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Las denuncias por maltrato policial a inmigrantes se triplicaron durante el último año en España

La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura observa también un importante incremento de las denuncias por agresiones con motivo de movilizaciones sociales

Llevarán a los tribunales europeos el "crimen de Estado" del Tarajal si se archiva definitivamente la causa

En los 11 informes presentados entre 2004 y 2014 han dado a conocer 2.931 situaciones en las que 7.582 personas se vieron afectadas por agresiones, torturas o malos tratos por parte de agentes de cuerpos de seguridad o de funcionarios de prisiones

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Ceuta, Melilla, devoluciones en caliente, vuelos de deportación, los CIE... La multiplicación de circunstancias donde la inmigración ha cobrado protagonismo en los últimos tiempos se ha visto acompañada por otro hecho aún más grave: el aumento de denuncias por tortura y tratos inhumanos, crueles o degradantes. Según el último informe sobre la tortura en España, presentado a nivel estatal este viernes por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), el número de personas inmigrantes que sufrieron durante 2014 agresiones, torturas o malos tratos por parte de agentes de cuerpos de seguridad o de funcionarios de prisiones se triplicaron respecto al año anterior (355 frente a 144).

En el informe de este año se recogen en general 194 situaciones en que se produjeron este tipo de agresiones (527 en 2013) contra un total de 961 personas (252 en 2013). Desde la CPDT han insistido en que el informe presenta solo una parte de la realidad, una parte limitada, pero sí que han constatado que la frontera sur, con los inmigrantes como "colectivo más castigado", y la actitud de abuso policial en las movilizaciones sociales, centran este tipo de sucesos. Al menos, los que han logrado ver la luz. "Estamos convencidos de que son muchos más", han lamentado en rueda de prensa Andrés G. Berrio y Carlos Hernández.

Respecto a la evolución de los últimos cuatro años, señalan que aquellos en los que ha habido más movilizaciones sociales (el 2011 y el 2012 en torno al 15M, y el 2014 en torno a las movilizaciones de protesta y solidaridad por Gamonal y el desalojo de Can Vies), han supuesto los de mayor número de personas afectadas en toda la serie de datos recogida por los informes de la CPDT, integrada por 47 entidades de defensa de los Derechos Humanos del Estado español, entre ellas las andaluzas Grupo 17 de marzo-Sociedad Andaluza de Juristas, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la federación ENLACE

El informe resalta un importante incremento de las denuncias por agresiones en el transcurso o con motivo de movilizaciones sociales respecto al año anterior. En números totales, las 450 denuncias de 2014 suponen un incremento frente a las 251 del 2013 y una disminución frente a los 591 del 2012. Pero en el 2014 el incremento en el número de personas afectadas se ha producido al mismo tiempo que se ha reducido el número de situaciones conocidas: de las 66 situaciones y 251 personas afectadas de 2013, se pasan a los 53 casos y 450 personas de 2014.

Documentar la actuación policial "no está prohibido"

Estas circunstancias lleva a pensar en la CPDT que "la gente sigue denunciando las agresiones sufridas durante grandes movilizaciones, pero cada vez menos denuncia aquellas otras sufridas en otras protestas de menor calado". Incluso han denunciado que la denominada 'ley mordaza' ha venido afectando antes de su aplicación, "gracias a los mensajes que se han ido mandando" y que ha provocado que "mucha gente no quiere movilizarse o no denunciar una agresion". La CPDT ha mostrado su "máxima preocupación" para que "se restituyan libertades democráticas fundamentales", animando a la ciudadanía a documentar audiovisualmente las movilizaciones porque "no está prohibido" y "para que no haya impunidad".

La CPDT recoge una reducción de situaciones pero acompañada de un incremento de las personas afectadas. El motivo es que las "agresiones colectivas" han aumentado, como en el "crimen de Estado" del Tarajal ( las muertes de Ceuta), con circunstancias en las que 30 ó 40 personas se ven afectadas por una sola situación. Supone una evolución respecto a situaciones como las incautaciones del 'top manta' en las que una persona podía verse afectada por una situación.

El hecho de que las denuncias en movilizaciones sociales también predominen obedece a "un aumento en las políticas que tratan de desmovilizar a la gente". "Esto es un nuevo modelo, ya no es la crisis económica", con "una batería legislativa y policial, denunciando desde la CPDT un "problema de racismo" entre las fuerzas policiales, no generalizado.

CPDT

Las cárceles, "espacios de especial impunidad"

En el caso de las personas presas, puesto que el incremento del número de denuncias no se acompaña de un incremento de las denuncias contra los funcionarios de prisiones. Esta situación responde al importante incremento de las agresiones sufridas por las personas presas durante los traslados, cuando están bajo custodia de la Guardia Civil, según la CPDT. Denuncia "una cierta pasividad ante la vulneración de derechos humanos" con "espacios de especial impunidad" como puedan ser las cárceles españolas donde "el problema muchas veces es transmitire al exterior lo que está pasando en el interior".

La preocupación por el incremento de agresiones a inmigrantes ha llevado también a la coordinadora a publicar un análisis sobre los vuelos de deportación, un total de 134 en 2014. Correas, camisas de fuerza, bridas "como si fueran saco de patatas" son algunas de las circunstancias denunciadas por la CPDT, "solo la punta del iceberg". Lo explica el representante de la CPDT en el vídeo que precede a la información, colgado por APDHA en su canal de Youtube.

"Una de las novedades últimanente es la privación de libertad en plena vía pública", han denunciado, añadiendo que "hay imágenes que se han naturalizado y que no se tienen que naturalizar". "Hay un grave problema de tolerancia con los malos tratos. La sociedad civil debe ser escuchada", han resaltado. En ese sentido, han denunciado la "opacidad" en los datos públicos "a toro pasado" respecto a esta cuestión. La CPDT recuerda que en 2012 fueron denunciados 272 funcionarios policiales o de prisiones en 552 situaciones.

En el informe completo se presentan otros cuadros con el reparto territorial de las denuncias según el cuerpo denunciado que permite visibilizar la incidencia real de las denuncias recibidas por las policías autonómicas en cada territorio, así como evaluar mejor la incidencia que tienen las denuncias según las competencias correspondientes que tiene cada policía. Por otro lado, dada la importancia de las denuncias recibidas desde la Frontera Sur (especialmente Ceuta y Melilla), en el informe se incorporan un análisis de la situación específica de esta área geográfica.

Por cuarto año consecutivo se produce una importante disminución en el número de denuncias por tortura en situaciones de detención incomunicada. Sin embargo, pese a la disminución en número absoluto, siguen existiendo este tipo de denuncias por malos tratos y vejaciones en esta situación de detención incomunicada, lo que lleva a la CPDT, una vez más, a exigir su abolición. En el informe de 2014 se incluye un resumen del estudio 'Incomunicación y tortura' publicado el pasado año.

¿Qué se entiende por "tortura"?

La CPDT insiste en que presenta en su informe las denuncias que entran dentro de la definición de la Convención de la ONU:

"Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento".

(Convención de las ONU contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Aprobada por el Plenario de la ONU el 10 de diciembre de 1984. Ratificada por el Estado español, entró en vigor en España en octubre de 1987)

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