Amplio peso del gasto social y aumento de la inversión pública en los Presupuestos de 2017

Unos Presupuestos regionales hechos “con alma y cabeza” es el resumen que el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha hecho en la presentación del proyecto de ley de las cuentas públicas para 2017 que el Consejo de Gobierno ya ha remitido a las Cortes castellano-manchegos tras el acuerdo alcanzado con Podemos para la inclusión de su Plan de Garantías Ciudadanas. En total, el presupuesto para el presente año asciende a 8.919 millones de euros, un 5,9% más (500 millones de euros) que el año pasado. Según ha remarcado, están diseñados para cumplir el objetivo de déficit del 0,6% del PIB fijado en diciembre y un objetivo de deuda pública del 35% del PIB. Para ello, puesto que el nuevo déficit se cambió a finales de año, el techo de gasto ha tenido que modificarse: ha aumentado en 36 millones de euros, hasta los 5.960 millones de euros.

Tras repasar algunas previsiones de evolución de la economía regional entre 2016 y 2019 y algunos datos de recuperación económica de la comunidad autónoma como la creación de empleo, Ruiz Molina ha pasado a detallar las grandes cifras de los Presupuestos, marcadas por tres objetivos: mejorar la calidad de vida de las personas, generar más riqueza y empleo y mantener unas cuentas públicas saneadas.

En cuanto a las políticas de gasto, uno de los datos más significativos es que los programas de Servicios de Carácter General, de Servicios Sociales, de Sanidad y Educación agrupan por sí solos el 70% des todo el presupuesto, hasta los 5.000 millones de euros, aumentando en 194 millones con respecto al año pasado y destinando a estas políticas unos 13,7 millones de euros al día. Esto significa, ha resaltado el consejero, que en dos años se han destinado 509 millones más a “recuperar el estado del bienestar”. Las cuatro patas para este bloque de gastos incluyen algunas medidas ‘estrella’ como el Plan de infraestructuras educativas, obras de nuevos hospitales y nuevos centros de salud, incremento de la ayuda a domicilio, y mejora de empleo público (la recuperación del 3% del sueldo y el abono del 25% restante de la paga extra de 2012).

Al margen del peso de las políticas sociales, la partida destinada al desarrollo económico y el empleo es de 247,1 millones de euros, 10,7 millones de euros más que en 2016, lo que supone un incremento del 4,3%. Concretamente, se destinarán 5,4 millones de euros al día para “potenciar la economía y el mercado laboral”. En este bloque se incluyen 92,5 millones para el Plan Extraordinario por el Empleo; 30,2 millones para el Plan Adelante; 107,3 millones para el impulso a las nuevas tecnologías y la investigación; y 253,7 millones para el desarrollo económico del mundo rural.

Infraestructuras e inversión pública

Entre las variaciones más llamativas se encuentra la partida destinada a infraestructuras generales, urbanismo y vivienda, siendo la que más crece (en términos relativos) con respecto al año pasado: pasa de 223,9 a 245,6 millones, con un aumento relativo del 9,7% y 21,7 millones más. Este incremento forma parte del objetivo del Gobierno de Castilla-La Mancha de mejorar las infraestructuras básicas de los servicios públicos como “efecto multiplicador” del empleo.

Estos datos sobre inversión pública aparecen más detallados en el proyecto de ley. En total, el esfuerzo inversor en infraestructuras educativas será de 26,3 millones de euros (un 166% más), en obras relacionadas con servicios sociales, de 5,3 millones (un 27% más), y en cuanto a nuevos hospitales y centros de salud, 53,2 millones (un aumento del 9,4%). En total, el 72% del aumento de las inversiones se destina a infraestructuras de carácter social.

Además, Ruiz Molina ha destacado que estos aumentos presupuestarios se hayan podido realizar pese a tratarse de unas cuentas públicas “prácticamente congeladas” por el paso del 1,1% del PIB desde octubre 2015 (últimos datos conocidos) al 0,6% del pasado octubre. Y es que esto ha hecho que las necesidades de financiación hayan disminuido en 178 millones de euros, y ha permitido más margen de gasto no financiero.  En grandes cifras, la Junta adelanta que se destinarán hasta 13,7 millones de euros cada día para el Estado del Bienestar; 5,4 millones diarios para la creación de empleo, y 1,7 millones a inversiones.

Otro apartado importante es el de la amortización de la deuda pública, donde los Presupuestos castellano-manchegos de este año contemplan un total de 1.519 millones. De esta cantidad, el 74%, o lo que es lo mismo, hasta 1.126 millones de euros se refieren al vencimiento de préstamos suscritos de mayo de 2011 a mayo de 2015, es decir, durante el Gobierno anterior de María Dolores de Cospedal.

Gasto por consejerías y Plan de Garantías Ciudadanas

En cuanto a los presupuestos distribuidos por secciones (consejerías y SESCAM), el mayor incremento es para la Consejería de Fomento: pasa de 233,9 millones de euros a 258,7 millones, un aumento relativo del 10,5%. El consejero ha insistido en que la mayoría de este incremento se refiere a ese objetivo de inversión pública.

La cuentas públicas incluyen igualmente el Plan de Garantías Ciudadanas de Podemos que el Gobierno ha hecho suyo mediante su incorporación en los Presupuestos, y que está cifrado en 119 millones de euros. Esto no supone que las cuentas aumenten en esa cantidad sino que se han agrupado en este Plan las ayudas y proyectos contemplados en cuanto a garantía habitacional, suministros básicos del hogar y rentas.

Finalmente, en cuanto al presupuesto de ingresos, se cifran en 7.019 millones los no financieros, 328 millones más que en 2016. El consejero también ha aclarado en este punto que el Gobierno regional no ha “tocado” ni los impuestos propios ni los cedidos por lo que la “presión fiscal ha sido cero” en estas cuentas públicas. Es más, también ha explicado que por primera vez en varios años, existe un ahorro neto positivo de 78 millones de euros para financiar operaciones de capital y no gestionarlas a través del endeudamiento.

 “Otro presupuesto es posible” ha concluido el consejero, insistiendo en que estas cuentas suponen la “consolidación de la recuperación social y económica” de la comunidad autónoma.