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REGIÓN DE MURCIA

La PAH aspira a alcanzar la unanimidad en la reforma legislativa contra los desahucios de la Región de Murcia

Aunque cuentan con el apoyo de PSOE, Podemos y Ciudadanos para sacar adelante la reforma -dado que suman la mayoría absoluta de la Cámara-, la PAH espera que se logre unanimidad del mismo modo que sucedió en Cataluña

La Coordinadora de PAH's ha vuelto a reunirse con los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional para tratar sobre el borrador que están elaborando PSOE y Podemos, y que pretende incluir modificaciones en la Ley murciana de Vivienda

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El portavoz de la Coordinadora de PAH's atiende a los medios en la Asamblea Regional de Murcia / PSS

El portavoz de la Coordinadora de PAH's atiende a los medios en la Asamblea Regional de Murcia / PSS Cartagena

Tras el acuerdo inicial para elaborar un texto inspirándose en la ILP catalana sobre medidas contra los desahucios, pero teniendo en cuenta el techo competencial que tiene la Región de Murcia respecto de Cataluña, tanto PSOE como Podemos -con el apoyo de C's- han elaborado un borrador "que mejora sensiblemente la situación, pero que evidentemente no es la solución", según Paco Morote, portavoz de la Coordinadora de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas.

Así, y aun reconociendo que "la solución debe venir desde el Estado y no desde la comunidad autónoma", este colectivo ha acudido a una nueva reunión en la sede del Parlamento regional en Cartagena con el objetivo de seguir limando el texto del Partido Socialista y Podemos. Ambos partidos están tratando de aprovechar todos los recursos legales de que dispone la Región de Murcia para evitar los desahucios.

"Estamos debatiendo con los cuatro grupos, tanto PSOE y Podemos como con el PP y Ciudadanos, y esperamos que en un muy breve plazo de tiempo se pueda enmendar el texto que están elaborando los dos primeros para mejorar la Ley Regional de Vivienda vigente", añade Morote.

En un receso de la reunión, la Coordinadora murciana de PAH's ha atendido a los medios y ha vuelto a recordar que "en la Región de Murcia se producen una media de ocho desahucios al día". Y según Paco Morote, "muchos de ellos se podrían evitar y paralizar aplicando el borrador que han elaborado estos dos grupos, con medidas que sean operativas y que resuelvan esta situación lo antes posible".

De lo que se trata es de disponer de las herramientas legales "para por lo menos rebajar el nivel de deshucios que se producen en la Región". "Hay una situación de emergencia, y el borrador también incluye medidas contra la pobreza energética y el corte de suministros básicos", analiza el portavoz de las PAH's. Paco Morote alerta de que ahora que se acerca el invierno, "hay muchas familias que no pueden hacer frente al pago del gas y la luz y que se encuentran en una situación lamentable".

"Por eso esperamos que ese compromiso se pueda producir, porque es urgente mejorar la ley aprobada en marzo", afirma, para después expresar un lamento: "No entendemos la pasividad de quien tiene la capacidad de hacer leyes para cambiar la situación".

Preguntado sobre las mejoras que se pueden incluir en la norma murciana, Paco Morote destaca que "se crea un Servicio de Mediación extrajudicial en la que la PAH tendrá participación, lo que es una garantía para la gente". "Hay una artículo que establece también una garantía antes de la ejecución hipotecaria y del desahucio por impago de alquiler cuando se trata de grandes propietarios de vivienda, de gente que tiene un mínimo de 1.200 metros cuadrados de vivienda para alquilar", y además "se establecen garantías de suministros básicos".

Otro aspecto es que "antes de la dación en pago, se tendrá que ofrecer un alquiler social, es decir, que se establece un mecanismo obligatorio de negociación, lo que supone una mejora considerable". "Nosotros estamos parando muchos desahucios, pero claro, sólo de los casos que nos llegan; hay muchos casos a los que nos llegamos, que no vienen y no tienen capacidad de negociación, por lo que son más débiles y sobre ellos se ceban los bancos", reflexiona Paco Morote.

Desde la Coordinadora de PAH's de la Región de Murcia se recuerda que la Ley catalana se aprobó por unanimidad, y señalan que "aunque con los apoyos actuales de PSOE, Podemos y Ciudadanos se cuenta con mayoría suficiente para que la ley sea aprobada, nadie en Murcia entendería que quienes votan unos derechos para la ciudadanía catalana, los nieguen a las familias murcianas". "Hemos quedado pendientes de la respuesta que el PP anunciará el próximo viernes al resto de grupos, tras la reunión anunciada con la Consejería para fijar su postura; ante la situación de emergencia que vivimos en la Región, desde la PAH esperamos la unanimidad y la urgencia en la resolución", concluyen.

Resumen de la propuesta de PSOE y Podemos con el apoyo de C's

La propuesta-borrador elaborada por PSOE y Podemos, que también cuenta con el apoyo de Ciudadanos, ha sido resumida por la propia Coordinadora de PAH's del siguiente modo:

1) Se crea un procedimiento y un Servicio de Mediación extrajudicial, al que podrán acudir las familias. Hemos pedido la participación de la PAH en este Servicio, como garantía para para los afectados. Se propone también la aprobación de un reglamento de funcionamiento del Servicio de Mediación, la PAH exige los grupos apoyan su negociación, así como la presencia de la PAH en dicho Servicio.

2) Se establecen medidas concretas para evitar los desahucios que puedan producir una situación de falta de vivienda tanto por impago de hipoteca como de alquiler. En el caso de hipoteca, se establece la obligación del acreedor, antes de adquirir la vivienda en dación en pago, de ofrecer un alquiler social a la familia afectada. Igualmente en el caso de alquiler, aunque en este caso la obligación sólo afectará a los grandes tenedores de vivienda: bancos y sus filiales inmobiliarias y los grandes tenedores de vivienda. Se consideran “grandes tenedores” a quienes de forma directa, o a través de sociedades, dispongan de más de 1.250 metros cuadrados de vivienda.

3) Se establecen medidas contra la pobreza energética, mediante la obligación de las Administraciones de garantizar el acceso a los suministros básicos: agua, gas y electricidad, para lo que las Administraciones establecerán acuerdos o convenios con las compañías suministradoras, para garantizar que concedan ayudas a fondo perdido a las personas en riesgo de exclusión residencial, o que se les apliquen descuentos muy notables en los consumos mínimos así como aplazamientos del pago para que no se produzcan cortes de suministro.

4) El Gobierno Regional deberá garantizar que, en los supuestos de vulnerabilidad, los gastos de vivienda y suministros básicos no superen el 30% de los ingresos disponibles en la unidad familiar.

5) Se establece un plazo de 15 días para que los servicios sociales de la Administración emitan informe sobre el riesgo de exclusión social, considerándose que si el informe no se ha emitido, la familia se encuentra en riesgo.

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