mientras los gastos en la educación pública han estado sometidos a un duro recorte presupuestario. Estos datos confirman la opción clara de las administraciones publicas por políticas educativas favorecedoras de la privatización de la educación.

Esta tendencia en las políticas educativas ha ido de la mano de un aumento de la segregación socioeconómica del alumnado y de otros indicadores que revelan un incremento de las desigualdades educativas en nuestro país. La escuela pública acoge cada vez más alumnado vulnerable y con necesidades educativas especiales, y lo hace con cada vez menos recursos. El resultado es un deterioro profundo de la equidad, la igualdad de oportunidades y la calidad de la educación de todo el sistema. El derecho de todos a una educación pública de calidad queda profundamente dañado. La escuela de titularidad pública ha de ser la garante de que los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social y económica puedan acceder a la educación de mayor calidad.

Las necesidades en la escuela pública, provocadas por los continuados recortes durante los últimos años, se hacen cada día más evidentes: entre otros, se necesitan plantillas más estables, reducir el profesorado interino, reducir el número de alumnas/os por docente, garantizar las sustituciones desde el primer momento, más profesorado especializado, mejorar la formación inicial y permanente del profesorado, y mejores infraestructuras y equipamientos. Es urgente retomar políticas que hagan efectivo el derecho a la educación a través de la educación pública y que se encaminen hacia la justicia social, la igualdad de oportunidades, la cohesión social y la calidad educativa para todos y todas sin exclusión.

Las consecuencias para la educación pública son lamentables y se muestran de forma cada vez más evidente. Crecen los centros educativos en los que se muestra la concentración de alumnado con mayores necesidades de todo tipo, donde aumenta la desigualdad y la falta de oportunidades. En lugar de potenciar la escuela pública como el lugar de realización del derecho de todos a la educación, se la está utilizando para profundizar la segregación y la exclusión social. La escuela de titularidad pública ha de ser la garante de que los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social y económica puedan acceder a la educación de mayor calidad.

En las condiciones actuales es difícil hacer viables políticas educativas inclusivas para lo que se necesitaría que se reduzcan las ratios en todos los niveles, etapas y modalidades de escolarización y atención educativa, siguiendo las recomendaciones de Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea. Se requiere el profesorado especializado (AL, PT…) necesario en la plantilla fija de todos los centros. Es imprescindible que se aumente la oferta escolar pública (de titularidad y gestión) para que obtengan estas plazas todas las familias que lo solicitan.

Por todo ello se hace imprescindible revertir esta situación y hacer que los recursos públicos vayan dirigidos prioritariamente a quien más lo necesita, de tal manera que sea la educación concertada la que sea en realidad subsidiaria de la escuela pública y no al revés como vemos que sucede ahora. Ello implica detener la inequidad, la segregación, la injusticia social y educativa que vivimos actualmente.

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