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Francisco Vega cumple tres semanas en huelga de hambre por la renta básica

Francisco Vega, ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga | N.C.

Néstor Cenizo

Francisco Vega sigue yendo como cada mañana a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga. Tiene 65 años y desde hace 22 días planta allí dos banderas de Andalucía, una silla plegable y pasa dos horas esperando que alguien le diga algo sobre la huelga de hambre que mantiene, por tercera vez en un año, para pedir una renta básica para las víctimas de violencia machista y para las personas con menores a cargo.

Tiene ya la expresión cansada, y pese a que la temperatura ronda unos 22 grados muy agradables, viste pantalón de pana y un abrigo deportivo. La enfermera revisó su estado el lunes, y también como cada lunes él presentó un escrito insistiendo en la petición de reunirse con la presidenta de la Junta de Andalucía. “Yo con el viceconsejero [Manuel Martínez Domene] ya no hablo más porque me ha engañado ya dos veces”, denuncia Vega.

Se refiere a que después de abandonar su segunda huelga de hambre a comienzos de abril, celebró varias reuniones con altos cargos de la consejería de Asuntos Sociales (incluyendo dos con la consejera, María José Sánchez Rubio), con la finalidad de perfilar un sistema de renta básica para víctimas de violencia de género y personas con menores a su cargo. Aquellos encuentros y el intercambio de mensajes, que este medio ha podido comprobar, terminaron abruptamente y sin explicación a mediados de julio.

Vega retomó la huelga el 10 de octubre y ahora pide reunirse con la propia presidenta, porque cree que la consejería ya no puede ser interlocutora. Sigue pidiendo no sólo que se incluya una partida presupuestaria suficiente para garantizar un ingreso a los dos grupos mencionados, sino que se ponga en marcha una comisión parlamentaria para aplicar el artículo 23.2 del Estatuto de Autonomía, que garantiza el derecho a una renta básica que “garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos”.

Francisco Vega rechaza que la renta mínima de inserción pueda sustituir a la renta básica que él pide, y recuerda que esa renta mínima ya existía como salario social. “La renta básica es igual a dignidad. Los comedores, vales de 50 euros, etc., no permiten decidir”, argumenta.

Un portavoz de la consejería de Asuntos Sociales resalta que la renta mínima de inserción, que entrará en vigor en 2018, se ha diseñado contando con la participación de organizaciones sociales y sindicatos. Según la consejería, “aglutina mucho más” que el salario social porque tiene una finalidad de inserción laboral. La Junta de Andalucía cree que la renta mínima, con un presupuesto de 198 millones de euros, beneficiará a 45.000 unidades familiares. El periodo de percepción podrá ampliarse hasta llegar a 12 meses, pudiendo prorrogarse cada seis en el caso de mujeres víctimas de violencia de género y unidades familiares con menor a cargo.

El caso es que a este hombre ya jubilado se le ha unido ahora Demetrio Cano, que realiza una protesta similar en Granada. Vega cree que la administración está “ganando tiempo a ver si nos aburrimos o nos ponemos enfermos”. De los 88,2 kilos que pesaba el 10 de octubre ha perdido cinco, menos que en ocasiones anteriores. Bebe agua con un poco de sal, bebidas isotónicas e infusiones. Tiene la tensión baja, teme una bajada de glucosa, y se ve capaz de aguantar 30 días sin llegar a “los 40 días de Jesucristo”. Y comenta: “Creo que el cuerpo tiene memoria de los castigos anteriores”.

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