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Fraude con la reindustralización de Cádiz de por medio: claves del caso Bahía Competitiva

La operación Sabor Sanlúcar recuerda un caso que sigue abierto cinco años después y que trata un supuesto fraude cometido de 21 millones de euros de ayudas públicas para revitalizar la industria gaditana

La investigación concluyó con 31 detenidos pero ha sido considerada como macrocausa y el fiscal Anticorrupción cree que nuevas pesquisas podrían dar lugar a nuevas imputaciones

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Una reciente manifestación por la creación de empleo en Cádiz.

Una reciente manifestación por la creación de empleo en Cádiz.

Una operación contra el desvío de fondos públicos en Cádiz. La noticia que se conoció el jueves y que hablaba de la detención de 11 personas por una supuesta malversación de 2.500.000 euros destinados a obras públicas suena a algo conocido. Un déjà vu que recuerda mucho a lo acontecido desde hace años con el caso de Bahía Competitiva.

No se puede decir que sea el mismo fraude ni que estén implicados los mismos protagonistas, pero el modus operandi es similar y siempre está de fondo la misma ecuación: solicitar ayudas públicas con el compromiso de revitalizar la paupérrima industria de la provincia y emplear esos fondos en el enriquecimiento personal.

Bahía Competitiva fue una trama que supuestamente obtuvo de forma ilícita 21 millones de euros de subvenciones públicas para fomentar el empleo en Andalucía. Fue desarticulada con 31 detenciones y en este momento sigue en marcha con su instrucción, llevada a cabo por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, Lourdes del Río.

La trama de la operación

50 empresas solicitaban las ayudas, responsables y funcionarios de la Diputación de Cádiz y el Ministerio de Industria presuntamente facilitaban la concesión y expertos desviaban los fondos a paraísos fiscales para defraudar a la Hacienda Pública. El conglomerado mercantil beneficiario de estos fondos se iba a instalar supuestamente en la Bahía de Cádiz, zona con un plan específico de ayudas para el fomento empresarial, pero nunca se produjo. En la investigación se ha llegado a conocer que el dinero acabó vinculado a distintas empresas radicadas en paraísos fiscales.

El modus operandi

El entramado investigado se sustentaba en tres pilares. En primer lugar existía, supuestamente, un grupo de empresarios encargado de formalizar todos los trámites requeridos legalmente para la solicitud de este tipo de subvenciones. Posteriormente, entraban en escena una serie de empleados públicos cuya función sería la facilitación de forma irregular de la concesión de los fondos a los responsables de las mercantiles. Finalmente, un segundo grupo de empresarios se encargaría de ocultar los beneficios para defraudar a la Hacienda Pública.

El hilo del que tirar

Si en el caso de las detenciones de esta semana por  malversación de caudales públicos, f raude, falsedad documental y asociación ilícita el inicio de todo fue la denuncia presentada por un empresario perjudicado por la trama en 2014, en Bahía Competitiva todo se inició por la denuncia ante la Fiscalía de Sevilla por parte de la Agencia IDEA, perteneciente a la Consejería de Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Ya entonces había serias sospechas de la existencia de  un entramado empresarial que se habría creado con la única finalidad de solicitar ayudas económicas a la propia Consejería de Innovación y Ciencia y al Ministerio de Industria, para el fomento empresarial. A partir de ahí, todo fue cayendo como un castillo de naipes.

Las detenciones

Las primeras se llevaron a cabo en 2011 en Santiago de Compostela, en A Proba do Caramiñal (ambas en La Coruña), en El Puerto de Santa María (Cádiz) y en el País Vasco.

La investigación, llevada a cabo por  la Brigada Central de Blanqueo de Capitales de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) Central de la Comisaría General de Policía Judicial, Grupo de Blanqueo de Capitales de la UDYCO de Sevilla, el GOIT y los Guías Caninos y la ONIF de la Agencia Tributaria, llevó posteriormente a  la detención de funcionarios adscritos a la Diputación de Cádiz y al Ministerio de Industria. También fueron imputados dos responsables del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación de Cádiz, hasta llegar a un total de 31.

El estado actual

La instrucción proseguirá durante varios meses más después de la petición que realizó recientemente el Fiscal Anticorrupción para que fuera considerada como macrocausa. El Ministerio Público considera que  quedan diligencias pendientes de practicar, como el análisis de material informático o de correos electrónicos. Son indagaciones aún en trámite que podrían dar lugar a nuevas imputaciones.

El uso político

Tras cinco años de caso, éste ha servido para avivar el enfrentamiento entre el PP y el PSOE y como arma arrojadiza contra los socialistas. Los populares han pedido encarecidamente que se clarifique la responsabilidad de los implicados, ya que están investigados cargos del Ministerio de Industria, la Junta de Andalucía y de la Diputación de Cádiz.

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