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Stop Desahucios rechaza los presupuestos porque "mantienen los recortes y congelan las prestaciones"

Las plataformas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa exigen al Gobierno de Urkullu "un cambio radical en la política presupuestaria y en la política fiscal"

Consideran que las cuentas incumplen los acuerdos del Parlamento vasco "para que se responda a todas las solicitudes de emergencia social ajustadas a los requisitos"

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Las plataformas ciudadanas Kaleratzeak Stop Desahucios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa e IRPH Stop Gipuzkoa consideran que los presupuestos diseñados por el Gobierno de Lakua para el próximo 2016 mantienen los recortes en las prestaciones sociales realizados los últimos años y congelan el presupuesto en RGI (Renta de Garantía de Ingresos) y PCV ( Prestación Complementaria de Vivienda) que han sido "claramente insuficientes". Para estos colectivos las cuentas del Ejecutivo de Urkullu congelan las ayudas de emergencia social, que con la cantidad dispuesta se agotarán en siete meses, y sustituyen el derecho subjetivo a la vivienda por una subvención que cuantifican en dos millones de euros, lejos de los 60 millones de los que hablaban en junio para desarrollar la Ley. En opinión de estas plataformas el Gobierno ha actuado bajo los mismos criterios al definir otras partidas sociales como los complementos de mínimos a los pensionistas, pobreza energética, o ayuda a la dependencia y a las familias.

Son unos presupuestos, además, que incumplen los acuerdos del Parlamento vasco para que se responda a todas las solicitudes de emergencia social ajustadas a los requisitos, o para que los gastos de vivienda de los inquilinos de ALOKABIDE no superen el 30% de sus ingresos.

"Es imprescindible un cambio radical en la política presupuestaria y en la política fiscal”, han manifestado en un comunicado. Para expresar su rechazo a estos presupuestos, que se aprobarán el Pleno del Parlamento esta semana, han convocado una concentración frente a la Cámara vasca coincidiendo con la aprobación de las cuentas del 2016.· "Hacemos un llamamiento a parados, trabajadores precarios, pobres, jubilados, viudas, autónomos arruinados y estafados por las hipotecas de los bancos, para exigir al Gobierno y sus socios unos presupuestos que garanticen que el gasto público y las ayudas sociales se aumentan hasta cubrir las necesidades que exige la actual situación de emergencia social”.

Estos colectivos han recordado que según la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2014, casi medio millón de personas, el 23%, están en riesgo de pobreza y exclusión social en la CAV . Sin embargo, sólo 65.000 familias perciben la RGI, y 26.000 las ayudas de emergencia social. Cada vez hay más personas necesitadas que están excluidas del sistema de protección social, más de 50.000 personas viven de la caridad, y dos mil duermen en la calle, o en centros precarios para personas sin hogar.

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