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La oposición exige aclarar la tarea de Bilbao Air, cuestionada por el Tribunal de Cuentas

Jon Gangoiti, director de la sociedad pública Bilbao Air.

Alberto Uriona

Bilbao —

La oposición en Bizkaia también cuestiona la utilidad de Bilbao Air, la sociedad pública de promoción del aeropuerto vizcaíno, que en sus 14 años de funcionamiento ha costado a las arcas públicas vascas más de dos millones de euros. El último informe del Tribunal Vasco de Cuentas, que ha fiscalizado su actividad, ha señalado que se desconocen los resultados de la gestión de Bilbao Air, con un único empleado (un ex alto cargo público del PNV) que cuesta más de 84.400 euros anuales, ha requerido una inyección pública extra de 400.000 euros para evitar su disolución y el pasado año se gastó más de 14.000 euros en viajes y representación.

EH Bildu ha anunciado que presentará una propuesta en las Juntas Generales de Bizkaia para que la Diputación (con el 20% de la propiedad de la empresa pública) abandone el accionariado de la sociedad. El PSE-EE ha solicitado la comparecencia urgente del diputado de Promoción Económica, Imanol Pradales, para que informe sobre los “alarmantes datos” ofrecidos por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en lo referido a la falta de datos de su actividad y la nula coordinación con AENA, el ente estatal que gestiona el aeropuerto de Bilbao.

El portavoz socialista Iñaki Egaña ha recordado también que, según este informe, “no existen indicadores que permitan relacionar las actividades detalladas y la evolución comercial” de la terminal de Loiu. Por ello, pide al diputado foral Imanol Pradales que “detalle pormenorizadamente los objetivos, gastos y funcionamiento” de Bilbao Air, teniendo en cuenta que la Diputación “financia a esta sociedad que ahora se ve cuestionada”.

El informe del Tribunal de Cuentas supuso un fuerte varapalo a una sociedad creada en 2001 al margen de AENA. A su frente está Jon Gangoiti, ex europarlamentario y senador peneuvista hasta que accedió a su actual cargo en una entidad totalmente pública, conformada por el Gobierno vasco (25%), la Diputación de Vizcaya (20%), la Cámara de Comercio de Bilbao (30%) y varios ayuntamientos cercanos al aeropuerto.

Su única vía de financiación son los ingresos del Gobierno vasco y la Diputación vizcaína, ya que los ayuntamientos no realizan aportaciones y la Cámara de Comercio aporta el local y gastos generales. El recorte en las subvenciones en los últimos años ha ido generando un agujero que alcanzó los 400.000 euros en 2012, lo que obligó al Gobierno vasco a perdonarle una deuda de 84.000 euros, como señala el informe. El anterior Ejecutivo socialista reclamó este dinero en septiembre de 2011 pero una orden de noviembre pasado de la consejera Ana Oregi ha perdonado el cobro, que con los intereses sumaban casi 88.500 euros.

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