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Ecologistas exigen rebajar la multa impuesta por proteger la cueva de Praileaitz

Alberto Uriona

Bilbao —

La protección de una cueva y la explotación de la cantera en la que se alberga significan conflicto seguro. Es lo que ocurre desde hace ya siete años en la cantera de Sasiola, en Deba, en cuyo interior se encuentra la cueva Praileaitz, con pinturas rupestres datadas de hace 18.000 años. El hallazgo se confirmó en 2006, después de que se iniciasen seis años antes los trabajos arqueológicos, lo que llevó a que el Gobierno vasco a calificarlo en 2007 como bien cultural protegido con la categoría de monumento (las cuevas rupestres tienen la máxima categoría de protección) con un perímetro de 50 metros. La polémica se ha centrado en los últimos años sobre la necesidad de ampliar esta área y el conflicto se ha terminado de enrevesar con una sentencia judicial en 2012, tras la denuncia de la empresa que explota la cantera, que obliga al Gobierno vasco a indemnizarle “por el lucro cesante” de ver limitada la actividad extractiva.

“Es un tesoro que tenemos y tiene que estar protegido”, asegura Iñigo Agirre, de Mutriku Natur Taldea, una de la media docena de colectivos que luchan por la pervivencia de Praileaitz. El mes pasado, acudieron al Parlamento vasco por quinta vez en estos siete años para defender la importancia de este enclave prehistórico. Los grupos conservacionistas quieren aumentar “al menos hasta 200 metros” el área de protección y aprovechar también la Ley de Costas, ya que cerca de la cueva discurre el río Deba, lo que ha permitido la protección de la as ladera sobre la que se asienta la cavidad. El anterior Ejecutivo socialista planteó aumentar el área de protección hasta los 65 metros pero se topó con el fallo judicial que ha terminado por complicar aún más este asunto. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dio la razón a la empresa Zeleta, del grupo constructor Amenabar, que posee los derechos de explotación de la cantera desde 2001 y por un periodo de 30 años: debe ser indemnizada por las restricciones de la protección dictada en 2007. Aunque el fallo ha sido recurrido al Tribunal Supremo, el Superior vasco ha dictado orden de ejecución y ahora se debe dictaminar la cantidad, que la empresa elevaba a casi 50 millones de euros. “El problema es que todo esto puede acabar con una indemnización millonaria, que es, como ejemplo, el dinero que se dedica durante cinco años a todos los museos de Euskadi”, afirman fuentes de la Administración vasca.

El Departamento de Cultura, dirigido por el PNV, asegura que la cantidad pendiente de pagar es de 24 millones, según “la estimación del tribunal aunque la cuantía definitiva la marcará el juez. No hay negociaciones con la empresa”, afirma un portavoz. Sobre el nivel de protección, Cultura defiende mantener la actual de 50 metros. “No encontramos motivos para cuestionarnos que haya que cambiarla”. Hace dos años, cuando el Ejecutivo socialista planteaba aumentarla a 65 metros, toda la oposición, incluido el PNV, defendía el incremento hasta los 100 metros. El problema es la indemnización que, si se aumenta el área de protección, se incrementaría sustancialmente.

Pero los conservacionistas ven otras posibilidades, que incluso reducirían el impacto del pago a la dueña de la cantera. “Amenabar estuvo sacando áridos de manera ilegal en la zona de protección de Costas y fueron sancionados por la Agencia Vasca del Agua, Ura, con una infracción leve, cuando la Ley de Costas tipifica estas acciones como graves. Si hay que pagarles una indemnización por el lucro cesante, que se revise también la sanción de Ura y se tenga en cuenta lo que extrajeron ilegalmente”, explica Iñigo Agirre. El cambio de la Ley de Costas, que baja el área de protección de 100 a 20 metros, puede tener sin embargo su incidencia en la cueva. “Esta ley es la que ha frenado que se destruyese la cueva. Pero pese al cambio, la normativa nueva dice que si hay voluntad de todas las instituciones se puede ampliar el área de servidumbre hasta 200 metros, con lo estaría asegurada la protección”.

Mientras, la Diputación de Gipuzkoa ha anunciado que las excavaciones, interrumpidas, en enero de 2009, se reanudarán con dos intervenciones en septiembre y noviembre, e insiste en aumentar el perímetro protegido a 100 metros y aprovechar la protección de la Ley de Costas. La institución foral tiene un contrato con la Universidad del País Vasco para realizar mediciones con un sismógrafo de las vibraciones que sufre la cueva cada vez que hay una explosión en la cantera.

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